El ministerio del Interior lo tramitó en el 2019 y, hace unos días, la Justicia resolvió a su favor y decidió que el municipio de Sierra Grande debe devolver aportes para planes de viviendas no concluidos. En el 2016, el gobierno de Macri abrió la investigación penal que se siguió en Río Negro, hoy con muchos imputados, y luego Fernández formalizó el reclamo de las transferencias.
La Justicia aceptó una demanda planteada por Nación y ordenó al municipio de Sierra Grande la devolución de fondos enviados entre el 2014 y 2015 para viviendas de Techo Digno, que no fueron concluidas y, actualmente, conforman una causa penal en el fuero provincial.
El fallo de la titular del Juzgado Contencioso Administrativo N° 5 de Capital Federal, Alejandra Scalise Aguero, condenó al municipio de Sierra Grande al pago de 18.140.000 pesos en favor del Estado Nacional, más los intereses. Falta el cálculo, pero se estima que el monto definitivo superará los 200 millones; pero, también, seguramente la administración serrana apelará esta decisión de primera instancia.
Puntualmente, el convenio con Nación fue firmado en el 2014 por el entonces intendente peronista Renzo Tamburrini pero, luego, fue ejecutado hasta en un 34%, aunque las transferencias pactadas se cumplieron totalmente. Ese exjefe comunal está imputado, como también, su sucesor radical Nelson Iribarren y el titular de la empresa constructora.
Si bien la investigación penal fue impulsada en el 2016 por la administración nacional de Mauricio Macri contra gestiones municipales por el manejo irregular del Plan Techo Digno, a pocos días de asumir, el reclamo judicial por los fondos partió,del gobierno de Alberto Fernández. Así, requirió a los intendentes que se le devuelvan las “sumas de dinero -con sus intereses- por el incumplimiento de convenio” de las construcciones de las viviendas.
Igual presentación alcanzó a la docena de municipios rionegrinos con acuerdos de financiamiento de barrios porque, dice la demanda, en un “relevamiento realizado se habría constatado que el dinero” no “habría sido aplicado a la construcción de las viviendas programadas, mediante la utilización de documentación falsa”.
«los controles mínimos de las áreas involucradas no se habrían llevado a cabo, actuando negligentemente, posibilitando con dicho actuar que se causara un perjuicio al erario público”.
Parte del fallo de la jueza en relación a los trámites en el ministerio de Obras Públicas de la Nación.
En el caso de Sierra Grande, el reclamo nacional respondió a la “construcción de 40 viviendas e infraestructura” y la Nación había comprometido el envío de $18.104.000. Pero, según el informe técnico, el “municipio no había cumplido con la construcción de la totalidad de la obra acordada”. Se destaca que el IPPV consignó la ejecución del 34,69% ejecutado.
En el escrito, el convenio del 2014 aludía a que el municipio tenía la obligación de “restituir en forma inmediata fondos no rendidos”. Así, la Nación entiende la existencia de un “doble perjuicio”: “el incumplimiento material por la falta de construcción”, “dejando habitantes sin vivienda” y el otro, no “haber utilizado los fondos públicos que se habían girado” y “no haberlos restituido, perjudicando al erario público”.
En noviembre del 2021, la Nación vuelve a presentarse en la Justicia y precisa la transferencia del 99,85% del total pactado, “respetando las fechas pactadas y en base a las certificaciones” enviadas, que -agrega- “habrían resultado ser apócrifas”.
También se consigna que el “acta de fin de obra se encontraba firmada solamente por el intendente Enzo Tamburrini, sin contar con la firma de un representante técnico del Municipio”. Se habría “dejado constancia de la diferencia de caligrafía en las firmas imputadas al intendente en relación” a la existente en el convenio original en relación al acta de finalización de ejecución.
Además, el escrito nacional reforzó que el municipio “habría certificado irregularmente el 65,31% ($11.823.722,40) de la obra, cuando solo habría ejecutado físicamente el 34,69% ($6.280.277,60)”. Aquella suma “habría sido rendida irregularmente”.
En marzo del 2019, el ministro de Obras Públicas de Nación habría intimado al municipio (a cargo de Nelson Iribarren) para el reintegro de los fondos y, luego, en lo judicial, el municipio nunca respondió y, además, en noviembre del 2023 (ya segunda gestión de Tamburrini), se lo declaró en rebeldía.
Al final, la jueza afirmó que el municipio demandado “no ha comparecido y alcanza para demostrar su responsabilidad respecto de la deuda que se le atribuye”. Así resolvió en favor de la demanda y condenó al Estado de Sierra Grande para que “abone $18.104.000 más los intereses”.
En Nación, también, sin control
El fallo reproduce una auditoría nacional donde destaca innumerables irregularidades pasadas por alto en el ministerio de Obras Públicas. Entre ellas, que las obras se dieron por “ejecutadas en un plazo menor (10 meses) que el otorgado originalmente (12 meses)”.
Se remarcó que “ninguna de las anomalías e irregularidades administrativas habría llamado la atención de las áreas involucradas en la recepción y pago de los Certificados de Obra, habiéndose dado curso a instrumentos públicos falsos ideológicamente y que los controles mínimos de las áreas involucradas no se habrían llevado a cabo, actuando negligentemente, posibilitando con dicho actuar que se causara un perjuicio al erario público”.
Se había implementado “deliberadamente un sistema en el cual las distintas funciones vinculadas con el control de las rendiciones de cuenta y autorización de pagos no se hallaban contempladas en un organigrama formal”