Ante un Gobierno envalentonado por su flamante triunfo electoral, cuatro especialistas en materia parlamentaria fueron convocados por Dínamo – Charlas de Energía para analizar la posible modificación de la Ley de Glaciares (Ley 26.639), la necesidad de prorrogar la estabilidad fiscal para favorecer la producción de energías renovables y la decisión de instrumentar estímulos fiscales para reactivar las cuencas petroleras maduras del país, entre otros temas.
La intención del Gobierno en torno a la Ley 26.639 es enviar un proyecto para que cada provincia defina qué áreas quedarán exentas de toda actividad minera metalífera. En palabras de Flavia Royón, ex secretaria de las carteras de Energía y Minería a nivel nacional, senadora electa por la provincia de Salta y habitual invitada de Dínamo, lo que en verdad hace falta es una ley técnicamente aclaratoria. “Hay que sacar el gris que existe sobre el concepto de ‘ambiente periglaciar’. Lo que debe buscarse es preservar los glaciares que tengan una función hídrica efectiva, no a las zonas periglaciares en sí”, distinguió.
A su criterio, la Ley de Glaciares se inmiscuye en la potestad que los gobiernos provinciales tienen sobre sus propios recursos naturales. “No obstante, me parece que devolverle todo a las provincias existiendo ya una normativa vigente podría generar mucha resistencia”, advirtió.
En la misma frecuencia se expresó Martín Maquieyra, politólogo, miembro de Propuesta Republicana (PRO) y diputado nacional. “Comparto la mirada sobre la relevancia de una legislación aclaratoria, porque la propia Ley de Glaciares se contradice en cuanto a la definición de ambiente periglaciar. No obstante, también creo que las provincias pueden ejercer los controles ambientales”, argumentó.
Con pequeñas modificaciones, indicó, el Congreso está en plenas condiciones de establecer con claridad una ley de presupuestos mínimos sobre el asunto. “Hay que dar el debate de cara a la sociedad y con las provincias opinando”, remarcó.
Impulso a la inversión
De acuerdo con Pablo Cervi, cuadro político de la Unión Cívica Radical (UCR) y diputado nacional electo por la provincia de Neuquén, no habría que perder de vista que las provincias productoras de recursos como el oro, la plata, el cobre y el litio compiten por las inversiones mineras con importantes destinos de todo el planeta. “No todos están desesperados por venir a la Argentina. Hay que generar ciertas condiciones para fomentar eso”, subrayó.
Más allá de esa realidad, intervino Gabriela Vulcano, periodista acreditada en el Congreso que sigue de cerca el día a día de la agenda legislativa, una eventual modificación de la Ley de Glaciares respondería más a un interés de las autoridades provinciales que del Poder Ejecutivo Nacional. “El oficialismo todavía no tiene garantizada la aprobación del Presupuesto 2026. Está negociando con los gobernadores para conseguir los votos restantes. Y mientras que algunas provincias requieren avales para la toma de deuda, otras piden reformas legislativas para captar mayores inversiones mineras”, explicó.
Nueva estrategia
Ya es hora, según Royón, de dejar atrás la falsa dicotomía de que desarrollar recursos como el cobre significa sacrificar el agua. “La minería tiene que hablarle con claridad a la sociedad en cuestiones clave como la Ley de Glaciares. Más que una reforma, la salida más sencilla sería una ley aclaratoria”, insistió.
Por otro lado, agregó, el desarrollo del cobre necesita con urgencia herramientas para que los proyectos en carpeta se materialicen. “El problema es que un instrumento como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) vence en julio. Estamos a ocho meses. El reloj está corriendo”, alertó.
Frente a esa premura, opinó Vulcano, no es casual que el Gobierno nacional haya decidido cambiar su modo de relacionarse con la oposición, al comprender que deberá estrechar sus vínculos con los gobernadores de distinto signo político. “Pareciera que en esta etapa de la gestión de Milei se apunta a llegar a acuerdos con los gobernadores que impliquen una mirada a mediano plazo”, sugirió.
