El Gobierno recién evalúa un diseño de apertura de la negociación. El gran obstáculo: cómo aplicar el último censo. El relevamiento tiene un masivo rechazo de los intendentes.
El nuevo régimen de coparticipación de impuestos para los municipios rionegrinos, anunciado por el gobernador Alberto Weretilneck en la Legislatura, tiene un largo camino por delante. No existen aún borradores y, en principio, aparece un obstáculo por salvar: el uso de los registros del censo del 2022.
Los intendentes cuestionan -mayoritariamente- esos resultados y, en consecuencia, se resistirán a su aplicación directa como criterio directo para la nueva distribución.
Un repaso censal indica que seis municipios figuran con menos población que el último relevamiento y otros catorce están por debajo del crecimiento provincial, que fue del 17,5%. De las restantes 19, unos cinco evidencian un alza por arriba del 30% de la media, y se posicionan como los más favorecidos en la negociación que se viene. El resto sobrepasa la línea general, algunos ajustadamente.
La cifra de habitantes es la base de la asignación de la coparticipación provincial, a pesar de que el actual mecanismo se simplificó en una fórmula -que contiene también una cuotaparte igualitaria- y se estableció un índice de transferencia para cada uno de los Estados locales.
La Provincia otorga recursos a los municipios por la participación de los ingresos por los impuestos nacionales y provinciales. Otra parte se corresponde con las regalías hidrocarburíferas, que tendrá su propia discusión técnica y política.
Por la coparticipación, en el 2024, el Estado rionegrino derivó más de 176.000 millones de pesos, entre las 39 intendencias.
Esta suma equivale a 234.874 pesos anuales por habitante, considerando que Río Negro suma 750.768 pobladores, según el cuestionado censo 2022. Ese cruzamiento por localidad arroja, entre las que más crecieron, que Fernández Oro y Dina Huapi reciben unos 136.000 y 188.000 pesos por poblador. Esa relación se triplica o cuadruplica en otros casos.
Gobierno y Hacienda recién cumplen tareas preliminares, con estudios del impacto que arrojaría la implementación del censo.
Los jefes comunales arrastran datos del padrón electoral en sus cuestionamientos.
La cartera política utilizó esa compulsa para un ensayo del reparto para las comisiones de Fomento, con una proyección de los envíos por el trabajo del Indec y otro comparativo con la nómina de electores. Esa prueba podría tratarse de una evaluación para la coparticipación municipal.
El gobernador adelantó esta discusión en su mensaje de la apertura legislativa.
No existen borradores gubernamentales. Pasará un tiempo hasta la convocatoria a los intendentes, que están inquietos y ansiosos. El anticipo de la negociación planteada por Weretilneck respondió esencialmente a esos estados. “Habrá perdedores y ganadores”, lanzó.
“Hay municipios que crecieron mucho, como El Bolsón y Fernández Oro, y piden que se actualicen los índices de distribución con los datos del censo de hace dos años atrás”, explicó esta semana en una entrevista radial mientras acepta que hay “gobiernos locales que no aceptan. Esa es la discusión”.
Admitió esa dificultad, pero Weretilneck reafirmó que se evalúa cómo se aplicará, pero manifestó que “no hay otra manera ni instrumento legal” para utilizar que no sea el censo.
Conesa figura con un aumento poblacional del 12%, es uno de los 14 que no llega a la media. Su intendente, Héctor Leineker expresó su “preocupación” porque los ingresos provinciales significan el 90% de la disponibilidad local. Así, que discutirá la información censal porque su municipio -dice- “figura con unos 3500 habitantes menos”, afirmando que “el padrón marca 6.000 electores” (en el 2023, exactamente, 5.841) y “la matrícula escolar suma 2.000 alumnos”. El Indec ubica al municipio con 7.156 habitantes.
El último padrón de Río Negro fue de 594.509 electores y el censo indica a 750.768 rionegrinos, lo cual, significa que la población contactada fue del 26% superior a los habilitados para votar.
Esta proporción difiere entre las localidades, llegando a los extremos de que los potenciales votantes superan a los pobladores.
Otro peronista, el intendente de Lamarque, Sergio Hernández también integra a los detractores del informe del Indec. “No podemos tener esa población”, se quejó frente al dato nacional de 9.991 habitantes.
El jefe comunal estima que Lamarque llega a 13.000, valiéndose de que la localidad tiene “unos 3.000 medidores de electricidad”. Enseguida destaca que el índice de coparticipación porque “después sirve para todos”, en referencia a otras distribuciones de la Provincia. También valora el piso actual aplicado para los menos poblados, pero entiende que después los envíos son desproporcionados en aquellos en el rango inmediato superior.
Los ganadores y perdedores según los datos del Censo 2022
El dato final del censo 2022 indica que Río Negro tiene 750.768 habitantes, reflejando un aumento del 17,56% frente al registro de 638.645 del 2010.
“Habrá ganadores y perdedores”, anticipó Weretilneck en la Legislatura.
Ajustado a los números censales, media docena parte con total desventaja porque sus números de pobladores son inferiores a los actuales, que se originan en las conclusiones del censo del 2010.
