La ciudad cordobesa de San Francisco quedó en el centro de una polémica al impedir que Internet Services SA instale fibra óptica. El proveedor de Internet presentó una demanda judicial acusando al municipio de impedirle avanzar en el tendido, una inversión que hubiera ampliado la competencia y mejorado la conectividad en barrios enteros.
La empresa sostiene que desde 2015 intenta obtener los permisos necesarios para instalar una red de fibra óptica aérea para más de 14.000 hogares en 15 barrios. No se trata de un capricho técnico: hablamos de infraestructura FTTH (“fibra al hogar”), hoy el estándar mundial en calidad, velocidad y estabilidad.
Según la firma, el municipio aplicó trabas, objeciones y dilaciones sin fundamento, lo que finalmente los llevó a presentar una demanda contencioso-administrativa ante la Cámara de Apelaciones de San Francisco. El reclamo pide la nulidad de los actos municipales que bloquean las obras.
En paralelo, la Cámara Argentina de Internet (Cabase) respaldó públicamente a Internet Services SA y alertó que lo que ocurre en San Francisco “atenta contra la competencia, perjudica a los usuarios y consolida posiciones dominantes”.
Damián Bernarte – Intendente de San Francisco
El dato no es menor: en San Francisco ya opera un proveedor con fuerte presencia en el mercado local. Impedir el ingreso de un segundo actor consolida una situación que limita la capacidad de los usuarios de elegir mejor servicio, mejores precios y mayor calidad.
¿Por qué un municipio impediría el ingreso de una nueva red que no solo moderniza la infraestructura local sino que también promueve inversiones privadas sin costo para el erario? Esa es la pregunta que desde hace meses nadie responde oficialmente.
Pero la lectura es evidente: cuando un municipio bloquea un operador, protege a otro. Y cuando protege a uno, perjudica a todos los vecinos.
Es una empresa conformada netamente con capitales nacionales, dedicada a brindar soluciones en Internet, integrando equipos, software y comunicaciones. Ha desarrollado 32 nodos y subnodos propios para llevar banda ancha a localidades del interior del país, ofreciendo soluciones de alta calidad para pymes y hogares.
San Francisco no es el único caso, pero sí uno de los más visibles porque la empresa decidió ir a la Justicia después de casi ocho años de idas y vueltas.
En un país que busca atraer inversiones tecnológicas, desarrollar ciudades inteligentes y reducir la brecha digital, resulta llamativo que un municipio prefiera trabar el despliegue de una red de fibra nueva en lugar de facilitarlo.
Los vecinos, rehenes de una decisión política
Mientras el expediente avanza en la Justicia, la ciudad queda estancada en su propia infraestructura. Más de 14.000 familias podrían estar conectadas a una red moderna y competitiva, pero siguen limitadas por decisiones ajenas a su voluntad.
Cada traba municipal tiene un costo social: menos competencia, peores precios, menor calidad, menos inversiones y una brecha digital cada vez más visible.
San Francisco podría ser un caso testigo para Córdoba —e incluso para el país— sobre cómo una mala decisión administrativa puede frenar la innovación durante años.
En este contexto, el gobierno municipal tiene una responsabilidad con su ciudadanía: explicar por qué impide el avance del proyecto, por qué demoró años en procesar los permisos y cuál es la lógica detrás de sostener una situación que afecta a miles de vecinos.
La discusión ya no es técnica: es política. Y la pregunta es simple: ¿Quién gana con que no haya fibra óptica nueva en San Francisco?