La propuesta establece obligaciones concretas para todas las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones que posean infraestructura operativa en territorio bonaerense. Según el articulado, estas compañías deberán diseñar, implementar y mantener actualizado un Plan de Contingencia, el cual será supervisado por una autoridad de aplicación que designará el Ejecutivo provincial.
“El proyecto busca que las empresas operadoras elaboren planes de contingencia adecuados, notifiquen a las autoridades y usuarios ante incidentes, y cooperen con el Estado en la respuesta a crisis”, sostuvo Vargas. Además, advirtió que “la ausencia de un marco legal específico coloca a la población y a las instituciones bonaerenses en una situación de vulnerabilidad”.
Dentro de los requisitos mínimos que deberá contemplar cada plan, el texto incluye un análisis de riesgos, estrategias de respaldo, protocolos de respuesta ante incidentes, tiempos estimados de recuperación, mecanismos de comunicación en emergencias, simulacros periódicos y auditorías anuales.
A su vez, el proyecto establece que al menos el 80% de las estaciones base y nodos críticos de cada empresa deben contar con fuentes de energía de respaldo que garanticen una autonomía mínima de 72 horas, al tiempo que exige la incorporación de conectividad redundante, independiente del tendido principal, y de protocolos automáticos que aseguren la priorización del tráfico en contextos de emergencia.
En la fundamentación del proyecto, Vargas afirmó que “las telecomunicaciones juegan un papel esencial en la vida diaria, el funcionamiento institucional y la economía”, y que contar con estos servicios es “aún más necesario en momentos excepcionales”. En ese marco, la normativa busca minimizar al máximo las interrupciones del servicio y proteger a la población frente a eventos que afecten la conectividad, como ocurrió en Bahía Blanca tras las inundaciones del 7 de marzo pasado.
En ese sentido, este Régimen de Contingencia propone facilitar la rápida recuperación de los servicios afectados, establecer procedimientos operativos claros, preservar la integridad y confidencialidad de las redes, y fomentar una cultura organizacional preparada para responder ante contingencias.
Por otro lado, el proyecto de Vargas también contempla incentivos fiscales para las empresas que incorporen tecnologías sustentables o energías limpias en la implementación del régimen. En paralelo, la autoridad de aplicación, determinada por el Gobierno bonaerense, asumirá la responsabilidad de aprobar los planes de contingencia, fijar los requisitos técnicos, fiscalizar su cumplimiento, realizar auditorías e inspecciones, y aplicar sanciones ante eventuales incumplimientos.
Entre sus atribuciones, la administración provincial también deberá fijar el valor de la unidad fija, que servirá como base para calcular las sanciones. El régimen prevé apercibimientos, multas de hasta 10.000 unidades fijas, suspensiones del servicio y, en casos graves, la inhabilitación definitiva para operar en la provincia, siempre con garantías de debido proceso, derecho a defensa y presentación de pruebas.
Por último, Vargas insistió en que el Estado bonaerense necesita herramientas eficaces para ejercer un control real, exigir estándares mínimos de calidad y sancionar a los prestadores que no cumplan sus obligaciones. “El fortalecimiento de la resiliencia digital no sólo protege derechos fundamentales, como el acceso a la información, sino que también contribuye al desarrollo sostenible y la gobernanza moderna”, concluyó el senador.