Ya se relevaron más de 800 pozos inactivos en el ejido urbano, de un total de 1.700, que se consideran como “daño ambiental”, con distintos grados de riesgo. Desde el municipio definen un marco legal para intimar su reparación. Además, en qué estado se encuentra el pasivo detectado en la playa de tanques de km.3.
Meses atrás, ADNSUR publicó un adelanto de la estrategia municipal: un proyecto de ordenanza que busca que el pasivo ambiental deje de ser “transferible” entre empresas y se reconozca como daño ambiental, con responsabilidad directa atribuíble al generador.
Esa discusión avanza y la Subsecretaría de Ambiente de Comodoro Rivadavia, encabezada por Nicolás Coluccio, junto a la licenciada Jordana Mrla como coordinadora del área, están presentando el proyecto en distintos ámbitos institucionales. Esto incluye a escuelas secundarias y al ámbito universitario, tal como se realizó a mediados de la semana pasada, con integrantes de las Facultades de Naturales, Sociales Ingeniería, con aportes recepcionados para incluir en la futura normativa.
En paralelo, se avanza el relevamiento de pozos inactivos en el ejido urbano. Ya se registraron algo más de 800, de un total 1.700 pozos. No es sólo una “foto”, sino un trabajo para ubicar con precisión, con actualización de planos hechos décadas atrás (con coordenadas imprecisas), para identificar en qué lugar de la ciudad se ubican instalaciones que podrían entrañar riesgo potencial.
De “pasivo” a “daño ambiental”: el énfasis que apunta a acentuar la ordenanza
El corazón de la propuesta municipal apunta a enfatizar un concepto que ya forma parte de la normativa nacional, que es el de equiparar un pasivo ambiental al concepto de “daño”, que como tal genera la obligación de reparar. En palabras de Jordana Merla:
“El concepto de daño ambiental ya está en la legislación nacional y provincial, no es que lo estemos inventando ahora. Lo que hace esta ordenanza es ponerlo en un plano más enfático: dejar claro que cuando hablamos de pasivo, en realidad hablamos de un daño. Y que el generador de ese daño es responsable, aunque después haya cedido la operación”, dijo la funcionaria.
En las cesiones ya realizadas en Chubut, por ejemplo, entre YPF y PECOM, las operadoras transfirieron la responsabilidad de sanear esos impactos ambientales junto con la concesión de las áreas. Con la nueva ordenanza, ese mecanismo quedaría limitado.
De todos modos, los funcionarios fueron precisos en marcar un límite jurídico: la norma no podrá aplicarse de manera retroactiva, ya que el derecho establece que ninguna ley tiene efecto hacia atrás. Lo que sí habilita es a considerar como “pasivos” a los pozos inactivos que hoy existen en el ejido urbano, y en consecuencia, obligar a las operadoras a definir su destino: reactivarlos y ponerlos a producir, o abandonarlos de forma segura.
Además, según aclaró Coluccio, hay otras vías legales, de alcance nacional y vigentes con anterioridad, para exigir la remediación del daño, por fuera de la ordenanza que están en elaboración.
La lupa sobre los pozos inactivos en la ciudad
Uno de los puntos más sensibles es la presencia de más de 1.700 pozos inactivos dentro del ejido urbano. De ellos, 800 ya fueron relevados por el equipo municipal. Forman parte de un universo más amplio: hay 6.000 pozos dentro de la urbe de Comodoro Rivadavia. De ellos, 3.700 ya están abandonados (aunque en su gran mayoría, con técnicas antiguas, lo que abre dudas sobre su real grado de seguridad).
El problema de los inactivos no es menor. Un pozo en esa condición está técnicamente abierto, «sin barreras que impidan la eventual fuga de gas o fluidos desde el reservorio hacia la superficie», dijo Coluccio. Según la resolución nacional 5/96, dentro de zonas urbanas sólo deberían existir pozos activos (en producción efectiva) o abandonados de forma segura.
Sin embargo, en Comodoro predomina la categoría de inactivos, que la nueva ordenanza pretende tipificar directamente como pasivos -o daños- ambientales. “Eso obliga a que se intervenga: o se ponen en producción o se abandonan de manera adecuada”, precisó Mrla.
| Elemento | Detalle |
|---|---|
| Pozos totales dentro de la urbe | 6.000 |
| Pozos inactivos dentro del ejido urbano | Más de 1.700 |
| Pozos inactivos relevados por el equipo municipal | 800 |
| Pozos abandonados dentro de la urbe | 3.700 (mayoría con técnicas antiguas; dudas sobre seguridad) |
| Riesgo técnico de pozos inactivos | Están técnicamente abiertos: sin barreras que impidan fuga de gas o fluidos hacia la superficie |
| Normativa citada | Resolución nacional 5/96: en zonas urbanas sólo deberían existir pozos activos o abandonados de forma segura |
| Propuesta de la nueva ordenanza | Tipificar pozos inactivos como pasivos o daños ambientales, obligando intervención: producirlos o abandonarlos adecuadamente |
La dificultad técnica es importante, porque muchos pozos datan de varias décadas atrás y figuran en coordenadas erróneas, lo que complica su localización. En algunos casos, encima de la boca del pozo ya existen desarrollos urbanísticos.
Por eso es fundamental la tarea de relevamiento que se está efectuando, para ubicarlos con precisión.
YPF y “la salida apresurada”: ¿qué pasó con la responsabilidad?
Durante una entrevista con ‘Actualidad 2.0’, los funcionarios admitieron que esta discusión no pudo plantearse durante la salida de YPF, que estuvo enmarcada en una decisión nacional, vinculada al Plan Andes y a la reestructuración de inversiones de la empresa, con un marco normativo específico.
