La propuesta está contemplada en un proyecto de Ley presentado en la Legislatura. Los fondos obtenidos se destinarían para financiar ambas áreas.
El gobierno de Río Negro, a través de sus referentes parlamentarios Facundo López y Lucas Pica, presentó un proyecto de Ley para establecer aranceles para los extranjeros que se atiendan en el sistema público de Salud y para aquellos que asistan a los institutos terciarios que dependen del área educativa de la provincia.
Así retoman una idea que a mediados de 2024 estuvo en los planes de la exministra de Salud, Ana Senesi; y que también mereció una presentación similar -solo referida a Salud- del bloque de la Coalición Cívica ARI-Cambiemos que no avanzó en el parlamento provincial.
La iniciativa establece que está destinada a «los extranjeros categorizados en la Ley Nacional de Migraciones como residentes transitorios, y aquellos que cuenten con una autorización de residencia precaria» y faculta «a los establecimientos precitados a llevar a cabo todas las acciones necesarias para su regulación, disposición y percepción».
Los autores explicaron que «se enmarca en un contexto económico-social que como todos sabemos enfrenta una crisis financiera que impacta indefectiblemente en la calidad del servicio de salud y educación, que debe brindar el estado provincial para toda su población con residencia permanente».
El objetivo del «arancelamiento de la atención médica en los hospitales, puestos sanitarios y CAPS, y en instituciones educativas de nivel terciario de la provincia, para ayudar en este último supuesto, a solventar todos aquellos gastos que tenga fines educativos y no salariales».
El legislador Pica explicó que «no se busca con esta iniciativa, excluir a nadie sino más bien garantizar que tanto el servicio de salud y de formación académica, sea de calidad y resulte eficiente para los rionegrinos» y sostuvo que «muchas veces nos encontramos que muchos extranjeros, fronterizos en su mayoría, concurren a los hospitales de nuestra Provincia en busca de atención médica o provisión de medicación, para luego volver a su país donde residen realmente, como una suerte de turismo asistencial».
Agregó que «frente a la crisis que hoy enfrentamos, termina impactando en la calidad de servicio que el estado debe prestar a los rionegrinos» y «en símil situación se encuentra la educación, que cuenta con una dinámica parecida, en cuanto a que como bien sabemos, al ser arancelada en los demás países, hace que migren a nuestra provincia para su formación, resultando un factor que acrecienta los gastos normales de funcionamiento de los establecimientos educativos».
En referido al servicio de salud el proyecto define su alcance en cuantos a los sujetos obligados al pago; regula la creación de un Fondo Especifico integrado por esas percepciones; delimita el destino que se puede dar a esos fondos; y establece el no arancelamiento en los servicios de emergencia.
Respecto a los institutos educativos de nivel terciario de gestión pública, que está representado por 16 institutos técnicos superior, con un promedio total de 56 cursos de tecnicaturas y de formación profesional, y 10 institutos de formación docente continua, se establece que «el cobro de aranceles por la prestación de los servicios de educación, tiene como único fin el de solventar los gastos normales de funcionamiento de los establecimientos educativos, la mejora edilicia, la adquisición de equipamiento y mobiliario, y todo aquellos que tenga fines educativos y no salariales».
«Lo que pretendemos es dotar de recursos a nuestros hospitales e instituciones de formación académica para así garantizarle, a los rionegrinos y rionegrinas, un servicio de salud y de formación académico profesional de calidad y eficiencia, y para lo cual hemos sido elegidos, porque en definitiva decimos, primero los rionegrinos siempre» aseguraron los autores