Transición energética y planificación del desarrollo.
El Estado argentino socializa infraestructura y vulnera la macroeconomía mientras deja privatizada la mayor parte de la renta y de los dólares.
Argentina entra a la transición energética con viento de cola. En los primeros diez meses de 2025, la balanza energética acumuló un superávit cercano a los 6.100 millones de dólares y ya superó todo el saldo de 2024, cuando el sector había aportado 5.668 millones. La energía explica la mayor parte del superávit comercial y las exportaciones mineras marcaron otro récord: más de 4.200 millones de dólares entre enero y septiembre, con el litio rondando los 600 millones de dólares y creciendo cerca del 40% interanual.
Sobre este boom se monta el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), presentado como herramienta para transformar recursos en desarrollo, pero diseñado más bien para consolidar enclaves exportadores de alta renta y baja densidad nacional.
El RIGI ofrece estabilidad fiscal por 30 años y beneficios cambiarios a proyectos de más de 200 millones de dólares. Detalla con precisión los derechos de las empresas, pero casi nada sobre sus obligaciones productivas: no fija metas duras de contenido local, encadenamientos industriales, empleo calificado ni inversión en ciencia y tecnología. Al mismo tiempo, habilita un sendero de creciente libre disponibilidad de divisas.
Desde su puesta en marcha se presentaron 14 iniciativas y ya se aprobaron nueve por más de 24.800 millones de dólares, concentradas en GNL, oleoductos, litio, cobre, eólica, acero y logística portuaria, con desembolsos estimados en unos 5.500 millones durante el mandato de Milei, cosa que habrá que ver para creer.
Paradojas
La noticia del primer gran contrato de GNL condensa la paradoja. Southern Energy, consorcio integrado por PAE, YPF, Pampa Energía, Harbour y Golar LNG, firmó con la alemana SEFE un acuerdo para exportar 2 millones de toneladas anuales de GNL durante ocho años a partir de 2027. El valor estimado ronda los 7.000 millones de dólares y se apoya en una inversión superior a los 15.000 millones de dólares en dos buques de licuefacción que podrían operar dos décadas y generar exportaciones acumuladas por encima de los 20.000 millones de dólares.
Es un hito para la inserción energética del país, pero también una radiografía: del lado argentino, la pieza clave es YPF, empresa bajo control estatal; del lado europeo, la compradora es SEFE, que es la ex sede de la rusa Gazprom en Alemania, ahora compañía federal alemana nacionalizada tras la crisis energética y todavía en manos del Estado.
Todo el negocio se monta sobre recursos que la Constitución argentina reconoce como de dominio público (provinciales, lo cual genera inmensos desafíos para su gestión, pero es otro tema) y sobre infraestructuras construidas o apalancadas por el propio sector público. El “caso testigo del mercado” es, en realidad, un acuerdo Estado–Estado donde el sector privado captura una parte significativa de la renta con un andamiaje fiscal y cambiario excepcionalmente favorable.
La cuestión de fondo no es si el Estado debe estar o no: ya está, nacional y provincial, como dueño del recurso, regulador, inversor en gasoductos y, a través de YPF, socio del proyecto. El problema es qué hace con ese poder. Un Estado que se limita a ofrecer estabilidad, bajar impuestos específicos y liberar divisas actúa como aseguradora de riesgos ajenos: socializa infraestructura y vulnerabilidad macroeconómica, mientras deja privatizada la mayor parte de la renta y de los dólares que genera la transición.
Consolidar un desarrollo nacional exige invertir la lógica: ligar los beneficios del RIGI a umbrales crecientes de integración de proveedores locales, transferencia tecnológica y producción de bienes más complejos; usar el peso societario de YPF y de otras empresas públicas para condicionar contratos a innovación y creación de capacidades; y fijar reglas cambiarias que obliguen a que una porción sustantiva de las divisas de estos proyectos se quede en el país para financiar diversificación productiva, en lugar de habilitar otra ronda de “doble extractivismo”, de recursos y de dólares. Si el Estado no se asume también como arquitecto del desarrollo, la transición energética corre el riesgo de ser apenas otra vuelta del mismo guión argentino: boom exportador, fuga y, unos años después, nueva crisis de dólares.
*Investigador coordinador del área de economía del Instituto Argentina Grande. IG @hernanpherrera