Con cuatro votos a favor y una abstención, el Concejo Deliberante de El Chaltén sancionó la ordenanza presentada por Elizabeth Romanelli, que busca establecer controles a los alquileres temporarios en plataformas digitales. El Ejecutivo municipal remitió observaciones un día antes del tratamiento, lo que generó malestar en algunos concejales. La presidenta del cuerpo dijo que “al Ejecutivo nunca le interesó este proyecto” y que hay“falta de compromiso” con el sector comercial y turístico local.
El Concejo Deliberante de El Chaltén aprobó este jueves por mayoría el proyecto de ordenanza que busca regular los alquileres temporarios, en una sesión marcada por fuertes cuestionamientos de algunos ediles hacia el Ejecutivo municipal.
El proyecto fue presentado por la presidenta del cuerpo, Elizabeth Romanelli (Unión por la Patria), y trabajado durante varios meses en comisión. Hoy obtuvo cuatro votos afirmativos y una abstención, correspondiente al concejal Carlos Ticó (UP).
La polémica se originó porque, un día antes de la sesión, el Ejecutivo ingresó por Mesa de Entradas un documento con observaciones técnicas y fundamentos para un posible veto parcial, señalando supuestas redundancias y limitaciones en la aplicación de algunos artículos.
El proyecto
La iniciativa, presentada por Romanelli, apunta a establecer un marco normativo local que regule la oferta de alquileres turísticos en plataformas digitales como Airbnb, Booking o Despegar.
El texto define la figura de “anfitrión” y de “plataforma digital”, exige habilitación comercial para todas las unidades ofrecidas, y dispone que el número de registro debe ser visible en toda publicación. Algo similar a lo que desde hoy ocurre en la plataforma de Booking con los alojamientos de El Calafate, a partir de un acuerdo entre esa multinacional y las autoridades locales.
El proyecto al que accedió Ahora Calafate, también establece obligaciones básicas, como la exhibición de teléfonos de emergencia, el registro de huéspedes y la creación de un domicilio electrónico para facilitar las notificaciones.
Según los fundamentos del proyecto, el objetivo es reducir la oferta informal, garantizar igualdad de condiciones con el sector hotelero habilitado y promover un desarrollo turístico sostenible en una localidad atravesada por una profunda crisis habitacional.
“El crecimiento de los alquileres temporarios ha reducido la oferta anual de vivienda y distorsionado los precios del mercado local”, plantea el texto, que cita antecedentes de regulaciones similares en otras ciudades del país y del exterior.
Las objeciones del Ejecutivo
El documento remitido por el Ejecutivo —elaborado por las Secretarías de Turismo y de Comercio, Producción y Sanidad— propone vetar parcialmente varios artículos. Según los fundamentos, algunas disposiciones serían redundantes con el Código Fiscal Municipal y la Tarifaria Anual 2025, mientras que otras resultarían inviables por falta de recursos y competencias.
Entre las observaciones más destacadas se encuentran:
- Que la exigencia de habilitación comercial ya está contemplada en las normas vigentes.
- Que el registro de datos de los huéspedes no corresponde a la competencia de Comercio.
- Que la Municipalidad no dispone de personal ni tecnología para fiscalizar las plataformas digitales.
- Que las sanciones a empresas extranjeras como Airbnb o Booking serían imposibles de aplicar por límites jurisdiccionales.
Pese a esto, el Ejecutivo reconoció como positiva la incorporación del sistema de notificaciones electrónicas en el Código de Faltas, por considerar que agiliza los procedimientos administrativos.
Romanelli: “El Ejecutivo nunca se interesó por este proyecto”
Durante la sesión de este jueves, Romanelli defendió enfáticamente la ordenanza y cuestionó con dureza el accionar del Ejecutivo, que presentó sus objeciones “a última hora y sin fundamento sólido”.
