El flamante vicepresidente de CAPROMISA, Diego Irigoyen, advirtió que, pese al atractivo del oro y del macizo del Deseado, la provincia pierde inversiones por la falta de políticas claras y la conflictividad laboral. Reclama un trabajo conjunto entre gobierno, gremios y empresas para evitar un futuro con menos producción y empleo.
Conflictos gremiales que frenan inversiones
Irigoyen fue tajante al describir el principal obstáculo para el desarrollo minero: la falta de claridad en los convenios laborales y las disputas constantes entre sindicatos como AOMA, UOCRA y Camioneros.
«En las minas maduras, donde queda poca vida útil, los paros son letales. Los gremios discuten hasta quién puede manejar un camión, y eso termina paralizando todo», criticó.
Según el dirigente, esa conflictividad gremial desalienta a los inversores internacionales, que demandan previsibilidad y reglas claras antes de apostar por nuevos proyectos. «En Canadá, los comentarios eran siempre los mismos: Santa Cruz es atractiva por su geología, pero los conflictos espantan», relató tras participar en ferias mineras en el exterior.
El rol del Gobierno y la mirada de los inversores
Mientras el gobierno provincial, a través de la ministra Nadia Ricci, destaca un crecimiento exploratorio, Irigoyen aseguró que ese movimiento responde más al alto precio internacional del oro que a decisiones políticas locales.
«Las políticas nunca fueron claras. Hoy la exploración se sostiene por el oro caro, no por un marco que brinde confianza a largo plazo», enfatizó.
Incluso recordó que Newmont frenó todas sus inversiones para 2025 tras sufrir conflictos en su yacimiento, lo que dejó a decenas de pymes locales sin trabajo y en muchos casos al borde del cierre.
Un futuro en juego
El vicepresidente de CAPROMISA alertó que la mayoría de las minas en operación en Santa Cruz son maduras, con reservas limitadas. «Un proyecto nuevo tarda entre 7 y 10 años en ponerse en marcha. Si no empezamos ahora, en poco tiempo vamos a tener menos producción y menos empleo», advirtió.
La solución, sostuvo, pasa por un acuerdo tripartito entre gobierno, gremios y mineras: «No podemos seguir discutiendo quién hace qué mientras las inversiones se van. Necesitamos sentarnos todos a una mesa y ordenar las reglas. De lo contrario, el futuro minero de Santa Cruz estará seriamente comprometido