La reciente eliminación de las retenciones para productos del sector minero, anunciada por el Gobierno nacional, reactivó el reclamo del campo por una quita total de los derechos de exportación. Dirigentes políticos, empresarios y referentes agropecuarios coincidieron en señalar un “trato desigual” y pidieron extender la medida a las economías agrícolas.
El exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, afirmó que el agro es “el sector más castigado de la Argentina” y que las retenciones representan “un verdadero robo al complejo agroalimentario y al interior productivo argentino”. Según sus cálculos, desde 2003 el Estado nacional recaudó 175.000 millones de dólares por este concepto, de los cuales Córdoba habría aportado 35.000 millones. En el Congreso Aapresid, sostuvo que la eliminación podría concretarse “en dos años” y duplicar las exportaciones del sector.
Desde el ámbito empresario, Gustavo Grobocopatel, fundador de Los Grobo, calificó las retenciones como “un impuesto malo” y consideró que las recientes bajas no representan “una reducción significativa”. Planteó que la medida debería complementarse con incentivos para industrializar materias primas, diversificar la matriz productiva y fomentar tecnologías agroindustriales, advirtiendo que, sin esos pasos, “podemos quedarnos a mitad de camino”.
En la misma línea, el vicepresidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), José Luis Volando, señaló que la baja parcial es apenas un alivio. “Es como pasar de 40° a 39° de fiebre: estás algo mejor, pero seguís enfermo”, graficó, enfatizando que la rentabilidad sigue siendo insuficiente para sostener la actividad.
La reducción de retenciones aplicada a fines de julio incluyó recortes para la carne aviar y vacuna (de 6,75% a 5%), maíz (de 12% a 9,5%), sorgo (de 12% a 9,5%), girasol (de 7,5% a 5,5%), soja (de 33% a 26%) y subproductos de soja (de 31% a 24,5%)