La implementación de la Ley Bases ha generado preocupación entre los comerciantes de Mendoza, quienes ahora están obligados a detallar el IVA y los impuestos internos en cada ticket de venta. Esta medida, que anteriormente solo afectaba a grandes superficies y supermercados, se ha extendido a todos los comercios, sin importar su tamaño o rubro. La normativa busca brindar mayor transparencia al consumidor, permitiéndole ver claramente cuánto de lo que paga corresponde a impuestos.
Sin embargo, Adrián Alín, presidente de la Cámara de Empresarios de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de Mendoza, advirtió que muchos comercios no están en condiciones de cumplir con esta exigencia. La razón principal es la falta de preparación tecnológica, ya que los software y controladores fiscales que utilizan no están adaptados para detallar impuestos de manera desglosada en los tickets de venta.
“Nosotros, y los grandes comercios también, todavía no estamos preparados para la logística que esto implica”, explicó Alín a Diario San Rafael y FM Vos 94.5. Por otro lado, el directivo señaló que no solo se trata de una cuestión técnica, sino también de una dificultad operativa que afecta a todo el sector comercial. “No sé si las empresas grandes han logrado implementarlo, ya que tenían que hacerlo desde el 1 de enero, pero muchos comercios más pequeños ni siquiera han podido actualizar sus sistemas”, añadió.
Según Alín, la situación es compleja porque la normativa exige especificar el IVA y otros impuestos internos, algo que requiere modificaciones en el software de facturación y en los controladores fiscales. Además, mencionó que la falta de tiempo para adaptarse a los cambios ha generado incertidumbre y preocupación en los comerciantes, quienes temen no poder cumplir con la ley en los plazos establecidos.
Si bien Alín reconoció que la medida tiene un objetivo positivo en términos de transparencia hacia el consumidor, también remarcó las dificultades operativas y logísticas que enfrenta el sector. “Es bárbaro porque muestra la cantidad de impuestos que pagamos, en referencia al costo o beneficio que tenemos, y el consumidor puede entender mejor la carga impositiva”, aseguró. Sin embargo, explicó que el desafío está en cómo trasladar esa información al ticket de manera clara y detallada. “Tenés impuestos como el IVA, Ingresos Brutos, tasas municipales, tasas de comercio y otros costos relacionados con impuestos distorsivos. Todo eso es muy difícil de desglosar en un ticket”, puntualizó. Alín también destacó que algunos costos no son considerados impuestos, pero sí representan un gasto importante para el comerciante, como las tasas municipales por cartelería, luz o metros cuadrados utilizados en el local. “Son costos que el Estado cobra y que afectan directamente al funcionamiento del negocio”, añadió.
Además de la complejidad técnica, Alín hizo hincapié en el costo económico que implica la implementación de la normativa. “Esto también tiene un costo para el comerciante. Modificar el software, adaptar la vidriera para cumplir con la reglamentación y ajustar la logística genera un gasto extra que muchos no pueden afrontar”, expresó. También advirtió que esta situación afecta la competitividad de los comercios locales en comparación con mercados internacionales. “Cuando se habla de competitividad, como en el caso de competir con Chile, no solo se trata de bajar impuestos, sino también de simplificar la burocracia y los costos operativos. Si queremos ser competitivos, primero hay que resolver estas complejidades”, remarcó.
Por otra parte, Alín expresó su preocupación por la reciente normativa que permite pagar en dólares con tarjeta de débito en los comercios argentinos. A partir de ahora, los comercios deben contar con una cuenta en dólares para poder aceptar pagos en esa moneda. Sin embargo, el directivo advirtió sobre la falta de claridad en las reglamentaciones bancarias. “Ni siquiera los bancos tienen una normativa clara. No sabemos cuánto van a cobrar por la transacción, si será en dólares o en pesos”, señaló. Según explicó, esta incertidumbre ha generado dudas tanto en los comerciantes como en los consumidores, ya que no hay información oficial sobre las comisiones ni sobre cómo se manejarán las operaciones en moneda extranjera. “Nos comunicamos con los bancos y hasta la semana pasada no había ninguna normativa definida. Cada entidad bancaria parece tener sus propias políticas y tarifas, lo que genera más confusión”, detalló.
En relación con los costos asociados a esta nueva modalidad de pago, Alín reveló que mantener una caja de ahorro en dólares para un comercio puede costar entre 15 y 20 dólares mensuales. Este gasto fijo se suma a otros costos operativos que ya enfrentan los comerciantes. “No es solo el costo de la caja de ahorro, también hay que considerar el costo por transacción, que aún no está definido. Hasta ahora, no hay ninguna normativa que lo regule y eso genera incertidumbre”, explicó. Alín también señaló que, en comparación con las operaciones en pesos, las transacciones en dólares podrían resultar más costosas, afectando la rentabilidad de los comercios. “Hoy, en una operación con tarjeta de débito en pesos, el costo de la transacción es ínfimo y en algunos casos no se descuenta nada. Pero en dólares sí hay costos adicionales y eso puede desincentivar su uso”, afirmó. El dirigente consideró que, en este contexto de incertidumbre y falta de claridad normativa, muchos comerciantes y consumidores optarán por seguir utilizando dólares en efectivo, en lugar de operar con tarjetas de débito en esa moneda. “Hasta que no haya reglas claras y costos definidos, tanto al consumidor como a nosotros nos conviene manejar dólares físicos. Es más simple y no genera costos adicionales”, concluyó