El sector radical, con De Loredo a la cabeza, pidió que no tengan validez aquellas declaraciones que no tienen respaldo en granos; las posiciones del sector
Agrofy News
La oposición apuntó contra el gobierno de Milei por la eliminación temporal de las retenciones. El argumento del peronismo y radicalismo es que el beneficio no llegó al productor.
El radical Rodrigo De Loredo fue uno de los más combativos. Reclamó que se anulen las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) que no están respaldadas en granos.
Para anular o dar marcha atrás con las DJVE, la oposición se respalda en la Ley 26.351 o ley Martínez Raymonda, que se aprobó en 2008 durante el conflicto con el campo. La norma dispone que no son válidas las declaraciones que no tienen materia prima como respaldo en caso de subir las retenciones.
El espíritu de la ley es que las exportadoras no puedan vender con menos retenciones si no tienen el grano adquirido. Al consultar al Gobierno, dejaron trascender que no es una ley que podría aplicar Milei.
Este revuelo se armó luego que se conoció que los 7 mil millones de dólares, solo el 33 % está respaldado en granos. “Por el elevado volumen de DJVE registradas en relación con lo efectivamente comprado por los exportadores, será clave analizar la capacidad de pago y definir cómo avanzaremos en nuestras operaciones en adelante», dijo la Sociedad Rural Argentina.
¿Vuelven atrás las DJVE?
Hay un antecedente en 2018. Previo al aumento de las retenciones que impulsó Mauricio Macri, hubo exportadoras que anotaron DJVE sin granos. El Gobierno de ese entonces decidió aplicar la ley y se revirtió la medida.
Ahora, De Loredo busca aplicar el mismo concepto. “Ese antecedente prueba que la ley se puede aplicar y frenar la especulación de exportadoras como Bunge o Cargill o Dreyfus que inscribieron ventas al exterior con retención cero en 48 horas sin tener los granos y se hicieron de todo el beneficio. Un escándalo”, dijo en su red social.
Sin embargo, Gustavo Idígoras, presidente de CIARA (Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina) y CEC (Centro Exportador de Cereales), dijo: «No es de aplicación dado que no existe cambio formal de alícuotas. Solo suspensión temporal como fue el decreto 38 de este año y otros del gobierno anterior». En el Gobierno tampoco la ven viable de aplicar.
Sin embargo, a la mirada del radical se sumaron peronistas y productores que plantearon que la medida no fue una política agropecuaria. Las entidades de la Mesa de Enlace insistieron con la necesidad de mantener la previsibilidad.
“Le exigimos al gobierno que aplique la ley 26.351 y que se frene el abuso de estas exportadoras para que los beneficios lleguen a los que producen”, dijo De Loredo