Firmaron la acción judicial cinco ediles que cuestionan que el intendente Walter Cortés se extralimitó en sus funciones e invadió tareas propias del Deliberante.Cinco de los ocho concejales opositores de Bariloche firmaron un planteo por conflicto de poderes por el llamado al referéndum. Archivo
Los concejales Julieta Wallace (Incluyendo Bariloche), Leandro Costa Brutten (Incluyendo Bariloche), Roxana Ferreyra (Nos Une), Samantha Echenique (Juntos por el Cambio) y Facundo Blanco Villalba (Primero Río Negro) impulsaron un planteo de conflicto de poderes contra el Departamento Ejecutivo Municipal de Bariloche por la convocatoria al referéndum popular para el 9 de noviembre.
La presentación ante el Superior Tribunal de Justicia se realizó este mediodía con el patrocinio de la abogada Griselda Ingrassia y lleva la firma de cinco concejales de distintos sectores de la oposición que van desde dirigentes de extracción peronista, del PRO y de uno de los partidos que se referencia con el presidente Javier Milei. No participaron los ediles de Juntos Somos Río Negro, a pesar de que han manifestado públicamente objeciones a la consulta popular y aprobaron una comunicación de rechazo por extralimitarse en sus funciones.
La demanda se fundamenta en un conflicto de poderes porque -entre otras cosas- el intendente Walter Cortés incluyó entre las diez preguntas del referéndum temas que están en tratamiento y discusión en el Concejo Deliberante, con proyectos de ordenanza vigentes.
Entienden los ediles que hay jurisprudencia y antecedentes recientes en otros municipios en los que la Justicia dirimió conflictos de poderes como en Cinco Saltos y Dina Huapi.
Este miércoles, antes de la presentación, el intendente Cortés en un acto oficial ratificó la convocatoria al referéndum y volvió a cuestionar a los concejales. Dijo que a futuro su intención es proponer una reducción de bancas y también otorgar más poder de decisión a la población con una democracia directa como supone garantizar con el referéndum.
Pedido de nulidad de resoluciones por el referéndum
En la demanda, Wallace, Costa Brutten, Ferreyra, Echenique y Villalba piden que el STJ declare la nulidad de las resoluciones del intendente mediante las cuáles primero convoca al referéndum y luego realiza ajustes en el texto original. En total son tres resoluciones todas publicadas en el Boletín Oficial Municipal el 16 y 29 de julio.
Los concejales fundamentan su petición en que el Ejecutivo “invade” las competencias propias del Concejo Deliberante y enumera que seis de las diez preguntas refiren a temas en debate y se incluye el número de proyectos de ordenanza que están en análisis en el cuerpo como es el caso de la creación del plan solidario específico para obras de infraestructura vial en la ciudad (proyecto 366-25 – Anexo I); la autorización del funcionamiento de servicios de transporte privado a través de plataformas electrónicas (proyecto 173-24, reformulado el 14 de julio de 2025); la creación de una contribución turística destinada a financiar obras de mejora en la ciudad (proyecto 195-24); la discusión por las licencias gremiales de los trabajadores municipales (proyecto 318-25); la donación de un inmueble municipal de la costanera a los excombatientes de Malvinas para su explotación (proyecto 367-25); y la prórroga de la emergencia habitacional hasta el 2027 para generar nuevos lotes sociales (proyecto 253-25, reformulado el 14 de julio de 2025).
Los números de proyectos y el estado de reformulación son parte de las preguntas que estarán en la boleta única del referéndum, según dispuso el Ejecutivo al diseñar las consultas para la población.
La presentación de los concejales llega luego de un intento previo por la vía administrativa, impulsado por Wallace, y semanas después de aprobar por mayoría (con el voto de los cinco ediles y el bloque JSRN) una comunicación en la que expresan su rechazo al llamado a referéndum por una “extralimitación en la competencia del departamento Ejecutivo”.
En paralelo, hay otras acciones legales que también llegaron al STJ, como el planteo de inconstitucionalidad promovido por el gremio Soyem y la misma acción que impulsó la Asociación de Propietarios de Taxis, ambos vinculados a sus temáticas puntuales.
En los fundamentos, señalaron que las resoluciones no solo se invaden funciones propias del Departamento Deliberante sino también que afecta “el mecanismo de formación y sanción de las ordenanzas” que establece la carta Orgánica, “todo en clara violación a la ley aplicable, soslayando el debido procedimiento, fundándose en hechos y antecedentes inexistentes o falsos”.
Consideraron que además de advertir una lesión a sus derechos como concejales, las resoluciones vinculadas al referéndum “ocasionan una seria afectación al interés público y un claro perjuicio a la comunidad electoral barilochense, al atribuirse una competencia ajena a sus facultades, violentando el principio de legalidad, división de poderes y debido proceso, y decidiendo de manera arbitraria la concurrencia obligatoria a un acto electoral enmarcado en la ilegalidad manifiesta e ilegitimidad, en tanto inmotivado, desnaturalizando así un instrumento de participación popular tan valioso como el Referéndum Popular”.
Cuestionan además la convocatoria por parte del intendente sin tener el aval del Concejo; la sanción dispuesta del pago del equivalente a una bolsa de cemento; y el contenido de las preguntas.
Señalaron que convocar al electorado por “temas de alta complejidad técnica como es la creación de nuevos tributos o que tienen un objeto jurídicamente inviable”, entre otras consideraciones, “es un engaño y persigue fines ajenos al instituto del referéndum, utilizando al elector como un medio, costoso desde el punto de vista de la legitimidad institucional para la democracia y su carácter representativo y sobre todo ilegal”