El Concejo Deliberante de Calingasta aprobó la adhesión a la Ley 560-E de Ética y Transparencia en la Función Pública. La medida, impulsada por la profesora Nora Beatriz Olivares, amplía el control ético a funcionarios y agentes municipales, consolidando el compromiso institucional con una gestión transparente, responsable y al servicio de la comunidad.
«El haber presentado este proyecto y que el Cuerpo Legislativo apruebe la adhesión a la Ley 560–E constituye un hecho de gran relevancia institucional para nuestro departamento. Esta decisión no es solamente un acto administrativo, sino un verdadero compromiso con los principios que deben guiar la función pública. Es una demostración hacia la comunidad de que debemos trabajar por y para nuestro pueblo, con transparencia y dedicación en nuestras acciones», expresó Olivares durante su intervención en el recinto.
La edil subrayó que esta adhesión «es un paso fundamental en la historia de Calingasta, ya que consolida el camino hacia una gestión eficiente y comprometida con los valores republicanos». Además, remarcó que «fortalecerá la confianza de los ciudadanos en sus representantes y en las instituciones que nos gobiernan, garantizando equidad y responsabilidad».
Con esta ordenanza, el Concejo busca promover una cultura ética permanente dentro del ámbito público local, donde prevalezca el interés general sobre los intereses personales o sectoriales. «A través de esta ordenanza, se busca fomentar una cultura ética permanente donde prevalezca el interés general por sobre intereses individuales. La adhesión invita a comprender la Ética Pública como un compromiso moral nuestro, una actitud cotidiana de coherencia y respeto hacia los principios de justicia y solidaridad», sostuvo Olivares, en declaraciones a medios del departamento.
Finalmente, la autora del proyecto reafirmó el espíritu con el que fue concebida la iniciativa: «Reafirmamos nuestro compromiso con la comunidad de Calingasta, asumiendo la obligación de actuar siempre con honestidad y vocación de servicio».
La adhesión a la Ley 560-E implica que el control ético y de transparencia alcanzará a un amplio conjunto de funcionarios y agentes públicos del municipio, entre ellos:
1. El Intendente.
2. Los Secretarios del Departamento Ejecutivo.
3. Los Concejales.
4. Secretarios y Directores de Bloque.
5. Directores y Subdirectores.
6. El Contador, Tesorero y Habilitado.
7. El personal que intervenga en el manejo de fondos públicos, administre patrimonio estatal, integre comisiones de adjudicación o recepción de bienes, participe en licitaciones y concursos, o tenga a su cargo la jefatura de personal o recursos humanos.
8. Los interventores y el personal que reemplace, subrogue o sea sustituto legal en cualquiera de los cargos antes mencionados, mientras dure la situación de reemplazo.
Con la aprobación de esta norma, Calingasta se suma al conjunto de municipios sanjuaninos que apuestan por fortalecer la transparencia y la responsabilidad institucional, en línea con las políticas provinciales que promueven una administración pública más abierta, ética y comprometida con la comunidad.