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Hay un caso especial que es el de Mendoza, la primera provincia del país que tuvo su propia Constitución. Los mendocinos la definieron allá por 1854, apenas un año después que la Constitución nacional, y su última reforma data de 1916, por lo que cuenta hoy con más de un siglo. Fuera de Mendoza, hay sólo tres provincias que tienen constituciones más antiguas que Catamarca: Misiones (reformada por última vez en 1958), San Juan (1986) y San Luis (1987). La de Río Negro se modificó por última vez el mismo año que la catamarqueña, en 1988, y todas las demás son más nuevas: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1996), Provincia de Buenos Aires (1994), Provincia de Chaco (1994), Provincia de Chubut (2010), Provincia de Córdoba (2001), Provincia de Corrientes (2007), Provincia de Entre Ríos (2008), Provincia de Formosa (2003), Provincia de Jujuy (2023), Provincia de La Pampa (1994), Provincia de La Rioja (2008), Provincia de Neuquén (2006), Provincia de Salta (1998), Provincia de Santa Cruz (1998), Provincia de Santiago del Estero (2005), Provincia de Tierra del Fuego (1991) y Provincia de Tucumán (2006). La nacional, como se sabe, se reformó por última vez en 1994, tras el denominado Pacto de Olivos entre Carlos Menem y Raúl Alfonsín.
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Con sus 37 años, la Constitución catamarqueña refiere a un mundo que ya no existe por los cambios sociales, demográficos y tecnológicos, y la necesidad de actualizarla no pasa sólo por una cuestión cronológica, sino que fue un punto de coincidencia de todo el arco político local. Así se expresó en 2014, cuando Lucía Corpacci presentó un proyecto de Reforma que tuvo aval general, y que sin embargo nunca se materializó. Mezquindades sectoriales, especulaciones electorales y otras yerbas, frustraron una iniciativa que más de una década después, quedó en la nada. En algún momento habrá que retomar ese debate inconcluso, porque es ya una auténtica necesidad institucional.
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