En la Cámara de Diputados se presentó un proyecto de ley que busca regular el cierre y post-cierre de minas en la provincia. La iniciativa, de la legisladora massista Gabriela Lizana, apunta a que los titulares de la actividad minera dejen los sitios física y químicamente estables, pero también un «legado de valor para las comunidades».
La propuesta llega pocos días después de la finalización de la audiencia pública del proyecto PSJ Cobre Mendocino, que tuvo diez jornadas de exposiciones y una convocatoria inédita: el 60% de los oradores respaldó el emprendimiento bajo criterios de sostenibilidad.
En ese contexto, la diputada provincial Gabriela Lizana (Frente Renovador) impulsó un marco legal que evite que, tras la explotación, Mendoza cargue con pasivos ambientales o sociales, algo que se aplicaría en décadas.
El texto del proyecto establece que cada mina deberá presentar, desde el inicio, un plan de cierre y post-cierre junto con el Informe de Impacto Ambiental, actualizarlo cada dos años y garantizar la participación de las comunidades locales.
«Hoy la provincia cuenta con exigencias generales, pero sin garantía financiera específica, sin criterios de éxito claros y sin un esquema integral de seguimiento post-cierre. Esto deja un vacío que puede derivar en pasivos a cargo del Estado y de la comunidad», advirtió Lizana al Post. Para la legisladora, «no es posible hablar de minería sostenible sin una legislación como esta».
La propuesta incorpora la obligatoriedad de una garantía financiera que cubra el 100% de los costos de cierre, rehabilitación y transición socioeconómica. Esa garantía se integraría progresivamente y debería estar completa antes de la mitad de la vida útil del proyecto.
Además, se fijan criterios de éxito para medir la estabilidad física, geoquímica y biológica de los sitios, así como metas sociales y económicas para las comunidades cercanas.
En caso de cierre repentino, las empresas deberán presentar un nuevo plan inmediato para evitar daños ambientales. El incumplimiento podrá derivar en multas, clausuras temporales o inhabilitaciones.
Según la legisladora, sin una norma con estos estándares Mendoza corre el riesgo de que las minas cierren dejando áreas contaminadas. Además, el Estado podría verse obligado a afrontar los costos de remediación, se perderían oportunidades para reconvertir las economías locales y aumentaría la desconfianza social hacia la minería.
Experiencias que inspiraron la propuesta
Lizana argumentó que el proyecto toma como referencia la Ley 20.551 de Chile, que integra el plan de cierre al permiso ambiental y exige garantías progresivas; modelos de provincias como Santa Cruz y San Juan, que ya avanzaron en regulaciones parciales; y normas internacionales como las de Canadá y Australia, que incorporan el cierre a la gestión minera desde el primer día.
«A nivel nacional también hay proyectos en esta línea. Si Mendoza avanza con sus emprendimientos mineros, es indispensable contar con estas previsiones», afirmó la diputada.
Uno de los puntos que la legisladora destacó es que el cierre de una mina no debe ser un punto final, sino el inicio de una reconversión productiva. Esto incluye capacitación laboral, uso de infraestructura existente para nuevos fines y planificación de actividades económicas alternativas.
«Hay casos muy graves a nivel internacional por no contar con reglas como estas: La Oroya, Quiruvilca y Huancavelica en Perú, u OK Tedi en Papúa Nueva Guinea», advirtió.
El espíritu del proyecto se resume en una idea: no solo garantizar la estabilidad ambiental, sino también dejar un legado útil para la población, protegiendo el ecosistema, la salud y la propiedad, y evitando que los costos recaigan en la sociedad.
El proyecto