Una pequeña comunidad salteña se enfrenta a una multinacional de Estados Unidos

La empresa, que factura cerca de u$s18.000 millones anuales y tiene una fuerte presencia en la Argentina, opera a través de dos segmentos principales como son los de Food and Support Services United States (FSS Estados Unidos) y Food and Support Services International (FSS Internacional).

En ambas áreas, el holding proporciona servicios de alimentación y bebidas, incluidos el catering y venta al por menor, y servicios de instalaciones, incluidas operaciones y mantenimiento de plantas, custodia, limpieza, jardinería y otros servicios.

Si bien su mercado principal es Estados Unidos, tiene sucursales en 15 países en los cuales, conjuntamente, emplea a 266.680 trabajadores.

A nivel local, el año pasado anunció nuevos planes de inversión y expansión para mantener su crecimiento en cantidad de clientes y colaboradores que logró en los últimos dos años ya que sus ejecutivos consideran a la Argentina como un importante mercado para la región.

Pelea dispar

Sin embargo, en las últimas semanas, la compañía viene siendo noticia al estar envuelta en un conflicto que está generando tensión social en una pequeña comunidad del norte argentino.

Más precisamente, en Tolar Grande, que se encuentra en la provincia de Salta, específicamente en el departamento de Los Andes, en la región de la Puna. Se trata de un pequeño pueblo, cabecera de un circuito turístico de la zona, y se ubica a una altura de aproximadamente 3520 metros sobre el nivel del mar y su población no supera los 200 habitantes.

En esa comunidad, se presentó una denuncia por una presunta maniobra empresarial que podría derivar en la paralización de la actividad minera en varias localidades de la provincia.

En la demanda se involucra a varias empresas como Mansfield Minera, a cargo del proyecto Lindero, que adjudicó el servicio de alimentación a Central Andino SRL, una empresa que, según los denunciantes, no tiene antecedentes legales en la provincia y que estaría vinculada directamente a la multinacional Aramark.

Según consta en registros oficiales, la empresa fue creada después del anuncio a la comunidad, en aparente violación de la Ley provincial N.º 7645 de Compre y Contrate Trabajo Salteño.

Empresa «fantasma»

La decisión encendió la alarma en Tolar Grande, una comunidad que históricamente ha defendido el desarrollo productivo con base local, teniendo en cuenta que la adjudicación del contrato a una firma sin raíces en la provincia dejó en la incertidumbre laboral a casi 100 familias que trabajan en el servicio de comedor y alimentación del campamento minero.

Ante esta situación, Gerónimo Arjona, diputado justicialista por el departamento de Los Andes, pidió la intervención de la Secretaría de Minería y del gobierno de la provincia para asegurar el cumplimiento de la legislación.

«Si no consensuamos entre autoridades y organismos, esto puede perjudicar mucho a la gente del territorio. Lo que buscamos es que el desarrollo minero deje beneficios reales en la zona», sostuvo el referente político.

Asimismo, la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), seccional Salta, se declaró «en estado de alerta» y emitió un comunicado donde rechaza el accionar de Mansfield y expresa su solidaridad con la comunidad afectada.

«Estamos evaluando medidas concretas para resguardar la licencia social que tanto trabajo llevó construir en localidades como Tolar y donde se pone en riesgo el bien más preciado: el trabajo de nuestros representados», señaló Eduardo Gerónimo, Secretario General del gremio.

Por su parte, la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) expresó su acompañamiento a las comunidades mineras y advirtió que «no permanecerá indiferente ante una decisión empresarial que, de no rectificarse, podría escalar a manifestaciones masivas e incluso, a un paro minero provincial».

«Floja de papeles»

Según destacan los denunciantes, la ley salteña vigente exige que los proveedores adjudicados en obras y servicios tengan al menos dos años de actividad registrada en la provincia, tributen impuestos locales, tengan sede en Salta y estén inscriptos como proveedores.

En la demanda se acusa a Central Andino SRL de no cumplir con ninguna de estas condiciones al momento de lograr la adjudicación del contrato.

De hecho, se hace mención a una norma publicada en el Boletín Oficial, en la cual se observa que la empresa fue registrada legalmente cuatro días después del anuncio a la comunidad.

Al respecto, varias organizaciones sindicales y representantes locales sostienen que se trata de una maniobra para «disfrazar» el supuesto desembarco de Aramark, que es la actual prestadora del servicio de alimentación en la mina Veladero (San Juan), como una firma local, «con el único fin de eludir la normativa de compre local y desplazar a proveedores salteños legítimos».

Referentes de la comunidad sostienen que esta decisión desconoce años de diálogo y compromiso entre pueblos originarios, trabajadores y empresas para desarrollar proveedores locales en zonas alejadas y vulnerables.

Los denunciantes también advierten que este caso expone nuevamente a Aramark, «que pese a su prolongada presencia en el país, ha sido señalada en reiteradas ocasiones por no integrar proveedores locales ni mostrar un compromiso claro con el desarrollo territorial, contradiciendo así los principios de la minería moderna vinculados al respeto, la transparencia y la sostenibilidad».

Otro conflicto antiguo

De hecho, en noviembre del año pasado, Aramark se vio envuelta en otro caso de conflicto cuando los gremios advirtieron sobre su posible salida de la Argentina.

El aviso lo dieron las autoridades de la Seccional Norte de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA).

Mediante una solicitada, mostraron su preocupación por la posible contratación de esta empresa por parte de una automotriz radicada en la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta las versiones que suponen el retiro de Aramark del mercado local.

«Transmito en nombre propio, de la comisión ejecutiva y de los 130 trabajadores gastronómicos afectados al servicio del comedor, la gran preocupación que existe al tomar conocimiento de rumores que dan cuenta de la posible contratación de la empresa de origen multinacional Aramark», se advirtió en aquel momento en el comunicado del sindicato que firma Fabián Agüero, secretario general de UTHGRA, Seccional Norte.

El documento, que llevaba el título de «Alerta y Movilización», asegura que la salida de Aramark del mercado local «es de público conocimiento» y la compara con lo que ya hicieron otras empresas extranjeras que participan del mismo negocio de servicios gastronómicos como Compass y Sodexo, «siendo también de público conocimiento que la empresa estaría a la venta a nivel mundial»