
Un profundo cambio sacude las prácticas judiciales; aparecen debates éticos y de privacidad
En los 2000, Steven Spielberg imaginó Minority Report, una película −basada en un relato de Philip Dick− sobre una fuerza policial que predecía quiénes iban a ser los delincuentes y los detenía antes del delito. El sistema fracasó y hubo que liberar a todos los detenidos.
Veinte años mas tarde, el cine español perfeccionó la idea con Justicia Artificial, donde el Estado decide reemplazar a lo jueces por algoritmos, para dictar sentencias mas justas, sin sesgos, sin prejuicios, sin corrupción.
Hoy la Inteligencia Artificial generativa no dicta sentencias, pero podría hacerlo. “La inteligencia artificial podría impartir justicia. La máquina podría decidir, pero culturalmente, socialmente, no es posible en este momento de la historia. Podría hacerlo con limitaciones, porque somos una sociedad preparada para que los humanos decidan”, explica a LA NACION Juan Corvalán, el director del laboratorio de IA de la UBA.

Corvalán fue juez, es doctor en Ciencias Jurídicas, tiene un máster en Inteligencia Artificial y creó con otros científicos Prometea, el primer sistema de inteligencia artificial predictivo que podía redactar sentencias ya en 2017, fecha que hoy asoma como la era de los dinosaurios en una disciplina donde las herramientas se actualizan semana a semana.
Corvalán creó el sistema de inteligencia artificial predictivo en la Corte Constitucional de Colombia y desafía a los incrédulos acerca de que la máquinas ya juzgan con un ejemplo sencillo: el sistema de fotomultas.

Una inteligencia artificial hoy ya saca una foto de un vehículo cruzando un semáforo en rojo, elabora un acta de infracción y la envía al automovilista. Los algoritmos hoy ya deciden quién es un infractor. El controlador impone el castigo. Las decisiones sustanciales o primarias, por ejemplo, si el imputado en un proceso debe quedar libre o preso, la decide una persona, pero los asuntos de mero trámite pueden manejarse con IA, dice Corvalán.
En el mundo judicial, la inteligencia artificial ya está tallando. “Un estudio jurídico hoy quedó tan obsoleto como un Blockbuster”, afirma Corvalán para dar una idea del desarrollo de la IA como auxilio de los abogados, que ahora deben pensar no solo en darle una solución al cliente, sino en la calidad de esa solución.
En el Poder Judicial, la IA se abre camino con timidez, con proyectos de la Corte y del Consejo de la Magistratura, pero se pone en práctica de abajo hacia arriba por iniciativa de empleados, técnicos y jueces entusiastas, ya sea usando las herramientas más comunes, como ChatGPT o LM Notebook o con desarrollos propios.
El panorama es distinto en el sector privado. En los estudios jurídicos más importantes ya hay herramientas propias para la gestión de procesos, por ejemplo en casos de reclamos administrativos (derecho al consumidor) y con protocolos para usar las herramientas comerciales, sin poner en riesgo el secreto profesional.
Pero aún hay miedos y reservas: la necesidad de mantener en secreto los nombres de las personas y de las empresas requieren el uso de “anonimizadores” para que en los documentos que se suben a ChatGPT, por ejemplo, las identidades se reemplacen por códigos.
En la Universidad Católica Argentina, en el Centro de Investigación Jurídica, están analizando desarrollar estos “anonimizadores” para auxiliar a los abogados, cuenta el ingeniero Hernán Mariño.
En el Poder Judicial se elaboraron herramientas de automatización que no llegan a ser una IA, pero en lo estudios jurídicos mas importantes ya se desarrollan herramientas propias de IA. Siglo XX vs. siglo XXI.

“Siempre fue al revés: si el delincuente tenía un cuchillo, el policía una pistola. Hoy, los abogados tienen una Uzi y nosotros un palo mojado”, graficó Mariano Mestola, director de la Secretaría de Informática de la Cámara Civil.
