El proyecto propone la creación de un organismo autónomo bajo la órbita legislativa con sede en Río Gallegos , para prevenir, investigar y denunciar hechos de corrupción dentro del Estado provincial.vincia.
El texto legislativo establece que la nueva OASC funcionaría dentro del ámbito del Poder Legislativo, con personería jurídica pública y autonomía administrativa. Su misión principal consistió en prevenir, detectar, investigar y sancionar administrativamente hechos de corrupción, además de denunciar ante la Justicia aquellas conductas contrarias a la ética pública.
El proyecto delimitó el ámbito de actuación de la oficina a todas las dependencias del Estado provincial, organismos descentralizados, empresas y sociedades con participación estatal, y municipios que administren fondos provinciales. También incluyó a contratistas, concesionarios y proveedores que mantengan vínculos con el Estado.
Entre sus funciones destacadas, la Oficina Anticorrupción quedaría facultada para recibir denuncias de ciudadanos o empleados públicos, iniciar investigaciones de oficio, solicitar expedientes y documentación, inspeccionar oficinas públicas y actuar como querellante en procesos judiciales vinculados a hechos de corrupción. Además, tendría potestad para promover políticas de transparencia e integridad en todos los niveles del Estado.
El proyecto dispuso que la conducción de la oficina recaiga en un titular y un adjunto, ambos designados por la Cámara de Diputados con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes. “Para conferir máxima independencia al titular de la OASC, es crucial establecer un mecanismo de designación que requiera un alto consenso legislativo”, manifestó el diputado Muñoz.
En los fundamentos, el legislador señaló que la iniciativa buscó dotar de legitimidad política y blindaje institucional al nuevo organismo, evitando presiones o injerencias del Ejecutivo. “El modelo vigente carece de independencia suficiente para restaurar la credibilidad institucional”, indicó. Asimismo, sostuvo que la creación del ente responde a las convenciones internacionales anticorrupción ratificadas por la Nación.
“La autoridad de aplicación de la Ley N.º 3034 de Ética Pública depende actualmente del Poder Ejecutivo, lo que condiciona su eficacia. Con esta propuesta, trasladamos la competencia al Poder Legislativo para garantizar imparcialidad y control real”, explicó el diputado.
Finalmente, se fundamentó que la medida se inscribe en una política de Estado de largo plazo, orientada a restaurar la confianza pública y fortalecer las instituciones democráticas de la provincia