Mientras que el sector privado junto al Gobierno nacional están reclamando una baja de los impuestos por parte de las provincias, estas últimas no están respondiendo a este requerimiento y, por el contrario, en los últimos 24 años la presión tributaria en ese ámbito ha subido un 50%, según mediciones del IERAL (Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana) de la Fundación Mediterránea.

Se conoce que los impuestos más importantes que aplican las provincias son Ingresos Brutos (II.BB), Sellos, Inmobiliario y Automotores, el resto tiene muy bajo impacto pero suman a la hora de considerar la presión tributaria que tanta incidencia tiene en la economía, vinculado al costo de producción y a la actividad en general.

El Gobierno nacional pretende que la reducción del déficit fiscal se haga mediante la reducción concreta de gastos y no vía aumento de impuestos como están haciendo algunas provincias y municipios de manera injustificada, ya que todos están recibiendo mayores ingresos por el aumento en la recaudación. Lo que se pretende desde la Nación y que sería muy importante para el país es que las provincias y los municipios, aprovechando este aumento en sus ingresos se sumaran al esfuerzo que hacen todos los argentinos y redujeran los Ingresos Brutos y las tasas municipales.

Pero esto no está ocurriendo y, por el contrario, en las últimas liquidaciones de impuestos provinciales y tasas municipales se han observado incrementos de hasta un 100%. En esos ámbitos se sostiene que los ingresos que se perciben no alcanzan para sostener las actuales estructuras oficiales, especialmente ahora que mantener otros gastos que anteriormente solventaba la nación y que ahora no lo hace, al igual que asegurar algunos ítems como la continuidad de la obra pública y la ayuda social.

Es cierto que en provincias como San Juan, con presupuesto propio se ha logrado la continuidad de obras fundamentales para la provincia, pero se trata de un costo que está haciendo innviable la reducción de los impuestos, algo que la ciudadanía espera con gran expectativa ya que se considera que este puede ser el gran paso hacia adelante para alcanzar una reactivación económica que el país necesita en cada una de sus jurisdicciones.

Se habla de la necesidad de un acuerdo entre Nación y provincias que incluya una regla para el gasto público, que no debería superar el 25% del PBI o que no crezca más que la inflación en ninguno de los niveles del Estado. Con esto se controlaría el gasto y en función de un excedente se podrían bajar impuestos