El escenario laboral de la provincia cambió de manera significativa con la actualización de la Ley 3141, elevando la proporción de empleo local del histórico 70% al 90%. La norma, que alcanza a sectores estratégicos como la minería, los hidrocarburos y la pesca, así como también a la agroindustria, la infraestructura, la energía y la tecnología, representa una apuesta fuerte por consolidar el arraigo santacruceño en su propio desarrollo productivo. El sistema digital de control SIREL, diseñado para evitar fraudes, convierte la fiscalización en un proceso activo y en tiempo real, obligando a las empresas a replantear sus políticas de contratación y recursos humanos. La premisa es clara: “Chau 70/30, hola 90/10”, un paradigma donde la localidad no se negocia.
Por: Extremo Minero
Del 70/30 al 90/10: historia, controles y tensiones
La transición desde la Ley 3.141 —más conocida como la “70/30”— estuvo motivada por las deficiencias en su aplicación. Durante años, las denuncias por irregularidades fueron frecuentes: trabajadores de otras provincias ingresando a los yacimientos, registros incompletos y falta de control efectivo. En este contexto, el gobernador Claudio Vidal impulsó una reforma que obtuvo apoyo unánime en la Legislatura. Además del incremento al 90%, se endureció el requisito de residencia, que pasó a ser de seis años comprobados, con el objetivo de que los beneficios del empleo se mantengan en la provincia y no se diluyan con traslados temporales de personal.
El SIREL se presenta como la verdadera novedad del esquema. Su implementación implica que las empresas y contratistas deberán cargar y validar datos en tiempo real, con reportes automáticos sobre el cumplimiento de la ley. Esto significa que ya no habrá margen para la discrecionalidad: el control es ahora una condición operativa. Desde el gobierno provincial se subraya que este sistema es el que le dará efectividad al espíritu de la norma, y desde las empresas se advierte que la fiscalización permanente obliga a replantear estrategias de recursos humanos y capacitación.
La gran pregunta es si la oferta laboral santacruceña puede dar respuesta a esta exigencia. El contexto actual presenta un desempleo que pasó del 2,9% al 7,1% en un año, una subocupación del 13,2% en Río Gallegos y una fuerte crisis petrolera que dejó a cientos de trabajadores sin empleo en el norte. Esta situación genera una bolsa de mano de obra disponible, pero la minería moderna requiere perfiles muy especializados. Ingenieros de ventilación, geólogos con foco en hidrogeología, analistas financieros y técnicos en automatización son solo algunos de los puestos de mayor demanda. La condición de “ser local” asegura el arraigo, pero no sustituye la calificación necesaria.
Hoy los programas de capacitación en marcha se concentran en roles operativos —operadores mineros, colaboradores de tareas básicas, personal de hotelería o vigilancia—, lo que resulta valioso, pero no responde a la necesidad de profesionales de alta especialización. Esto abre una brecha estratégica que preocupa al sector: la posibilidad de que la competencia por el talento calificado eleve costos y reduzca la vida útil de las minas, afectando la atracción de nuevas inversiones.
Las capacitaciones impulsadas por el gobierno, CAMICRUZ y las empresas apuntan a roles operativos, pero no cubren aún la necesidad de ingenieros, geólogos o especialistas en automatización. Esto plantea el riesgo de que la Ley 90/10, aunque socialmente justa, pueda tensionar la viabilidad de los proyectos.
Perspectivas y recomendaciones hacia la sostenibilidad productiva
El impacto de la Ley 90/10 dependerá de la capacidad de Santa Cruz para convertir la localidad en talento calificado. Para el gobierno, la prioridad será ampliar la visión de capacitación hacia perfiles técnicos y profesionales de mayor complejidad, articulando con universidades y ofreciendo becas que orienten a los jóvenes hacia carreras estratégicas. Para las empresas, la clave será anticipar la demanda de talento mediante programas propios de formación, diseñar planes de carrera y comunicar a toda su cadena de valor los nuevos requisitos legales. Para los trabajadores, el desafío será aprovechar los programas actuales pero, sobre todo, apostar a la especialización y al aprendizaje de nuevas tecnologías que hoy marcan el pulso de la minería 4.0.
La Ley 90/10 es una medida audaz que busca garantizar que la riqueza de los recursos naturales quede en manos de quienes viven en la provincia. Pero el verdadero éxito se medirá no solo en el porcentaje de trabajadores locales contratados, sino en la capacidad de esos trabajadores para sostener el nivel técnico y de seguridad que exige la minería moderna. Si Santa Cruz logra ese equilibrio, habrá consolidado un modelo de desarrollo inclusivo y sostenible. Si no, la norma podría transformarse en un obstáculo para el futuro de la industria.