El inminente aval del Senado a PSJ Cobre Mendocino abre expectativas económicas y productivas para Mendoza. Lo que este proyecto puede aportarle a la provincia.
La provincia de Mendoza dará un paso clave este martes, cuando el Senado provincial trate la ley que ratifica la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto PSJ Cobre Mendocino, el primer emprendimiento cuprífero que podría entrar en explotación en la provincia en varias décadas. Todo indica que la aprobación se concretará, lo que marcaría el inicio de una nueva etapa para una matriz productiva que busca ampliarse, modernizarse y capturar oportunidades globales sin abandonar los rasgos que históricamente definieron el desarrollo mendocino.
PSJ Cobre Mendocino: el proyecto que puede abrir una nueva etapa productiva en Mendoza
El proyecto contempla una inversión estimada en U$S 600 millones, con una proyección de producir 40.000 toneladas anuales de cobre fino durante un horizonte inicial de 16 años, ampliable a 27 si las condiciones del yacimiento y del mercado lo permiten. De avanzar, se convertiría en el primer proyecto de explotación de cobre a mediana escala en Mendoza y uno de los más relevantes del país. Tras el cierre de Minera Alumbrera en 2018, PSJ sería el único proyecto operativo de este mineral en Argentina.
La expectativa en torno a PSJ Cobre Mendocino no surge únicamente por su volumen o por su potencial económico directo, sino por la oportunidad estratégica que representa en un contexto mundial donde los minerales críticos —especialmente el cobre— ganan centralidad en la transición energética, la electromovilidad y la infraestructura tecnológica.
Una provincia que busca ampliar su horizonte productivo
Uno de los ejes del debate —y de la expectativa política— radica en el impacto que PSJ puede tener sobre la diversificación productiva de Mendoza, objetivo mencionado de manera recurrente por autoridades provinciales, referentes del sector empresario y especialistas consultados en las audiencias públicas.
Mendoza ha construido su identidad económica sobre pilares sólidos: la vitivinicultura, el agro, la agroindustria, el turismo y los servicios asociados. Sin embargo, incluso esos sectores reconocen que la provincia necesita nuevas fuentes complementarias de ingresos, empleo e inversiones que permitan sostener niveles de crecimiento que hoy están frenados.
En ese contexto, la minería de cobre aparece como una alternativa posible, regulada y exigida, capaz de integrarse al entramado económico sin desplazar actividades existentes: «Hagamos cobre, hagamos mejor vino y cuidemos el agua», dijo el gobernador en la apertura de sesiones en la Legislatura provincial.
Desde el Gobierno provincial destacan que PSJ “generará empleos de calidad, tanto directos como indirectos, e impulsará la participación de proveedores y profesionales locales”, contribuyendo a la construcción de cadenas de valor que no existen hoy en Mendoza.
Los promotores del proyecto remarcan que su desarrollo traería nuevas oportunidades de formación, trabajo especializado e innovación, todas áreas donde Mendoza ya tiene un ecosistema académico y tecnológico preparado para crecer.
Minería moderna en una provincia con estándares altos
La discusión sobre PSJ Cobre Mendocino también ha puesto en primer plano el tema de la minería moderna y el rol del Estado en su control. Mendoza cuenta con un marco normativo exigente y con una ciudadanía particularmente activa en temas ambientales.
Ese contexto, lejos de ser un obstáculo, debería ser una ventaja: operar en Mendoza implica someterse a estándares más estrictos que en otras jurisdicciones, lo que obliga a las empresas a adoptar tecnologías y prácticas de gestión más avanzadas.
Las autoridades y la empresa remarcan que la Declaración de Impacto Ambiental “no es un cheque en blanco”. La normativa provincial exige monitoreos periódicos, informes obligatorios, auditorías, inspecciones y un proceso de actualización de la DIA cada dos años. Es decir, no se trata de una autorización definitiva sino de un mecanismo de supervisión continua.
A esto se suma la creación de una Unidad de Gestión Ambiental, dentro de la cual la participación ciudadana tiene un rol protagónico. Allí, vecinos, organizaciones y entidades académicas pueden acceder a información, realizar observaciones y participar de instancias de seguimiento.
En las audiencias públicas realizadas en Uspallata, la mayoría de los expositores se manifestó a favor del proyecto, destacando la necesidad de oportunidades laborales, inversión y desarrollo local. También hubo voces críticas que pidieron mayores garantías sobre el uso del agua, el manejo de residuos y la protección del entorno natural.
