Desde JSRN, Aimé Kircher sostuvo que la medida tiene peso concreto. “Es una condición necesaria para cerrar el trazado de la Zona Franca y garantizar su funcionamiento operativo”, marcó durante su exposición. Explicó que los terrenos permiten ordenar el área, asegurar accesos logísticos y sumar servicios básicos en una zona estratégica de Sierra Grande.
La legisladora resaltó que la Zona Franca otorga incentivos fiscales que impulsan el comercio exterior y atraen inversiones. Enfatizó que la provincia atraviesa un proceso de expansión ligado al oleoducto y a la reactivación de Punta Colorada. “Hoy no estamos decidiendo si queremos crecimiento porque el crecimiento ya llegó”, afirmó.
Fernando Frugoni, del CC-ARI-CA, acompañó el proyecto con una mirada alineada al esquema energético regional. Calificó la expropiación como “fundamental” y señaló que los lotes habían sido destinados a emprendimientos que nunca funcionaron por la caída de la biomasa en el Golfo. Remarcó que el avance del GNL y Vaca Muerta Sur transformará a Río Negro en un polo exportador de hidrocarburos.
La oposición también ocupó su espacio. Luciano Delgado Sempé, de Vamos con Todos, votó en contra y fue contundente. Cuestionó la falta de planificación y recordó “promesas fallidas” desde los tiempos de Hiparsa hasta el hidrógeno verde. Para su bloque, la venta de los terrenos en 2019 y 2021 evidencia una contradicción oficial porque ya existía el convenio para la Zona Franca.
Delgado Sempé remarcó que no acompañan el proyecto porque “no pueden ser cómplices de estos negocios con los terrenos del puerto de Sierra Grande, de Punta Colorada”. Su postura sumó el apoyo de otros bloques opositores.
El PRO mostró una posición dividida. Juan Murillo votó a favor, aunque dejó su advertencia: marcó “desprolijidad” e “improvisación” en decisiones del Ejecutivo. Recordó que uno de los lotes se vendió a un privado hace menos de un año mediante escritura ya formalizada. Aun así, dijo que su bancada apoya la integración completa de la Zona Franca por el impacto económico que proyecta.
Desde el PRN, Yolanda Mansilla se sumó al respaldo, pero pidió prudencia. Alertó sobre un contrato de alquiler vigente entre los propietarios y YPF, cuyos términos se desconocen y que podría encarecer la expropiación por incumplimiento contractual.
Los votos negativos provinieron de Patricia Mc Kidd y Santiago Ibarrolaza, del PRO, además de Vamos con Todos y PJ-NE. La sesión dejó un mensaje claro: el proyecto avanza firme, pero la discusión sobre el manejo del territorio, la transparencia y los costos futuros seguirá abierta