La iniciativa del intendente Walter Cortés de someter diez temas en forma simultánea al escrutinio popular, sin intervención del Concejo, ya sufrió varias impugnaciones administrativas, que apuntarán también al ámbito judicial.
El referéndum popular con una boleta de diez preguntas que convocó el intendente Walter Cortés en el municipio de Bariloche quedó sometido a fuerte presión desde distintos frentes, con impugnaciones administrativas y aprestos para llevar la cuestión a la Justicia.
El llamado a las urnas fue programado para el 9 de noviembre y corre serio riesgo ante la multiplicación de los planteos, que provienen de concejales opositores, organizaciones sociales, ambientalistas, sindicatos y partidos políticos.
En el equipo del intendente están convencidos de la legalidad de la convocatoria y se escudan en el aval otorgado por la Junta Electoral Municipal, que no formuló objeciones y ya puso en marcha el “cronograma” previo al referéndum, incluidas la formalización de la boleta, la actualización del padrón y el nombramiento de autoridades de mesa.
Pero las notas que piden la suspensión o revocatoria del referéndum se acumulan en la mesa de entradas del municipio, como paso previo a las presentaciones judiciales.
Entre los primeros en impugnar estuvo el Soyem, que se considera afectado porque Cortés busca aval de los ciudadanos para liberar al municipio del pago de sueldos a los trabajadores con representación sindical. Aunque el proyecto que envío al Concejo -y al que remite la consulta popular- ataca también otras licencias previstas en el Estatuto.
Las preguntas restantes se refieren a un abanico amplio de cuestiones, que van desde la habilitación de las plataformas de transporte tipo Uber hasta la cesión de un inmueble a los excombatientes de Malvinas, y desde la declaración de la emergencia habitacional (como instrumento para promover loteos sociales) hasta la creación de un nuevo tributo de pago obligatorio para los turistas.
Entre las presentaciones críticas está la que formuló la concejal Julieta Wallace (Incluyendo Bariloche) con la adhesión posterior de su compañero de bloque Leandro Costa Brutten. También apelaron a esa vía la concejal Samanta Echenique (Juntos por el Cambio), la asociación civil Árbol de Pie (que se opone al proyecto de talar los árboles de la costanera, incluido en el referéndum) y la central obrera CTA.
Trascendió además que estarían a punto de expresarse en sentido similar la Asociación de Taxis (en rechazo al ingreso de Uber) y algunos partidos políticos como la UCR, que serán formalmente convocados por la Junta Electoral para notificarlos del proceso.
La hora de los tribunales
Las derivaciones judiciales de la pulseada por el referéndum podrían abrir en lo inmediato una compleja trama con intervención de distintas instancias y jueces. La demanda del Soyem recaerá con seguridad en la Cámara Laboral, porque consideran afectados derechos laborales. Otros recursos irán al juzgado contencioso administrativo. Y los planteos que apunten sobre el conflicto de poderes entre el Ejecutivo y el Concejo serán competencia del Superior Tribunal de Justicia.
Además, en lo relacionado con la organización y legitimidad del comicio tendrá la palabra la Justicia Electoral provincial.
El abogado y asesor del intendente Martín Domínguez, relativizó los recursos de revocatoria presentados contra la resolución del referéndum y dijo que “serán respondidos por el intendente en los tiempos que corresponde”. Consideró que las posturas en contra son “claramente antidemocráticas”.
Domínguez defendió la legalidad del llamado y dijo que “si hubiera sido erróneo la Junta Electoral no hubiera puesto en marcha todo el proceso, con cronograma incluido”. Aseguró que la Junta efectuó consultas a su instancia superior, el Tribunal Electoral, y “no hubo ninguna observación” sobre la convocatoria efectuada por Cortés.
Abundancia de críticas
La concejal Wallace, en cambio, señaló que además del pedido de revocatoria prepara una impugnación contra lo actuado por la Junta Electoral que presentará la próxima semana, y descontó que se avecina una “catarata” de acciones judiciales.
Dijo que en su caso la vía elegida sería un “prohibimus” ante el STJ, en la búsqueda de que “sea el poder judicial el que ordene al intendente que se abstenga de realizar el referéndum”. El principal argumento, aunque hay otros, es que el Ejecutivo no tiene atribuciones para convocarlo por cuenta propia y sólo puede hacerlo el Concejo Municipal.
Wallace dijo que la multiplicidad de preguntas es otra irregularidad, ya que la Carta Orgánica en su articulo 63 habla de “el tema sometido a referéndum”, sin plurales. De modo que no hace falta una regulación específica para entender que la consulta debe ser por un único tema.
“Hay vulneración de derechos de la ciudadanía -opinó-, pero también de nosotros como concejales. Creo que no es un error inocente, hay mala fe. Hay un intento de Cortés de hablar de esto para que no se hable de otras cosas”.
La batalla particular con el Soyem
Entre quienes encararon una pulseada propia contra el referéndum se encuentra el Soyem, cuyos dirigentes están eximidos de tareas en el municipio bajo la figura de la licencia gremial y Cortés quiere dejar de pagarles el sueldo. Ya lo intentó por ordenanza pero estuvo lejos de lograr los votos. También la Justicia Laboral lo obligó a retroceder y abonar los haberes retenidos desde diciembre.
El secretario adjunto del sindicato, Juan Ivanisevich, dijo que la impugnación que ya formularon en instancia administrativa “va a terminar en la Justicia”. El objetivo del Soyem es impedir que el pago de sus sueldos sea sometido a referéndum.
Recordó que ya propuso lo mismo en un proyecto de ordenanza que fue rechazado por amplia mayoría en el Concejo.
Agregó que la consulta que Cortés aspira a incluir en la boleta dice textualmente “dejar de pagar el sueldo a los dirigentes del Soyem y adecuar el régimen de licencias conforme a ley de la provincia”, pero esta última frase mueve a confusión, porque el votante está desinformado y no sabe que allí caerían varias licencias vigentes por Estatuto que son “un derecho adquirido”.
La CTA también comunicó al intendente, al Concejo y a la Junta Electoral su rechazo al referéndum por “vicios de nulidad absoluta e inconstitucionalidad”. Señaló que cita “normativas obsoletas y derogadas”, promueve obras “sin contemplar los correspondientes estudios de impacto ambiental” y desconoce la competencia del Concejo.
La central sindical opinó que el referéndum “afecta la institucionalidad democrática” y está viciado de nulidad “por incompetencia, ilegalidad y desviación de poder”.
La Asociación Árbol de Pie también promueve una revocatoria y dijo que el llamado a referéndum en esos términos “induce a la ciudadanía a desobeceder un fallo judicial” que impide remover los pinos de la Costanera. También observó que “por medio de la opinión de ciudadanos desprevenidos busca pasar por alto estrictas normas de preservación” de áreas protegidas.
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