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Aprincipios de este año, el Gobierno del presidente Javier Milei modificó las normas que rigen el Fondo Fiduciario de Servicio Universal (FSU), en el marco de una política orientada a mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos y la transparencia en su gestión.
La llamada Ley Bases le dio marco al establecer nuevas condiciones y marcos en varios sectores productivos y de servicios de la Argentina y declarar la emergencia económica, financiera, administrativa por el plazo de un año, delegando en el Poder Ejecutivo las facultades que la misma disposición establece.
La norma le permitió al Poder Ejecutivo Nacional modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar organismos de todas las áreas de gobierno, tal como se observa durante estos dos últimos días y teniendo en cuenta que el plazo de vigencia de la Ley Bases está cerca.
A partir de ese proceso, las autoridades libertarias ya dieron de baja más de una decena de esos fondos como parte de su política de ajuste fiscal, que también abarcó a varios organismos que fueron cerrados o fusionados por orden del presidente Javier Milei.
Pero en el caso de las telecomunicaciones, el escenario es, por ahora, lejano a los peligros de la «motosierra» libertaria, ya que se decidió mantener vigente al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), cuya intervención fue prorrogada hasta enero del 2026.
También se tomaron otra serie de medidas para continuar regulando el sector, pero con ciertas modificaciones como el parcial cierre del Fondo del Servicio Universal (FSU) y la derogación del Decreto 690, con el cual el ex presidente Alberto Fernández intentó controlar las tarifas y la rentabilidad de las operadoras de telecomunicaciones.
En el caso del fondo, que fue creado bajo la Ley 27.078, se detectó que varios programas asociados carecían de instrumentos que justificaran su continuidad y no cumplían con los objetivos estipulados.
De todos modos, se mantuvo el acceso al Servicio Universal, al igual que la obligación de realizar los aportes de inversión previstos por parte del ENACOM y el pago al fondo que deben seguir realizando empresas como Telecom, Movistar y Claro.
Determinación polémica
Pero la decisión oficial de dar de baja ese instrumento trajo confusión al sector, al punto que el grupo español dueño de la marca Movistar hizo una presentación para dejar de aportar ese dinero, entendiendo que la medida de disolver el fondo fiduciario le permitía tomar esa medida.
Sin embargo, el ENACOM dejó en claro que siguen vigentes las obligaciones de los fiduciarios de los fondos, «con el fin de asegurar la coordinación y producción de información, así como la ejecución de los actos relativos a la administración de la disolución y posterior liquidación…»
De esta forma, el FSU sigue siendo financiado por las operadoras y el Gobierno lo sigue usando para garantizar el acceso a la conectividad en áreas rurales o de baja densidad poblacional, donde no era económicamente viable para las compañías.
Algunos aseguran que permitió conectar a miles de barrios populares en todo el territorio nacional mediante proyectos impulsados por el ente y que permite sostener a pequeñas y medianas empresas y cooperativas que ejecutaban estas obras, generando empleo local y promoviendo el desarrollo regional.
En la actualidad, el FSU acumula fondos por $200.000 millones, que seguirán utilizándose en financiar programas lanzados por el ENACOM para garantizar el servicio universal en los términos del artículo 18 de la Ley Argentina Digital.
Nuevo programa
En este sentido, el organismo acaba de publicar la Resolución Sintetizada 951/2025 en el Boletín Oficial de la Nación, para explicar cómo va a utilizar $60.000 millones del FSU para desarrollar un nuevo plan de conectividad en áreas donde las grandes operadoras no participan.
Lo hará mediante el llamado Programa «Red Mayorista Neutral», al que se le asignaron esos fondos que provienen de los aportes de las grandes operadoras con el objetivo de facilitar el despliegue de una nueva infraestructura, como así también el acceso a la conectividad mediante la tecnología 5G, en zonas desatendidas o con redes limitadas.
«Por primera vez, se adoptará un modelo de gestión que elimina los subsidios sin control, incorporando mecanismos estrictos de fiscalización que permitirán medir con precisión el despliegue y funcionamiento de las obras», aseguran fuentes del Gobierno a modo de justificación del programa.
Agregan que se desarrollará con herramientas de trazabilidad y auditorías permanentes, asegurando transparencia, eficiencia y rendición de cuentas en cada etapa del proceso.
En cuanto al proceso, se llevará a cabo a través del financiamiento y/o entrega de equipamiento de red y/o software, destinado a licenciatarios de servicios de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), con registro de Servicios de Comunicaciones Móviles (SCM), Servicios de Telecomunicaciones Fiables e Inteligentes (STeFI) y/o de Valor Agregado de acceso a Internet (SVA/SVA-INT).
Red de uso compartido
El proceso forma parte del Plan Nacional de Infraestructura Crítica de Comunicaciones, que fue aprobado por la Resolución N° 359/2025 del ENACOM para expandir la cobertura de redes de conectividad de alta capacidad, especialmente las basadas en tecnología 5G, en zonas desatendidas mediante el financiamiento total o parcial en la adquisición de equipamiento necesario para la instalación de nodos de red o despliegue de redes de última milla.
