Retenciones: una medida de impacto limitado en la Patagonia

El anuncio significó un alivio fugaz para la zona núcleo de la Pampa Húmeda, pero dejó relegadas a las economías regionales. Los productores del Alto Valle mantienen sus pedidos de políticas estables y equitativas que contemplen las necesidades del sector.

Por Alejandra Fonovich (Larrondo, Tonelli & Asoc.)

El Gobierno suspendió de manera transitoria los derechos de exportación para granos y subproductos, pero en apenas tres días se agotó el cupo de USD 7.000 millones y el beneficio llegó a su fin.
Productores neuquinos y rionegrinos miran de reojo: la medida favoreció sobre todo a la Pampa Húmeda, mientras que las economías regionales siguen reclamando alivio impositivo y mejoras logísticas.

El Ejecutivo había dispuesto a través del Decreto 682/2025 una alícuota del 0 % para las retenciones de soja, maíz, trigo, girasol y carnes bovinas y avícolas. El objetivo era acelerar las liquidaciones de divisas en un contexto de tensión cambiaria y caída de la recaudación tributaria.

Para acceder al beneficio, los exportadores debían liquidar el 90 % de las divisas en un plazo máximo de tres días hábiles luego de presentar la Declaración Jurada de Ventas al Exterior (DJVE).

El incentivo funcionó: en solo tres jornadas se cubrió el cupo de USD 7.000 millones y el esquema volvió a la situación previa, con retenciones que oscilan entre el 9,5 % para el maíz, el 12 % para el trigo, entre 4/ 5% para el girasol y hasta 26 % en el caso de la soja.

Un alivio para la zona núcleo


La eliminación de retenciones generó un beneficio inmediato para los grandes complejos agroindustriales de la zona núcleo, que concentran la mayor parte de la producción de soja, maíz, trigo y girasol del país. Solo aquellos con stock disponible para exportar y capacidad financiera para registrar DJVE en el momento pudieron acceder a la ventana de alícuota cero.

En cambio, productores pequeños o regiones alejadas de los puertos quedaron prácticamente fuera de juego: la brevedad del plazo y las exigencias de liquidación limitaron el alcance real de la medida.
El movimiento acelerado de operaciones confirmó la capacidad de reacción de los exportadores de mayor escala, que aprovecharon la oportunidad para mejorar márgenes y adelantar ventas externas.

En el Alto Valle, las cámaras frutícolas advirtieron que la medida “volvió a poner el foco en la zona núcleo, mientras las economías regionales siguen esperando alivio fiscal y soluciones para la logística”.

Sin embargo, para muchos actores medianos y pequeños la volatilidad de las reglas implicó más riesgos que beneficios, ya que no llegaron a adaptarse a tiempo y hoy enfrentan la misma carga tributaria previa.
Las entidades rurales valoraron la decisión oficial como un gesto en la dirección correcta, pero advirtieron que no alcanza. “Necesitamos reglas de largo plazo que den previsibilidad”, señalaron desde la Mesa de Enlace.

A ese reclamo se suma la crítica de productores que quedaron afuera del beneficio, quienes cuestionan que los parches coyunturales terminan favoreciendo siempre a los actores más grandes y profundizan las desigualdades dentro del sector.

Patagonia: impacto marginal


En la Patagonia, en cambio, el alcance era desde el inicio mucho más limitado. Si bien en La Pampa y el sur bonaerense algunos productores de girasol y trigo pudieron beneficiarse, en Neuquén y Río Negro la estructura exportadora está orientada principalmente a la fruta de pepita, el vino, los frutos secos y las cerezas.

Estos sectores quedaron al margen de la reducción y mantienen sus reclamos por la ausencia de políticas específicas. En el Alto Valle, las cámaras frutícolas advirtieron que la medida “volvió a poner el foco en la zona núcleo, mientras las economías regionales siguen esperando alivio fiscal y soluciones para la logística”.

En la industria vitivinícola, remarcaron que el principal problema no pasa por la presión impositiva, sino por el alto costo del flete hacia los puertos, que encarece significativamente la colocación en mercados internacionales.

Costo fiscal y efectos económicos


El impacto de la medida no solo se mide en divisas. La eliminación de retenciones tiene también un costo fiscal relevante para el Tesoro nacional. Consultoras privadas lo ubican en torno a USD 1.000 millones, aunque otros cálculos plantean cifras más altas. El Gobierno confía en que esa pérdida se compensará con esta entrada inmediata de dólares, pero los analistas advierten que el efecto será transitorio.

Se logró así el ingreso inmediato de divisas al mercado formal y un alivio momentáneo sobre las reservas, pero los analistas advierten que la dinámica confirma el carácter transitorio de la medida. La Bolsa de Comercio de Rosario sostuvo que el cupo quedó “corto”, dado que todavía resta exportar unos USD 9.700 millones en granos y subproductos, lo que reabre el debate sobre la previsibilidad de la política comercial.

Mirada hacia adelante


El Ejecutivo apuesta a que la fuerte entrada de dólares obtenida en pocos días ayude a contener la tensión cambiaria. Sin embargo, el brusco regreso de las retenciones reinstala la incertidumbre entre productores e industriales.

Los especialistas señalan que sin políticas estables y equitativas, las medidas de alivio transitorio corren el riesgo de profundizar las desigualdades estructurales del campo argentino.

En la zona patagónica, el desafío sigue siendo mayor: las economías regionales no solo quedaron al margen de la quita, sino que ahora observan cómo las reglas nacionales cambian con velocidad, lo que complica aún más su planificación. Especialistas coinciden en que, sin medidas de largo plazo que contemplen la infraestructura, la logística y la estructura tributaria de cada región, los parches tendrán un impacto acotado y efímero.

La experiencia de los últimos días dejó en claro que los beneficios coyunturales terminan concentrándose en los grandes jugadores del sector, mientras que pequeños y medianos productores —así como las economías regionales— quedan rezagados. La conclusión es compartida: sin políticas estables y equitativas, las medidas de alivio transitorio corren el riesgo de profundizar las desigualdades estructurales del campo argentino

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