Vecinos se organizan y juntan firmas para presentar reclamos ante el EPRE y Defensa del Consumidor. Jubilados, familias rurales y pequeños emprendedores son los más golpeados por los aumentos.
La preocupación en Calingasta por el costo de la energía eléctrica se ha transformado en un problema social de gran magnitud. Vecinos de distintas localidades del departamento aseguran que las últimas facturas emitidas por Naturgy son «impagables» y que la situación afecta especialmente a quienes menos ingresos tienen. Ante este escenario, comenzaron a juntar firmas para elevar reclamos formales al Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) y a Defensa del Consumidor, con la esperanza de que se revea un esquema tarifario que consideran injusto. «Nosotros no podemos hacer nada desde Calingasta con el aumento del precio del kilowatt, pero lo que vemos es que a los que menos ingresos tienen les aumentaron mucho más. Pasaron de pagar $19 a $91 el kilowatt, un aumento del 358%. En cambio, los de mayores ingresos subieron de $36 a $136, un 269%. O sea, los que menos tienen son los más castigados», explicó un vecino en la asamblea que se realizó días atrás en la Plaza de Barreal.
Reclamos múltiples y boletas desorbitantes
A las subas desmedidas se suma lo que los calingastinos denuncian como «recategorizaciones compulsivas». Muchos jubilados y familias de zonas rurales que nunca completaron el formulario de segmentación de subsidios (RASE) fueron incluidos directamente en la categoría de mayores ingresos. «Hay personas que viven en Puchuzum o Villanueva que ni siquiera tienen internet ni teléfono. Nunca se enteraron de que había que inscribirse y automáticamente los pasaron a mayores ingresos. Hay jubilados de la mínima que hoy pagan hasta $385.000 por una boleta de luz, algo completamente irracional», señalaron vecinos. Incluso quienes lograron inscribirse denuncian haber sido recategorizados sin explicación ni notificación previa. Otro de los puntos críticos es la estimación del consumo. Por la falta de personal y recursos de la empresa contratista Ureña Construcciones, que solo cuenta con una camioneta para cubrir todo el departamento, no se hacen las lecturas de medidores y se calculan consumos que duplican o triplican los reales. «Este año no tenemos televisor porque se nos quemó por un corte de luz y, sin embargo, la factura vino el doble que el año pasado», relató un vecino. Los pequeños hospedajes y emprendimientos turísticos también atraviesan la misma situación: menos actividad, más cuidado en el consumo, pero boletas más altas.
Un departamento extenso, con escasa presencia estatal
Calingasta es uno de los departamentos más grandes de San Juan, con una superficie similar a la provincia de Tucumán pero apenas 11.000 habitantes. La extensión, la geografía y el aislamiento histórico agravan los problemas de infraestructura y servicios. Los vecinos cuestionan que las oficinas de atención al público de las empresas de energía en el departamento están en condiciones precarias y que, ante cualquier reclamo, la única respuesta es viajar a la Ciudad de San Juan. «Un pasaje cuesta $20.000 de ida y otros $20.000 de vuelta. Para una familia rural, eso es imposible», señalaron. Además, advierten que el Cargo Único Municipal (CUM), que antes pasaba casi desapercibido en facturas más bajas, hoy se convirtió en un monto que agrava la situación: en boletas de $300.000 o $500.000, este recargo implica entre $150.000 y $200.000 adicionales.
«Deberíamos tener la luz subsidiada»
La memoria colectiva recuerda que, durante la construcción de los diques que hoy sostienen la potencia energética de San Juan, Calingasta permaneció aislada por más de 15 años, con graves consecuencias sociales y económicas. «Si nosotros fuimos el pueblo que se sacrificó para que San Juan tenga diques, mínimo deberíamos tener la luz subsidiada. No estamos pidiendo que sea gratis, pero no puede ser que un jubilado pague el 90% de su ingreso en la factura de luz», expresaron los organizadores de la asamblea. Organización y próximos pasos Ante la gravedad del escenario, vecinos de Barreal y otras localidades comenzaron a recolectar firmas para exigir que el EPRE y Defensa del Consumidor se trasladen hasta Calingasta y escuchen los reclamos en el propio territorio. La demanda central es que se revise la segmentación de subsidios, se controle el mecanismo de estimación de consumos y se garantice un trato justo para los usuarios más vulnerables. «La luz no puede ser un lujo en un departamento que históricamente fue postergado y que aporta tanto a la provincia. Necesitamos que el Estado esté presente», concluyeron