El juez civil Gustavo Caramelo, apasionado de este tema, dijo a LA NACION que “no se debe usar con esta herramienta con fines decisionales y si como un auxiliar, un secretario, un copiloto”.
“Hay que desterrarlo como una posibilidad real. Sería un error enorme que le demos facultades decisionales a la IA. Le podemos pedir que elabore algún documento básico en base a datos, analizar grandes volúmenes de información, analizar testimonios, peritajes, eso facilita el trabajo”, señala el juez.
Así, por ejemplo, en un caso de desalojo de numerosos familias de un complejo habitacional, la IA puede analizar la situación de cada uno, segmentarlos por ingresos, hijos y tomar decisiones sobre esa información.
En la Cámara Civil están desarrollando un protocolo para usar las herramientas comerciales como ChatGPT o Gemini o sistemas de transcripción de audiencias.
Mestola desarrolló con su equipo sistemas de automatización que no llegan a ser una IA, pero se le parecen. Así los jueces que quieran pueden usarlos para generar de manera automática una regulación de honorarios de los abogados, redactar primeros autos de ejecución de expensas o el despacho de inicio de sucesiones.
“Aún hay resistencia, el avance es lento, pero se da”, explica Mestola. La IA ya se usa en la justicia de la ciudad de Buenos Aires, en San Luis, San Juan, Neuquén, Chubut y Santa Cruz.
En la justicia civil, el problema es el volumen de escritos que es necesario gestionar: 4.527.000 en 2024. Por eso, los empleados usan de manera casera ChatGPT, como condensadores de ideas, como ayuda.
Méstola cuenta que −por ejemplo− la IA ya resuelve cuestiones de menor cuantía en el ámbito privado en los reclamos de Amazon, sobre disputas comerciales relacionadas con problemas en la entrega de un producto. Y con alto grado de satisfacción.
“Yo creo que no existe una IA que resuelva un caso que reemplace completamente la decisión humana”, señala. Y da como ejemplo el caso de una audiencia donde una mujer había perdido sus miembros y reclamaba civilmente. Contó que lo que más sufría no era la pérdida de sus brazos, sino que no podía abrazar a sus hijos. “Esta ponderación del daño no la puede calcular una IA”, señala Méstola, aunque afirma que la IA podría resolver casos de juicios ejecutivos en los que el demandado no se presenta.
En la Corte y en Consejo de la Magistratura están en aprestos. En el máximo tribunal están pasando de lo analógico a lo digital, del papel al expediente digital, la firma y la matrícula digital. En modo de prueba, usan ChatGPT y Copilot. Están pensando en protocolos para su uso.
Asimismo, desarrollaron un software interno para dar asistencia en el área de jurisprudencia, traducir fallos y buscar en la biblioteca. “Nunca se va eliminar el factor humano”, dicen en la Corte.
En el Consejo de la Magistratura se trabaja con el aporte de los consejeros y con las áreas técnicas sobre tres proyectos: un asistente virtual de IA en modo beta para empleados judiciales y abogados sobre el funcionamiento del sistema de gestión judicial LEX 100, que se conocerá en dos semanas; una herramienta de transcripción de audiencias y desgrabaciones, y buscadores de jurisprudencia con IA para interpretar la búsqueda.
Corvalán dice que estamos en una etapa inédita de la humanidad: por primera vez el conocimiento es empujado desde abajo hacia arriba en las organizaciones y la tecnología está disponible. Solo hay un gran desconocimiento de cómo usarla.
“En los 80 el problema era acceder a una PC, en los 90 la conectividad de internet, en los 2000 y ahora está disponible esta tecnología, pero no la usamos en todo su potencial. Esta tecnología es el nuevo Word, la nueva plataforma para todo nuestras tarea”, explica Corvalán.
Avances en el sector privado
Lo estudios jurídicos llevan la delantera. El abogado puede saber cómo falló determinado juzgado en los últimos diez años sobre determinados conflictos. Por ejemplo, cuánto fijó como indemnización, en promedio, por una fractura de tibia y peroné.
