Las compañías sostienen que la medida es “impracticable” y que amenaza la continuidad de operaciones en minas de oro y plata, además de desalentar nuevas inversiones. La Legislatura aprobó la reforma por unanimidad, con el objetivo de compensar la pérdida de miles de empleos en sectores como el petrolero y la obra pública.
Fuentes del sector remarcan que el 90% ya se cumple en tareas operativas, pero resulta inalcanzable en áreas de servicios, ingeniería o geología, donde escasean profesionales formados. “Formar un operario con estándares internacionales lleva entre dos y tres años”, advierten, y señalan que la norma no aclara cómo proceder cuando no existen perfiles disponibles.
La nueva ley obliga a las empresas a inscribirse en el Sistema de Registro de Empleo Local (SIREL) y habilita controles en rutas para verificar residencias. En paralelo, fija un esquema especial para proyectos bajo el régimen RIGI: 60% de residentes provinciales y 30% del área donde se ejecute la inversión.
El sector teme que la incertidumbre jurídica frene ampliaciones necesarias para prolongar la vida útil de yacimientos maduros y reduzca la competitividad frente a otros destinos que buscan atraer capital.
La preocupación no es menor: Santa Cruz representa el 37% de las exportaciones mineras metalíferas del país, con ventas por más de US$ 1.500 millones entre enero y septiembre.
Mientras el Gobierno celebra la iniciativa como una herramienta para sostener empleos locales, la industria reclama una transición gradual que permita cumplir metas sin poner en riesgo la actividad. (LU17)