Campo Grande, Chimpay, Cordero, Guardia Mitre, Los Menucos y Valcheta reflejan cantidades por debajo del último relevamiento nacional. Estos resultados son cuestionados válidamente, especialmente cuando los electores superan a los habitantes informados. Eso ocurre con Campo Grande y Guardia Mitre mientras en Valcheta se advierte una mínima diferencia (un 1% más de pobladores).
No son los únicos, pero son las más evidentes de que existieron fugas en el conteo por parte de los censistas.
La evolución poblacional de la Provincia fue del 17,6% en los 12 años entre la realización de ambos relevamientos. Así, este promedio marcaría el punto de partida para los intendentes.
Además de la media docena con registros negativos, hay otros 14 municipios que están por debajo de esa media, por lo cual, parten con panoramas difíciles en la futura discusión para el nuevo reparto.
De las cinco intendencias principales, tres están liberadas y dos presentan iniciales dificultades.
Cipolletti –siempre según el censo del 2022- creció un 24% mientras que Bariloche y Roca tienen subas parecidas, con un 20,8% y 20,7%, respectivamente.
En cambio, Viedma solo lo hizo en un 13,6% y Regina casi no tuvo modificaciones, pues su registro creció en 32 residentes (0,1%), de 33.089 a 33.121 habitantes.
Para la Capital provincial, emerge como válido también el cotejo con el padrón por su reducida brecha. Los habitantes (60.903) superan sólo en un 10% a la nómina de empadronados (55.006). Esta comparación llega al 16,7% en Regina.
En concreto, los municipios con alzas inferiores a la media rionegrina (17,5%) son: Ramos Mexia (17,3%), Huergo (16,5%), Allen (16,4%), Maquinchao (16,3%), Mainque (15,4%), Cinco Saltos (14,4%), Viedma (13,6%), Conesa (12,2%), Sierra Colorada (9,8%), Pomona (8,4%), Chichinales (6,8%), Ñorquinco (5%), Cordero (1,6%) y Regina (0,1%).
En su mayoría, estos jefes locales cuestionan esos números nacionales, salvo aquellos con indicadores bien positivos.
Esta nómina está liderada por Fernández Oro, con un aumento poblacional del 83%. Lo siguen Dina Huapi (59%), Pilcaniyeu (48%), Catriel (34%) y Jacobacci (30,5%). Son, previamente, los cinco mayores ganadores.
Habrá otros 14 gobiernos locales favorecidos en la próxima pulseada para determinar el nuevo reparto de la coparticipación, que no tiene fecha.
Ese grupo está compuesto por Choele Choel (28%), El Bolsón (27,8%), Darwin (26,3%), Cipolletti (24%), San Antonio (23,4%), Godoy (21,8%), Lamarque (21%), Bariloche (20,8%), Cervantes (20,8%), Roca (20,7%), Comallo (20,4%), Luis Beltrán (19,9%), Sierra Grande (18,7%) y Río Colorado (17,9%).
Los extremos municipales en la discusión que se viene
Distintos ánimos se advierten en los intendentes. El año pasado, tras conocerse los datos oficiales del Censo, el jefe comunal de Dina Huapi, Hugo Cobarrubia (UCR) pidió al entonces ministro de Gobierno, Federico Lutz, iniciar una revisión. Ese apuro después se lo trasladó al gobernador Weretilneck durante una visita a esa localidad, quien se comprometió públicamente con avanzar con el tema y con reuniones específicas con funcionarios del municipio, que no se dieron.
Cobarrubia dijo a diario RÍO NEGRO que tiene la proyección actual de la coparticipación para todo el 2025 y “no vemos una inclusión como nos debiera corresponder. Está sujeto a una negociación a futuro, entiendo que es una decisión política compleja del gobernador”, afirmó.
Remarcó que su jurisdicción representa la población de “Pilcaniyeu, Comallo, Ñorquinco y nos sobran todavía 800 habitantes. Es una injusticia total la coparticipación”, afirmó. Alude a que Dina Huapi figura en el último escalón de los montos de las transferencias de la Provincia, como los otros tres estados locales mencionados, a pesar de su superioridad poblacional. Cobarrubia es radical, pero tiene buen vínculo con el gobernador, incluso valora el “diálogo abierto” aunque espera definiciones.
Otro aliado, el intendente de Campo Grande, el peronista Daniel Hernández tiene un escenario opuesto al de su par de Dina Huapi. Ocurre que ese mismo censo indica que su municipio decreció en habitantes en relación al dato oficial del 2010. La caída llega a un tercio.
Por eso, el mandatario desmiente esa información y lo hace con el padrón de la Justicia Electoral del 2023, que rompe cualquier lógica porque el número de electores (4.755) supera a los habitantes registrados (3.525). Confía en que Weretilneck adoptará otro camino para el reparto y, además, tiene expectativa en los cambios de la distribución de las regalías hidrocarburíferas. En ese punto, acepta una revisión con “solidaridad” para el resto, aunque defiende que Campo Grande actualmente “produce del 22% al 25%” cuando recibe un 5%. Remarcó que el municipio “lleva 20 años de espera” para modificar ese mecanismo