El Ejecutivo defendió la medida y la calificó como “imprescindible y urgente”, al remarcar que la ampliación permitirá sostener un esquema territorial más amplio para el régimen. Con este aval legislativo, la ley deberá superar una segunda instancia para quedar firme y habilitar la licitación prevista para 2026.

En San Antonio Oeste, el concejal Fabrio Mirano analizó la decisión y valoró un proceso que sigue desde hace años. “En 2016 o 2017 me reuní con el secretario general de la Gobernación. Entendíamos que la Zona Franca era una herramienta de enorme valor”, recordó el dirigente de Juntos Somos Río Negro.

Mirano destacó que la expropiación en Punta Colorada abrirá un escenario más amplio. “La Zona Franca nos puede posicionar. Se incorpora una subzona y con estas siete hectáreas, que se suman a las 300 proyectadas, se arma un esquema más interesante para el territorio”, afirmó.

El concejal repasó el potencial del modelo si avanza en paralelo una subzona vinculada al proyecto de GNL en San Antonio Oeste. “Habría reducciones en costos de servicios. En otras provincias el agua baja hasta un 50% en zonas francas. Además, no se pagan derechos de importación ni aranceles para bienes y servicios destinados al almacenaje o procesos industriales”, explicó.

También subrayó el impacto en la economía del conocimiento. “La ley 13.350 permite impulsar actividades tecnológicas en zonas exentas de derechos aduaneros. Podríamos avanzar en industrias digitales, incluso en criptoactivos y minería de datos con la infraestructura energética del LNG”, señaló. A modo de ejemplo, mencionó a China como referencia global en ese tipo de esquemas.

Mirano recordó que San Antonio Oeste fue el primer municipio del país en adherirse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. “Eso da garantías por 25 años. Es vital para atraer inversiones, sobre todo multinacionales”, remarcó.

En el recinto, el ministro Milton Dundrauf defendió la norma y remarcó que la provincia no dispone de tierras públicas en Punta Colorada, por lo que la expropiación se vuelve inevitable. Además, apuntó al potencial exportador del puerto del este y a su papel como nodo logístico para productos rionegrinos.

El concejal respaldó esa visión y recordó experiencias similares. “No es algo descabellado. Chubut creó una de las subzonas más grandes del país. También está el caso de Bahía Blanca. Hay antecedentes y se puede avanzar”, sostuvo.

El proyecto fija un costo estimado de 103 millones de pesos para la expropiación. Una vez sancionada la ley, el Gobierno rionegrino espera activar la licitación en 2026 y consolidar la operación del régimen en Punta Colorada.

Mirano cerró con una proyección de largo alcance. “Si me preguntaras qué es lo más importante para los próximos 20 años, te diría que insistir en una subzona franca. Nos permitirá abrir industrias que acompañen la energía del LNG y que hoy parecen lejanas, pero que nuestros hijos verán realidad”, afirmó