En un documento acerca de la decisión que debe tomar la Corte de Justicia sobre el informe de impacto ambiental acumulativo e integrado para habilitar nuevas explotaciones de litio en la puna antofagasteña, la Asamblea Pucará planteó consideraciones que trascienden lo ecológico difíciles de rebatir.
Los chinos protagonizaron sus propios escandaletes, el último de los cuales está relacionado con un supuesto abuso sexual perpetrado en la planta, pero la experiencia catamarqueña está signada mayormente por la gestión de Livent. Esto es: no son “las empresas” las que hicieron lo que quisieron durante tres décadas, amparadas en los deficientes controles del Gobierno, sino Livent. Esto no quita un ápice de razonabilidad al documento de la Asamblea Pucará en lo que se refiere al tipo de relación entre los “holdings” litíferos y mineros en general y el Gobierno. Lo que surge de Livent y Zijin-Liex es una extrema tolerancia oficial a los abusos empresariales.
A Livent se la liberó en 2015 de la obligación de contar con la anuencia del Estado provincial para transferir sus derechos y terminó pocos años después cerrando transacciones multimillonarias, fusionándose primero con la australiana Allkem en Arcadium para luego venderle todo el paquete a Rio Tinto. Catamarca no olió un centavo del fabuloso negocio. En el interregno, la firma norteamericana no se privó de estafar a la Provincia y al fisco nacional con la escandalosa subfacturación de sus exportaciones.
Tal es el saldo que dejó después de secar, como señala el documento de la Asamblea Pucará, el Río Trapiche y construir un acueducto para extraer el agua del río Los Patos. La Corte de Justicia accedió a una acción de amparo y frenó las actividades litíferas en la zona hasta que un informe de impacto ambiental acumulativo e integrado determine cuáles serán los efectos de la acción concurrente de todos los emprendimientos sobre la cuenca hídrica de Los Patos.
El Gobierno presentó este informe y espera que el máximo tribunal levante la restricción. Mientras tanto, vale la pena reflexionar sobre las facilidades que la política minera extiende a las empresas en detrimento de las poblaciones afectadas, contraste en el que estriban las dificultades para que la actividad afirme su licencia social