El municipio asegura que intimó a la compañía por pasivos detectados, pero reconoce que no hubo una mesa de diálogo directa con la empresa a nivel local. “YPF eligió sentarse en otras mesas, fundamentalmente con la provincia, y en nuestro caso respondió con dilaciones o alegando que ya no era la operadora”, explicó Mrla.
El trasfondo es que, en ausencia de normativa municipal específica, se debe litigar con las herramientas generales de la Ley de Ambiente y del Código Ecológico local. “Lo que nosotros hacemos hincapié es que quien generó el daño debe hacerse responsable, iremos por las vías legales que ya rigen con anterioridad”, indicó Coluccio.
“Lo primero es determinar el alcance del daño y exigir que tome las medidas concretas. Ya hemos intimado a que YPF se haga cargo de sus responsabilidades en lugares donde se detectó el impacto, porque el pasivo en la ciudad tiene más de 100 años, con prácticas muy diferentes a las actuales. En esta salida apresuradora de la operadora, el municipio ha actuado, pero primero agotaremos la vía administrativa”, indicó Mrla.
La responsabilidad del abandono de pozos no es del Municipio, pero la ordenanza le dará herramientas para intimar a las operadoras responsables
La funcionaria local también aclaró que el área municipal “no es autoridad de aplicación” en el abandono de pozos, lo que corresponde a la Secretaría de Energía de la Nación o al ámbito provincial, según precisó.
“Nosotros estamos acompañando a la sociedad, a los vecinos y a los desarrollos (urbanos) por una cuestión de ordenamiento y porque están en nuestro ejido urbano, además de que las facultades ambientales son concurrentes. Salvo que tuviéramos nuestra propia normativa, que aún no la tenemos, sigue siendo competencia de otras jurisdicciones”, apuntó.
Igualmente, el relevamiento de pozos inactivos en el ejido urbano servirá para para diagnosticar el riesgo que eventualmente representen, para dar intervención a los otros organismos. Al mismo tiempo, una vez que se apruebe la nueva ordenanza, por considerar a ese pozo inactivo como un “pasivo”, el municipio tendrá facultades para intimar al abandono definitivo o su reactivación.
En ese plano, hay un tema a definir desde el punto de vista legal, para determinar si será el nuevo concesionario del área, o quien la vendió, el responsable de sanearlo.
Daño bajo la lupa: la playa de tanques de km.3
Una de las discusiones ambientales vigentes se vincula a un afloramiento de hidrocarburos en la playa de tanques de Km.3. Hace un mes, el municipio intimó a YPF para que la operadora presente un diagnóstico ambiental, para afrontar luego un plan de remediación.
“Es una situación muy compleja, de muchos años -explicó Coluccio-, por una sumatoria de situaciones. Antiguamente esa planta funcionaba como puerto de salida del petróleo producido por la compañía y después se transformó en depósito de combustibles. Hay problemas antiguos y otros más recientes”.
Mientras se espera el diagnóstico definitivo para lo que será la “ingeniería de remediación”, se exigieron medidas paliativas, para evitar que los afloramientos de hidrocarburos lleguen al mar. Además, aclaró Mrla, “en este caso la empresa no se retira, porque seguirá operando esa planta”, en referencia a la obligatoriedad que le cabe para brindar una solución al problema sin dilaciones.
Entre la remediación y la compensación económica
¿Es posible sanear el daño ambiental acumulado? Los funcionarios advierten que no siempre se puede volver al “estado original”, pero sí avanzar en procesos de remediación que reduzcan riesgos y permitan la recuperación natural de los ecosistemas.
Cuando eso no sea viable, queda abierta la vía de la compensación económica. “La Ley General del Ambiente prevé esa herramienta -detalló Mrla-. Pero decirlo hoy sería imprudente, porque hay muchos daños que sí tienen posibilidad de ser remediados. Ahora, si eso va de la mano o no con una compensación económica por el tiempo en que se mantuvo, se tendrá que evaluar en su momento”.
Posibles escenarios legales: demanda judicial y la advertencia del ESG
El municipio no descarta ir más allá de la vía administrativa. Entre las alternativas se mencionan posibles acciones judiciales contra empresas incumplidoras. “La ley general del Ambiente establece la responsabilidad civil y penal por parte de quien genera un daño”, insistió Coluccio.
Además, no descartó denuncias en ámbitos internacionales o en otros, como la Bolsa de Valores. ¿Por qué?
En los últimos años, los mercados financieros incorporaron los criterios ASG (Ambiental, Social y de Gobernanza, conocidos globalmente como ESG) como estándar de transparencia. Esto significa que una denuncia ambiental puede tener impacto directo en la cotización de una empresa, ya que los pasivos no declarados son considerados riesgos financieros. De hecho, existen antecedentes de desplome bursátil, en empresas petroleras, tanto por denuncias de corrupción como por derrames petroleros de magnitud.
De esta manera, Comodoro Rivadavia pretende posicionarse en la discusión por la responsabilidad ambiental y el saneamiento. La pregunta de fondo sigue abierta: ¿hasta qué punto es posible remediar un siglo de actividad petrolera? La respuesta, coinciden los especialistas, no será única. Habrá zonas donde el saneamiento sea factible, otras donde solo se pueda mitigar el impacto, y casos en los que la compensación económica aparezca como única salida.
Lo cierto es que el gobierno municipal de la cuna del petróleo pretende discutir su futuro ambiental con herramientas concretas, poniendo en el centro la idea de que “el que contamina, paga”. Para algunos, la discusión llega un poco tarde. Para otros, recién está comenzando.