La empresa Thompson Reuters está desarrollando herramientas que ayudan a un abogado a redactar demandas en pocos minutos y no en horas. Lo mismo puede hacer ChatGPT con el prompt adecuado, citando las fuentes jurisprudenciales.
Rodrigo Hermida, vicepresidente Legal Professionals LatAm Thomson Reuters, contó que el sistema CoCounsel es un asistente de inteligencia artificial generativa de nivel profesional que comprende y ejecuta tareas jurídicas complejas a gran velocidad, permitiendo a los profesionales dedicarse al análisis estratégico y asesoramiento de alto valor agregado.
Interactúa con productos de OpenAI, Anthropic y Google, dependiendo de la aplicación más adecuada. Con acceso a través de un servidor privado, no se utilizan datos, prompts o documentos del cliente para entrenar los sistemas, lo que mantiene la información del cliente protegida. Thomson Reuters prepara el lanzamiento de CoCounsel en Latinoamérica.
En la firma analizan que el 80% de los estudios de abogados a nivel mundial creen que la IA tendrá un impacto alto o transformador en su trabajo en los próximos cinco años. Pero solo el 22% tiene una estrategia de IA visible.
La IA no requiere saberes de experto, la barrera de acceso es baja, está preparada para una narrativa de la verdad jurídica y es una manera de “comoditizar” el conocimiento, explica Corvalán.
En los estudios
Con la IA aplicada al derecho ya se está trabajando en los más importantes estudios jurídicos del país. Marval O’Farrell Mairal es el estudio más grande de Argentina y Latinoamérica. Ocupa un edificio entero en las torres de Retiro con vista al río y alberga a más de 300 profesionales especializados en diferentes áreas del derecho.
Gustavo Giay, uno de los socios del estudio, especialista en derecho y tecnología, contó cómo fue el proceso a LA NACION. Dijo que desde 2013 vienen trabajando sobre la oportunidad de trasformaciones que genera la tecnología, y la introducción de una cultura digital en el estudio. Lo incluyeron en el plan 2023, para festejar los 100 años del estudio, con la idea de capturar nuevas oportunidades.
En ese año se hicieron proyectos de automatización y mapeo de procesos internos para optimizar la gestión en un área de “operaciones legales” para ganar en eficiencia. Así que cuando llegó la inteligencia artificial generativa ya estaban listos culturalmente y con vocación para la innovación.
La inteligencia artificial generativa se incorpora de dos maneras −explica Giay−. Una forma es con las soluciones como Copilot, Gemini, Harvey, que es una IA específica para abogados, y ChatGPT, entre otros. Se usan con protocolos y políticas para no violar la reserva con los clientes.
Y la otra manera es a través de una plataforma propia de automatización de procesos y de generación automática de documentos para casos administrativos. Más adelante, indica, podrá trabajar con casos judiciales. Se llama Settler y permite ofrecer a los abogados del estudio soluciones en tiempo real para los clientes.
El sistema está en uso desde 2020 y ya trabajó en 3800 casos y realizó 25.000 tareas automáticas. Aumentó por cinco el número de casos que se podían trabajar con la misma cantidad de personal y redujo a la mitad el tiempo de gestión, explica Giay. Este sistema se usa en reclamos de consumidores y accidentes con compañías de seguros.
Los próximos pasos son trabajar con la herramienta para que pueda analizar la jurisprudencia del fuero laboral y crear agentes de inteligencia artificial para chatear con la base de datos de la biblioteca del estudio, de modo de hacer búsquedas no por palabras, sino inteligentes. Una especie de ChatGPT interno.
Gonzalo Ruiz Díaz, del estudio Pasbba, especialistas en derecho empresario, comenta que en con la ayuda de un consultor en tecnología están trabajando en la implementación de estas herramientas. Y menciona que han desarrollado una plataforma de gestión de contratos, con alarmas sobre vencimientos y actualizaciones. De todos modos, advierte que la herramienta no podría reemplazar 100% a un abogado. La injerencia del profesional, resalta, siempre será mayor. Aunque, más temprano que tarde, sí impactará en el trabajo de todos los abogados.