“Ayer, casi a las tres de la tarde, ingresa una nota con fundamentos jurídicamente muy débiles”, expresó. “Dicen que todo está reglamentado en otros instrumentos legales, pero eso no es cierto. La terminología ‘alquiler turístico temporal’ no existe en ninguna norma vigente”, remarcó.
En el recinto, la presidenta del cuerpo respondió una a una las observaciones oficiales. Defendió la inclusión del registro de huéspedes, al considerar que “no es un requisito redundante, sino una herramienta básica de control y seguridad”.
“Saber quién se hospeda en un alojamiento es algo elemental. Ante una emergencia o una investigación, esa información es fundamental”, argumentó.
Sobre la obligación de exhibir los números de emergencia en los alojamientos, replicó: “No contradice ninguna norma, al contrario, protege al turista. No entiendo cómo algo tan simple puede ser objetado.”
También refutó la objeción sobre la falta de inspectores digitales: “Es una excusa berreta. La propia Secretaría de Comercio dijo que detectó 40 alojamientos informales. Eso demuestra que sí pueden hacerlo, solo hay que sentarse frente a una computadora.”
Y criticó con ironía el argumento de que las plataformas no pueden ser sancionadas por no tener domicilio en la localidad: “Si aplicáramos ese criterio, tampoco podríamos multar a un auto alquilado que circule sin papeles. Es un razonamiento absurdo.”
Romanelli consideró que el documento enviado por el Ejecutivo “pretende eliminar el núcleo mismo de la ordenanza”, al proponer suprimir el artículo que exige a las plataformas mostrar la habilitación comercial de los anfitriones.
“Si se elimina ese artículo, la ordenanza pierde sentido. Era justamente el corazón del proyecto”, sostuvo. Al cerrar su intervención, la presidenta del cuerpo dijo que “al Ejecutivo nunca le interesó este proyecto. Cuando quieren sacar algo, lo hacen en dos minutos. No les interesa el sector comercial, y eso es una necedad, porque este pueblo vive del turismo y del comercio.”
Apoyo de Moreno Hueyo
El concejal Ignacio Moreno Hueyo (Cambia Chaltén) acompañó la aprobación del proyecto, compartiendo varios de los argumentos de Romanelli y cuestionando las excusas del Ejecutivo.
Si bien reconoció que el texto podía tener algunos puntos superpuestos con otras normas, sostuvo que esa no es una razón válida para frenar su avance.
El edil también reclamó que el municipio garantice controles efectivos y personal capacitado, especialmente teniendo en cuenta el alto costo de las habilitaciones y tasas comerciales locales.
“A los comerciantes se les cobra una tarifaria importante. A cambio, el Estado debe responder con inspecciones y acompañamiento, no con excusas”, subrayó.
Finalmente, destacó el valor del proyecto como un primer paso hacia la regulación del mercado digital: “Los desafíos de la era digital nos obligan a explorar nuevos caminos. Algo hay que hacer, aunque sea a prueba y error. Quizás el día de mañana se hable de El Chaltén como ejemplo de cómo se abordó este tema.”
Por su parte, el concejal Carlos Ticó (Unión por la Patria) se abstuvo en la votación, al considerar que el texto debía volver a comisión para revisar las observaciones. “Perderíamos más tiempo si lo aprobamos y luego el Ejecutivo lo veta. Lo mejor sería revisarlo antes”, opinó.
Romanelli rechazó esa sugerencia “Hubo tiempo suficiente. Si el Ejecutivo quiso opinar, no era ayer a las tres de la tarde. Que venga el veto, y tendrá su costo”, respondió desafiante.
La ordenanza fue finalmente aprobada por mayoría, con cuatro votos afirmativos y una abstención. Ahora se espera saber si el Ejecutivo va a emitir formalmente el veto parcial, aunque sus observaciones ya anticipan un nuevo capítulo en el debate. Si el veto se concreta, el tema deberá volver al Concejo Deliberante para su reconsideración en las próximas semanas