Además, las autoridades de la Dirección Nacional de Vigilancia y Control de Fronteras informaron sobre una investigación en curso tras detectar 603 electores registrados en una misma calle de cinco cuadras de extensión, entre otras inconsistencias. Esta situación generó incertidumbre y llevó al Ejecutivo provincial a considerar que aún no están dadas las condiciones para normalizar el municipio.
La intervención de Aguas Blancas se dio el año pasado en un contexto de extrema gravedad institucional. El entonces intendente, Carlos Martínez, fue acusado de haber interferido en la investigación del asesinato de su hermano, César «Oreja» Martínez, ocurrido en noviembre del año pasado en Orán. César Martínez, quien cumplía prisión domiciliaria por un intento de femicidio, fue acribillado por sicarios en plena vía pública.
Pero el caso no se limita a la familia Martínez. También está involucrado el juez de Orán, Claudio Parisi, quien enfrenta acusaciones por obstrucción a la investigación del homicidio. Parisi habría permitido el acceso indebido del abogado Roberto Ortega Serrano a un expediente de su juzgado y, además, habría alertado al intendente Martínez, a través de mensajes de WhatsApp, sobre allanamientos planificados por la Fiscalía en su contra.
Durante la votación, cuatro legisladores se opusieron a la extensión de la intervención: Sergio Oliva, Roque Cornejo, Griselda Galleguillos y Guillermo Durand Cornejo