El acuerdo comercial celebrado por el gobierno de Javier Milei con la administración Trump esconde una bomba de tiempo para el campo argentino y la soberanía alimentaria. Aunque la letra chica del tratado aún no se conoce en detalle, el comunicado oficial confirma un punto alarmante: Argentina se comprometió a «abordar los desafíos estructurales señalados en el Informe Especial 301 de 2025» de los Estados Unidos.
El Informe Especial 301 debe su nombre a la famosa “Sección 301” de la Ley de Comercio de Estados Unidos, sancionada en 1974, y autoriza al Representante Comercial de ese país a tomar medidas contra países extranjeros con prácticas comerciales injustas o discriminatorias
Este informe es históricamente, el principal mecanismo de presión de Washington para forzar a Argentina a cambiar su ley de propiedad intelectual, específicamente en lo referido a «criterios de patentabilidad» y «retraso en la tramitación de patentes».
Para cientos de organizaciones socioambientales y de productores, esto tiene un solo nombre: la imposición de una nueva Ley de Semillas y la adhesión al convenio UPOV 91, un viejo anhelo de corporaciones como Bayer-Monsanto, Syngenta y Bioceres.
El objetivo de fondo: terminar con el «uso propio»
El objetivo de las multinacionales es terminar con el «derecho de uso propio» que tienen los productores agropecuarios en Argentina. La legislación actual del país (basada en el convenio UPOV de 1978) permite a los chacareros guardar legalmente parte de su cosecha para volver a sembrar en la siguiente campaña, sin tener que volver a pagar regalías por ello.
El derecho al Uso Propio está reconocido por el artículo 27 de la Ley 20.247 de Semillas y Creaciones Fitogenéticas y fue reglamentado por la Resolución 35, dictada el 28 de febrero de 1996 por el propio INASE. Allí se crea la “excepción del agricultor”, determinando las condiciones para su ejercicio legal. Luego hay varias normas complementarias. Desde 2018, además, el Instituto de Semillas reclama que se informe el Uso Propio en el SISA.
La adhesión a UPOV 91, que ya se intentó colar sin éxito en la primera Ley Ómnibus, es un «jaque mate» a este derecho. Esta norma extiende la propiedad intelectual de la empresa no solo a la semilla, sino también a la cosecha, habilitando el «patentamiento de la vida».
En enero de 2024, más de 400 organizaciones (incluyendo la Mesa Agroalimentaria Argentina, Paren de Fumigarnos y la Red de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria) denunciaron que esta adhesión “representa la profundización del cercamiento corporativo del primer eslabón de toda la cadena agroalimentaria“.
El impacto en Entre Ríos: «Quien controla la semilla, controla la comida»
Para una provincia como Entre Ríos, cuya matriz productiva es 100% agropecuaria, la implementación de esta norma sería devastadora. Significará que cada productor, desde el sojero más grande hasta el agricultor familiar, quedará atado a la obligación de pagar regalías por cada semilla que siembre, cada año.
En su denuncia, las organizaciones advirtieron: “quien controla las semillas, controla la cadena agroalimentaria, y por lo tanto la disponibilidad, calidad y precio de los alimentos de nuestra población”.
Claudio Demo, chacarero de Río Cuarto e integrante de la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe), explicó la magnitud del cambio: «Para la agricultura sería un cambio tan importante como cuando apareció la propiedad de la tierra. O sea, la propiedad sobre la semilla permitiría a los dueños de las variedades, de los híbridos, decidir sobre todo el sistema productivo agropecuario (…) a tal punto de orientar la producción y construir monopolios, porque si no vendés el producto no te vendo la semilla».
Demo, quien también integra el Grupo Agroecológico Nueva Semilla, sentenció que «Cualquier aproximación a la UPOV 91 es una apropiación de valor de trabajo de los productores en pos de un puñado de empresas hiperconcentradas», y advirtió que el modelo transgénico se volvería la regla: «Sería como el jaque mate a todas las semillas libres de transgénicos».
Un debate que se impone «por arriba»
Lo que el Congreso, los productores y la sociedad civil han frenado durante más de una década de debate parlamentario, ahora corre el riesgo de ser impuesto «por arriba». El acuerdo con Estados Unidos funciona como la palanca de presión internacional perfecta para forzar un debate que el Congreso ya había saldado.
Como denunciaron las organizaciones en enero, esta es una discusión que “Pretende zanjarse ‘por arriba’, sin debate específico, en el marco del tratamiento exprés de una ‘ley ómnibus’, y en sesiones extraordinarias”. El acuerdo Milei-Trump retoma esa misma lógica de imposición, priorizando los intereses de las patentes norteamericanas por sobre el derecho histórico de los agricultores a guardar su propia semilla
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