Luis «Toto» Caputo lanza una nueva embestida judicial contra el cobro de tasas municipales en municipios del Conurbano al mando del peronismo. Luego de ir contra la tasa vial a la carga de combustibles, ahora la avanzada proviene desde el Banco Nación.
El ministro de Economía ya había anunciado a finales de 2024 que había instruido al titular de la banca pública, Daniel Tillard, el cierre de sucursales en ciudades donde consideraran «abusivos» los montos a pagar en concepto de tasas.
Ahora, el Banco Nación presentó cautelares contra el cobro de la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene en Quilmes y Avellaneda, buscando declararlas inconstitucionales y amenazando con la posibilidad de cierre de no tener un fallo favorable.
Incluso en Avellaneda los apoderados del banco intentaron habilitar la feria para tratar la demanda, ya que a mediados de enero vencía una cuota. Sin embargo, en el Juzgado Federal de Quilmes, donde tramita la causa, no hicieron lugar a ese pedido.
En ambos casos, buscan declarar inconstitucional artículos de las ordenanzas fiscales aprobadas por los concejos deliberantes, al hablar de «desproporción e irrazonabilidad» del cobro que, sostienen, «desalienta la distribución de sucursales dentro de su territorio».
Mientras, pretenden que se dicte una «medida cautelar con premura», suspendiendo la vigencia de los artículos de las ordenanzas atacadas, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. También, hacen una reserva del caso federal, abriendo la opción de ir a la Corte en caso de un fallo contrario.
En ese marco, hablan del «riesgo de cierre de la sucursal ante la posibilidad de que la actividad se torne económicamente inviable» y citan en ambas presentaciones el caso de la sucursal de Ramos Mejía, próxima a cerrar.
No es la primera acción de la banca pública nacional en detrimento de municipios del Conurbano. Antes, anunció que ofrecerá a sus clientes la opción de cancelar sus boletas de servicios públicos «sin incluir las tasas municipales ilegalmente agregadas en las boletas».
Esa alusión remitía directamente a la Tasa de Alumbrado que los intendentes cobran en las facturas de luz y que Caputo prohibió con una resolución que hoy está judicializada, ya que los dejes comunales advierten que no podrán pagar el alumbrado público si no cobran la tasa