Finalmente, el contrato de transferencia de acciones de IMPSA se firmó entre los gobiernos de Nación y Mendoza y el consorcio norteamericano ARC Energy. La privatización se concreta después de un largo proceso que pone fin a la estatización de 2021.
Ocurre que, tanto el Gobierno nacional como el de la provincia de Mendoza, firmaron el contrato transferencia de las acciones de IMPSA al consorcio norteamericano Industrial Acquisitions Fund LL (IAF), cuyo socio principal es la empresa ARC Energy.
Con la suscripción de este acuerdo, la empresa fundada hace más de 100 años por la familia Pescarmona vuelve a manos privadas, luego de que en el 2021 la gestión del expresidente Alberto Fernández decidiera estatizar la metalúrgica para poner en marcha un plan de rescate y evitar su quiebra, agobiada por una deuda de u$s550 millones.
Mediante un comunicado conjunto, Nación y Mendoza explicaron que el consorcio presentó una oferta de capitalización por u$s27 millones «mediante un cronograma de capitalización detallado en la oferta y solicitó plazo para refinanciar la deuda de la compañía».
IMPSA, privatizada: déficit, en la mira y continuidad asegurada
Los funcionarios oficiales también sostuvieron que la decisión de desprenderse de las acciones en poder del sector público se encuentra alineada con el objetivo del Gobierno Nacional de cumplir con el déficit cero y la no asignación de recursos federales a la gestión de empresa, «voluntad que la provincia de Mendoza decidió acompañar de forma explícita».
De esta forma, se asegura que se le dará continuidad a la actividad de IMPSA «de forma saneada, en un marco de economía de mercado».
La operación modificará de manera sustancial la composición accionaria que hasta ahora tenía la empresa con sede en la localidad mendocina de Godoy Cruz que era: la clase A, familia Pescarmona con un 5,3%; la clase B, de los acreedores y bonistas con un 9,8%; y las acciones clase C, que pertenecen al Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP), en un 63,7% y el 21,2% restante a la provincia de Mendoza.
El nuevo propietario extranjero será el controlador mayor de este capital al que llegó tras haber participado, en octubre de 2024, de un proceso licitatorio para la adquisición de la totalidad de esas acciones clase «C» de la empresa.
La convocatoria ofreció garantías de transparencia e igualdad de oportunidades de comprar ese capital y despertó el interés de 11 grupos inversores que compraron los pliegos para participar de la compulsa.
Una empresa relevante en Mendoza
Sin embargo, solamente ARC Energy siguió en camino e insistiendo en quedarse con la metalúrgica mendocina, hecho que se coronó este martes 11 de febrero con un acto del que participaron mediante videoconferencia el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y la vicegobernadora, Hebe Casado.
Por el FONDEP, el Secretario de Industria y Comercio, Esteban Marzorati, el titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaer, Mónica Almada y el titular de ARCA, Juan Pazo.
«Considerada una de las empresas más relevantes de Mendoza, IMPSA S.A. atravesó serias dificultades económicas y financieras y hoy vuelve a ser ope por privados para producir a pleno y generar empleo genuino», destaca la información.
En este sentido, se asegura que el grupo extranjero obtuvo la conformidad de los acreedores para encarar el proceso de renegociación del millonario pasivo que acumula IMPSA y que la llevó al borde de la quiebra en varias oportunidades.
Además, habría ofrecido un mecanismo de pago de la deuda a los principales acreedores entre los que se encuentran entidades públicas y privadas, tanto internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo; el Export Development Canada; la Corporación Andina de Fomento y bonistas internacionales; el Bradesco y el fondo de inversión Moneda Asset Management).
También, el Banco de la Nación Argentina; el Bapro; el Banco Hipotecario; el BICE, así como tenedores de varias series de Obligaciones Negociables (ON).
Reestructuración demorada
Ya en el 2020, este grupo de acreedores había apoyado una oferta del entonces directorio de IMPSA para encarar la recomposición de la estructura de capital presentada por la empresa en su Oferta de Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE).
Ese convenio incluía un canje por ONS; nuevos préstamos y un bono internacional en dólares que debía tener un período de gracia hasta este 2025, momento en el que la empresa debía empezar a pagar intereses a una tasa de 1,5% anual.
Luego, a partir de 2028, IMPSA debía comenzar a abonar el capital, con vencimientos anuales sucesivos durante nueve años, hasta 2036.
Desde el 2018, todos estos acreedores forman parte del fideicomiso que se había quedado con el 65% de las acciones de IMPSA y que luego se redujo para permitir el ingreso del Gobierno nacional y de Mendoza al capital de la metalúrgica.
Luego de la fallida estatización del 2021, IMPSA completó el canje de los bonos internacionales con vencimiento durante este año por u$s182 millones, por nuevos títulos sin oferta pública que vencerán en el 2036 y que también forman parte de la millonaria deuda que tuvo que negociar ARC Energy para quedarse definitivamente con el control de la metalúrgica.
El plan de rescate que prevé el grupo norteamericano
Ahora, el fondo ARC Energy tiene la obligación de aportar u$s 27 millones como capital inicial, además de otros u$s5 millones «cuando sean necesarios».
El objetivo de los nuevos dueños es aprovechar el potencial de la empresa como referente en América Latina, que cuenta con una tecnología propia para equipos de generación hidroeléctrica y con certificaciones para el diseño y fabricación de componentes nucleares que la puede convertir en un actor protagónico del sector energético mundial.
A esto se suma el expertise para la producción de turbinas para centrales hidroeléctricas y la construcción de elementos para reactores nucleares, equipos para la industria del petróleo y para la prestación de servicios de alta exigencia para el mantenimiento de esas tecnologías.
Pero, además, ya tiene diseñadas varias fórmulas para hacerse cargo de la «hererencia» que deberá asumir a partir de los incumplimientos de contrato de IMPSA, por ejemplo, teniendo en cuenta que se vende como una empresa en marcha y también con dinero que le entraría en su caja de manera inmediata, si es que logra cobrar varias de las obras que ya llevó a cabo.
Una es con YPF para la construcción de un reactor de certificación de procesos, que debería haberlo entregado en noviembre de 2023, pero que todavía no se llevó a cabo, al igual que los fondos que le adeuda Yacyretá por provisión de insumos.
El fondo pretende también potenciar el Centro de Desarrollo Tecnológico de Mendoza de IMPSA para hacerla crecer en el mercado y llevar alianzas estratégicas con compañías referentes de la industria de todo el mundo