Se trata de un mecanismo partidario y federal orientado a captar, desde el territorio, las trabas administrativas, impositivas y regulatorias que impiden el desarrollo
En una Argentina acostumbrada a que las decisiones bajen desde arriba, la propuesta de crear un canal sistemático para escuchar lo que ocurre en cada provincia puede ser, si se aplica con inteligencia, una herramienta potente para alimentar el proceso de modernización estatal desde abajo hacia arriba.
¿Qué trámites ralentizan la actividad comercial en Río Negro o Catamarca? ¿Qué impuestos municipales desalientan la inversión en San Juan o Formosa? ¿Qué normas laborales chocan con la realidad productiva de Chaco o de Mendoza? Ninguna reforma estructural podrá ser efectiva si ignora estas realidades locales.
No se trata de una estructura de control, ni de una avanzada para condicionar a los gobiernos provinciales. Se trata, antes bien, de un mecanismo partidario y federal orientado a captar, desde el territorio, las trabas administrativas, impositivas y regulatorias que impiden el desarrollo y la inversión en cada rincón del país.
Un trabajo similar ha iniciado en solitario, en la jungla burocrática bonaerense, el diputado provincial Guillermo Castello y al que ha denominado Paquete Desregulador Provincial. Lo que busca esta red de representantes no es auditar ni juzgar las realidades provinciales, sino que se autoperciban bajo una mirada constructiva, con la sabiduría, ya casa unánime, de que el exceso normativo y burocrático nace, crece y se reproduce lejos del Congreso o de la Casa Rosada.
Este enfoque recuerda, en muchos aspectos, al trabajo que viene realizando el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger. Desde allí, se impulsa una política de reformas enfocada en detectar normas inútiles o contradictorias que, aunque vigentes, ya no cumplen función alguna o directamente obstaculizan la actividad económica y la vida cotidiana.
La diferencia es que, mientras Sturzenegger actúa desde la estructura del Estado nacional, el Consejo de la Libertad —articulado con el comité de reformistas— lo hará desde el ámbito político y partidario, en una dimensión más informal, pero no por eso menos estratégica.
Iniciativas de este tipo, lejos de representar un avance del centralismo porteño sobre las provincias, deben ser leídas como una apuesta a un nuevo tipo de federalismo, más horizontal, sin relato, donde las ideas de libertad y eficiencia se construyen con la voz del ciudadano que emprende, trabaja o produce, y que muchas veces es ignorado por la maraña normativa del Estado. Tal vez allí resida el mayor valor de esta propuesta: no en su despliegue institucional, sino en su voluntad política de transformar escuchando.
Queda la esperanza de que este anuncio no se diluya en un gesto simbólico más. Que se lleve a la practica con coherencia, será una señal concreta de que por fin existe un proyecto político decidido a facilitar la vida de los ciudadanos y emprendedores, y no a complicarla aún más con trabas. Sería la mejor prueba de que la libertad y la eficiencia no son solo consignas de campaña, sino compromisos reales con el futuro del país.
*Contador público, General Roca