De igual modo, se intentará impulsar el despliegue de una Red Mayorista Neutral, sustentada en principios de apertura, interoperabilidad y uso compartido, que permita optimizar recursos, facilitar la entrada de nuevos actores y mejorar la eficiencia del ecosistema TIC.
Otro de los objetivos del plan será el de reducir la brecha digital a través de la provisión de conectividad accesible y de calidad, asegurando igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios digitales esenciales mediante el despliegue de redes de última milla.
«La idea es también estimular la inversión público-privada y la cooperación institucional, mediante esquemas de cofinanciamiento y mecanismos que favorezcan la participación de cooperativas, MiPyMEs y operadores regionales«, explicaron fuentes oficiales.
Del mismo modo, entienden que el plan podrá mejorar la calidad de los servicios de comunicaciones móviles y/o de internet fija en áreas con deficiente cobertura o saturación de redes, mediante la instalación de nodos 5G y la modernización de la infraestructura existente. De este modo, los funcionarios del ENACOM entienden que se asegura la inclusión digital de comunidades vulnerables o geográficamente aisladas, fortaleciendo el desarrollo económico, social y educativo en todas las regiones del país.
También sostienen contribuir al desarrollo federal del sistema de telecomunicaciones, «apoyando el acceso equitativo a redes de nueva generación en todo el territorio nacional, así como fomentar el despliegue y la extensión de la REFEFO, creando nuevos puntos de acceso, ampliando su capacidad y actualizando su equipamiento de conformidad con lo dispuesto en el Plan Nacional de Infraestructura Crítica de Comunicaciones».
Con tecnología 5G
En el anexo de la resolución publicada este martes 8 de julio en el Boletín Oficial se aclara que los destinatarios del programa son «las prestadoras de Servicios de TIC que cuenten con licencia y registros otorgados conforme lo dispuesto por la Resolución N° 697/17 del ex Ministerio de Modernización y sus modificatorias para la prestación de Servicios de Comunicaciones Móviles (SCM), Servicios de Telecomunicaciones Fiables e Inteligentes (STeFI) y/o Valor Agregado de Acceso a Internet; y que acrediten, a su vez, la efectiva prestación del servicio durante los últimos dos años».
En el caso de las líneas de financiamiento, la norma explica que los proyectos deberán estar destinados al despliegue de una red mayorista neutral «y/o el desarrollo del acceso a la conectividad mediante la tecnología 5G, en zonas desatendidas o con infraestructura limitada dentro de la Argentina».
El programa se ejecutará mediante proyectos específicos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 21 del Reglamento del Servicio Universal y se establecerán diferentes líneas a las que, de acuerdo con las características que se definan expresamente para cada una, podrán adherirse los destinatarios.
Los fondos se destinarán fundamentalmente para:
- Despliegue, extensión, ampliación o adecuación de tramos de la Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO) u otras redes de transporte mayorista, siempre que se destinen al soporte de tráfico para redes móviles 5G o para redes de última milla en zonas desatendidas o de baja densidad.
- Instalación o modernización de nodos de red y equipamiento de «core», tales como switches de agregación, routers de borde, servidores, software de virtualización y controladores de red que integren el ecosistema de una red mayorista neutral apta para servicios 5G y de acceso fijo inalámbrico (FWA).
- Adquisición e instalación de equipamiento activo y pasivo destinado a la distribución de tráfico de redes 5G bajo esquemas de uso compartido (RAN sharing), incluyendo antenas, radios, unidades de banda base y energía.
- Financiación de infraestructura y dispositivos para el acceso fijo mediante tecnología 5G, incluyendo equipos de «core», routers, terminales «CPE» (Customer Premises Equipment), antenas receptoras y diversos otros equipamientos en las instalaciones del cliente.
- Provisión e instalación de cajas de distribución y puntos de terminación de red (NID, CTO, splitters ópticos, etc.) necesarios para la expansión o densificación de redes de última milla en zonas desatendidas, bajo modalidad neutral o abierta a múltiples operadores.
- Interconexión de redes de pequeños operadores TIC (cooperativas, MiPyMEs) a redes mayoristas troncales, públicas o privadas, mediante soluciones compatibles con la neutralidad, interoperabilidad y eficiencia en el uso del espectro.
El programa se implementará mediante convocatorias públicas, abiertas y competitivas; proyectos específicos diseñados y ejecutados directamente por ENACOM, cuando se identifiquen necesidades estratégicas o situaciones de urgencia que justifiquen una intervención directa en determinados territorios o zonas priorizadas.
Según la norma, «se priorizarán proyectos que propongan una infraestructura mayorista de uso abierto para múltiples operadores e incluyan mecanismos de interconexión con la REFEFO u otras redes públicas o privadas».
La vigencia del plan será de 36 meses, a contar desde su publicación en el Boletín Oficial y/o hasta el agotamiento del monto presupuestario asignado, lo que ocurra primero