Uno propone ampliar de cinco a nueve los vocales del Tribunal Superior de Justicia y el otro busca restringir las protestas cerca de escuelas. Ambos generaron rechazo y suspicacias por su contenido y contexto político.
El primero de los expedientes fue presentado por los diputados Adriana Nieto y Pedro Luxen, y propone modificar el artículo 24 de la Ley Orgánica de la Justicia, ampliando de cinco a nueve los integrantes del Tribunal Superior de Justicia. Según los autores, el objetivo es “avanzar hacia un Poder Judicial más eficiente, ético y con paridad de género”, justificando la medida en el crecimiento poblacional y la sobrecarga de causas judiciales. En los fundamentos también se afirma que la provincia “requiere Poderes del Estado comprometidos con el cambio, que busquen afianzarse en la institucionalidad tomando distancia de acuerdos espurios, prácticas oscuras y manipulaciones políticas”.
El giro a comisiones de este proyecto se dio en un contexto de fuerte tensión institucional, tras las declaraciones del vicegobernador Fabián Leguizamón, quien días atrás sugirió públicamente la posibilidad de intervenir el Poder Judicial, afirmando que “en Santa Cruz no existe la justicia: existe para aquellos que son amigos del kirchnerismo”.
El segundo proyecto derivado a comisiones fue presentado por los diputados Fabiola Loreiro, Santiago Aberastain, José Luis Quiroga y Cristian Ojeda, del bloque Por Santa Cruz. La iniciativa lleva por título “Ley de Protección del Entorno Escolar y del Derecho a la Educación sin Interferencias” y propone limitar las manifestaciones, concentraciones y protestas en un radio de hasta 200 metros de las escuelas públicas y privadas durante el horario escolar. El texto establece sanciones para quienes incumplan la norma, incluyendo multas, apercibimientos y hasta la suspensión de permisos para organizaciones reincidentes. Además, autoriza la intervención de las fuerzas de seguridad.
Los impulsores del proyecto argumentaron que busca “preservar un ambiente escolar seguro”, mientras que desde los gremios docentes y organizaciones sociales lo calificaron como un intento de “criminalizar la protesta” en un momento de alta conflictividad laboral, reclamos salariales y denuncias por el deterioro de la infraestructura escolar. Las críticas también alcanzaron a padres y estudiantes que, en redes sociales, se expresaron en defensa del derecho a manifestarse