La decisión que están adoptando importantes empresas de cerrar sus establecimientos en municipios de distintos lugares del país que castigan a sus contribuyentes con tasas exorbitantes sin ninguna contrapartida debería hacer reflexionar a las autoridades comunales.
En las últimas semanas, tanto Mercado Libre como varias entidades bancarias de primera línea han tomado medidas para enfrentar los impuestos distorsivos que inciden negativamente en sus costos, de las cuales deberían tomar debida nota gobernadores provinciales e intendentes que aspiren a ver crecer las inversiones en sus distritos.
Resultó particularmente drástica la determinación de Mercado Libre de dejar de operar en sus oficinas de la ciudad de Córdoba como consecuencia del negativo impacto de las tasas municipales. Resolvió implementar el trabajo remoto para la totalidad de sus empleados en esa capital provincial. Justificó tal medida en que el monto de dinero que le insumían las tasas del municipio (770 millones de pesos por mes) era equivalente al costo de casi 24 alquileres de su oficina de 1800 metros cuadrados en el centro de la ciudad.
La empresa que lidera Marcos Galperin sostuvo que el monto que tributa en Córdoba es “desproporcionado”, además de ser “el más alto en comparación con otras localidades con operaciones similares”. En tal sentido, explicó que en la ciudad de Santa Fe abona en concepto de tasas un tercio y en Rafaela, apenas el 10% del costo que afronta en la capital cordobesa, al tiempo que en la ciudad de Buenos Aires está exenta de pagar esas tasas.
Días atrás, la empresa también anunció que invertirá 65 millones de dólares en un nuevo centro de almacenamiento en el partido bonaerense de Tres de Febrero, donde empleará a 400 personas. Particularmente relevante es que la decisión de Mercado Libre de inclinarse por ese municipio no solo obedeció a la ubicación estratégica que tendrá el complejo, sino también a sus ventajas tributarias, ya que las tasas de seguridad e higiene van del 0,4% al 0,8%, cuando el promedio de las intendencias de la provincia aplican tasas del 3%, que en algunos casos, como Lanús, llegan al 6%.
No hace mucho tiempo, también el Banco Nación fue noticia cuando notificó el cierre de sucursales en el partido de La Matanza por sus elevadas tasas municipales. Justamente, las cuatro cámaras que agrupan a las entidades financieras (Adeba, ABA, Abappra y ABE) emitieron un documento crítico sobre las altas tasas municipales y el impuesto a los ingresos brutos que, a su juicio, limitan el acceso a los servicios financieros. Sostuvieron que esos gravámenes “se encuentran en niveles récord como consecuencia de los aumentos observados en los últimos tiempos y constituyen un serio limitante para la expansión del crédito y la sustentabilidad de la presencia de las sucursales bancarias”.
Tanto las tasas municipales como el impuesto a los ingresos brutos son algunos de los gravámenes que, lejos de estar al servicio de la promoción del desarrollo productivo y de la inversión y generación de empleos, son un verdadero obstáculo para el crecimiento económico
Los bancos se sumaron, así, a la campaña que alienta el gobierno nacional contra los impuestos subsoberanos, que no hacen más que agigantar el costo argentino y desalentar la economía formal, al tiempo que exhortaron a los gobiernos provinciales y municipales a llevar adelante medidas que estimulen el financiamiento de la producción y la generación de empleo en la Argentina a partir de impuestos razonables y no distorsivos.
Esta advertencia se registra en momentos en que algunas provincias están incrementando el impuesto a los ingresos brutos, considerado por numerosos especialistas en cuestiones tributarias “el peor de todos los impuestos”, por su carácter distorsivo. Uno de sus mayores defectos pasa por su efecto cascada: como se aplica en cada etapa de producción y comercialización, sin que se descuente lo abonado en las anteriores, el impuesto se acumula, complicando la vida económica.
Tanto las tasas municipales como el impuesto a los ingresos brutos son algunos de los gravámenes que, lejos de estar al servicio de la promoción del desarrollo productivo y de la inversión y la generación de empleos, son un verdadero obstáculo para el crecimiento económico.
La simplificación tributaria, al igual que la transparencia fiscal por la que tanto han bregado organizaciones no gubernamentales como Lógica, y la derogación de impuestos distorsivos serían una de las mejores contribuciones que podrían hacer las autoridades provinciales y municipales para la previsibilidad económica. Claro que, para eso, es imperioso que nuestra dirigencia entienda que ha llegado el momento de que los ajustes dejen de ser cargados sobre el común de la gente y alcancen fundamentalmente a la política.
Lo positivo de las últimas semanas es la conciencia que relevantes actores económicos están exhibiendo para exigir la reducción de la insoportable presión tributaria y que, poco a poco, gane terreno la idea de una competencia tributaria entre municipios para seducir al capital, en lugar de seguir ahuyentándolo y combatiéndolo.
LA NACIÓN