En tiempos donde la presión tributaria asfixia a empresas y ciudadanos, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán sigue exprimiendo a los contribuyentes con impuestos de dudosa legalidad. En esta ocasión, la víctima es NATURGY, a quien el municipio pretende cobrarle casi $2,8 millones en concepto de Tributo Económico Municipal (TEM), una carga impositiva que la empresa considera inconstitucional.
El conflicto surge a raíz de una Resolución de la Dirección de Ingresos Municipales (DIM), que impuso el cobro del TEM por los años 2021 y 2022, más intereses y multas. NATURGY no tardó en rechazar la medida y apeló el cargo, argumentando que este impuesto viola la Ley de Coparticipación Federal, que prohíbe a los municipios crear tributos análogos a impuestos nacionales como el IVA o Ganancias. Sin embargo, el municipio, siempre hambriento de recursos ajenos, desestimó el planteo y confirmó el cobro.
El argumento de la empresa es claro: el TEM no es una tasa, ya que no tiene una contraprestación concreta por parte del Estado, sino un simple mecanismo de recaudación compulsiva para sostener el gasto público descontrolado. Además, NATURGY sostiene que ni siquiera corresponde una multa, ya que no hubo omisión ni negligencia en sus declaraciones fiscales.
Pero el municipio no quiere dejar pasar la oportunidad de seguir recaudando a costa del sector productivo. La Asesoría Legal de la Secretaría de Ingresos Municipales dictaminó que el cobro es “correcto”, apelando a la autonomía municipal consagrada en la Constitución de Tucumán. Es decir, el argumento es el de siempre: el Estado se arroga el derecho de sacarle dinero a los privados simplemente porque puede hacerlo.
Finalmente, la intendente Rossana Chahla rechazó la apelación de NATURGY y ordenó el pago de la deuda. En otras palabras, el municipio reafirma su derecho a seguir parasitando sobre quienes producen, en lugar de reducir su gasto y aliviar la carga tributaria de los tucumanos