Discusión tributaria
Consultado puntualmente sobre el panorama neuquino, Cervi destacó que el distrito que gobierna Rolando Figueroa ha duplicado su presupuesto entre 2024 y 2025 desde 2.400 hasta 5.000 millones de dólares. “Cuando se dé la discusión tributaria en el Congreso, habrá que recordar que la provincia aporta el 4% del Producto Bruto Interno (PBI) nacional y recibe el equivalente al 1,72%”, cuantificó.
Será fundamental, a su entender, gestionar mayores recursos para poner en marcha las obras de infraestructura que demanda el crecimiento de industrias como la energética. “Hay que replicar el modelo público-privado en aquellas actividades que lo pueden implementar, como se demuestra con Vaca Muerta Sur, oleoducto que se está construyendo y ya tiene toda su capacidad tomada, o con los proyectos de gas natural licuado (GNL), donde ya hay convenios concretos”, ejemplificó.
Es cierto, concedió Vulcano, que Nación está decidida a avanzar con cambios en las normativas laborales y tributarias, pero -a diferencia de lo sucedido el año pasado- en estos momentos la máxima prioridad pasa por aprobar el Presupuesto. “Todos los gobiernos consideraron necesaria una reforma tributaria integral y ninguno pudo”, sostuvo la especialista.
Modernización laboral
Para Maquieyra, no está en duda que el Gobierno cambió su forma de dialogar con las provincias, lo que probablemente le deparará significativos réditos políticos. “Estoy seguro de que podrá sancionar la Ley de Presupuesto, posiblemente en diciembre. De todos modos, creo que la reforma más importante en el corto plazo es la laboral”, sentenció.
Cuando se visita a una pequeña y mediana empresa (PyME) del interior del país, puntualizó, se verifican temores a contratar y quejas sobre los altos costos laborales. “Con las grandes empresas pasa lo mismo”, apuntó el diputado, quien consideró que la reforma tributaria demandará un poco más de tiempo.
Ninguno de estos cambios normativos, postuló Royón, configura un requisito absolutamente indispensable para que se materialicen las iniciativas de cobre que hoy se encuentran en evaluación. “Proyectos como San Jorge o Taca Taca están avanzando independientemente del debate legislativo”, recalcó.
Debates que se vienen
Pese a los problemas de liderazgo y la falta de propuestas políticas, tal como criticó Vulcano, el peronismo sigue siendo la mayor fuerza opositora a la gestión de Milei. “Eso no significa que hoy sea una alternativa realista de gobierno”, reflexionó la analista, quien también reconoció que desde La Libertad Avanza (LLA) se aligeró el discurso anti-casta.
Dentro del Congreso, comentó Royón, algunas de las principales cuestiones a debatir pasan por la prórroga de la Ley de Energías Renovables, la Ley de Biocombustibles, una posible Ley de Cuencas Maduras y la modificación del Código Minero. “En cuanto a prorrogar la Ley de Energías Renovables, estoy en contra. Pienso que el sector ya alcanzó una madurez que lo vuelve competitivo. Lo que hay que ampliar es la infraestructura”, se posicionó.
Sería fundamental, planteó Maquieyra, que se asegure por 20 años la estabilidad tributaria a nivel sectorial. “Comparto que las energías renovables ya adquirieron competitividad, por lo que se precisa es simple: tres o cuatro artículos para garantizar la estabilidad impositiva. No se puede estipular el cobro de un impuesto adicional al viento o al sol”, justificó.
Cervi, por su parte, aludió a la defensa legislativa de los hidrocarburos convencionales, más allá de que Neuquén base su boom petrolero en el shale de Vaca Muerta. “Tenemos que aprovechar todo lo que hay en nuestro subsuelo. En algunos casos se está avanzando con bajas en las regalías. También hay que tener la cabeza abierta para abordar la discusión de los costos laborales”, completó