Impacto económico
El impacto económico proyectado es uno de los argumentos más fuerte a favor del emprendimiento. Según estimaciones divulgadas por la compañía y citadas en informes oficiales, PSJ generaría en la etapa de construcción de la mina, unos 3900 empleos entre puestos directos e indirectos. Luego, para la operacion, se prevé generar 2400 puestos de trabajo, entre directos e indirectos.
Cabe aclarar que rige el «Compre mendocino», con lo que Mendoza puede abastecer la mina con los bienes y servicios necesarios, lo que impulsaría el desarrollo de proveedores-
La fase de construcción requerirá servicios que Mendoza ya está empezando a preparar: transporte, energía, ingeniería, mantenimiento, comunicaciones, tecnología aplicada a minería, diagnósticos ambientales y obras complementarias necesarias para operar a más de 2.500 metros de altura.
Los impulsores destacan el efecto multiplicador de la minería moderna: por cada empleo directo se crean varios indirectos, desde profesionales tecnológicos hasta pymes que brindan servicios claves en la operación.
Para zonas como Uspallata y Alta Montaña, el proyecto representa también una oportunidad para mejorar la infraestructura vial y energética, dos temas que han sido señalados históricamente como deudas estructurales.
El cobre: un mineral estratégico
Hoy es considerado un mineral crítico a nivel global, indispensable para:
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la electromovilidad (autos eléctricos y baterías),
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las energías renovables (parques solares y eólicos),
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las redes eléctricas modernas,
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la fabricación de dispositivos electrónicos,
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la expansión de tecnologías de eficiencia energética.
En un mundo que avanza hacia la descarbonización, el cobre es una pieza central. De hecho, organismos internacionales proyectan una duplicación de la demanda global en las próximas dos décadas. Países como Chile, Perú, Canadá y Australia están expandiendo su producción para responder a esa demanda creciente.
Que Mendoza ingrese a esa cadena productiva implica algo más que exportar un mineral: significa posicionarse en mercados estratégicos, atraer inversiones, generar empleo especializado y participar de una economía global donde la transición energética será dominante.
Además, Mendoza puede ofrecer algo diferencial: marcos normativos estrictos, control ciudadano, tradición institucional y capital humano capacitado.
Los desafíos por delante
Aun con un balance favorable de oportunidades, el desarrollo de PSJ Cobre Mendocino no está exento de desafíos.
El principal desafío es sostener la confianza pública mediante controles rigurosos, transparencia y cumplimiento estricto de los compromisos ambientales.
También será fundamental que las inversiones asociadas —infraestructura, conectividad, energía, servicios— se integren a la economía local y beneficien a las comunidades.
El proyecto deberá demostrar, con datos y resultados, que la minería puede coexistir con las actividades que caracterizan a Mendoza, y hacerlo bajo estándares que no comprometan su patrimonio natural.
El desafío adicional será construir proveedores locales competitivos, capaces de integrarse a cadenas de valor mineras que operan con altos niveles de exigencia técnica.
Del lado de las oportunidades aparecen el empleo formal, entrada de divisas, expansión de industrias complementarias, fortalecimiento del entramado científico y tecnológico, y un posicionamiento internacional para Mendoza en minerales estratégicos.
Cautela y tiempos reales
Aunque la aprobación en el Senado representará un hito político y administrativo clave para PSJ Cobre Mendocino, el proyecto no ingresará de inmediato en etapa productiva. El aval legislativo a la Declaración de Impacto Ambiental habilita el desarrollo de la fase de explotación, pero aún restan procesos técnicos, concreción de inversiones y adecuaciones operativas que pueden extenderse durante meses o incluso más, según los cronogramas que definan la empresa y los organismos de control.
En minería metalífera, la transición entre la autorización y la producción efectiva exige una serie de pasos ineludibles: ingeniería de detalle, puesta a punto de la infraestructura, y la construcción de la mina, contratación de proveedores, importación de equipos, adecuación ambiental continua y auditorías periódicas. A esto se suma la necesidad de concluir trámites complementarios ante la Dirección de Minería, Hidrocarburos y organismos municipales.
Una vez obtenidos todos los permisos ambientales se viene proceso de factibilización del proyecto, ingeniería de detalles y cierre del financiamiento. Una vez concluida esa etapa de factibilización, continuará la construcción de la mina, con un tiempo estimado de entre 18 y 24 meses. Luego vendrá el inicio de la operación, que se estima en 2028