La medida fue calificada de equivocada y perjudicial y, según el comunicado, fue llevada a cabo gracias a las facultades extraordinarias que el Congreso de la Nación le confirió al presidente de la Nación, Javier Milei, en la Ley Bases. “Dicha Ley, fue votada en el caso de La Pampa por la totalidad de los legisladores de Juntos por el Cambio. Es necesario clarificar al pueblo pampeano de quienes son los responsables locales de que medidas como estas se puedan perpetrar”, expresaron.
Desigualdad.
“Con la eliminación del Fondo de Servicio Universal (FSU), un fondo que hoy asciende a más de 250 mil millones de pesos, se profundiza la desigualdad y se roba la esperanza de una Argentina cada vez más conectada. Con la sola firma de un decreto se está derogando un fondo creado por ley, aprobado por ambas cámaras del Congreso de la Nación. Esperamos que el Congreso no avale este decreto, ya que sería un golpe a la conectividad del interior del país”, continuaron.
Curciarello y Zulueta explicaron que, según datos del Enacom, hay más de dos mil pueblos de Argentina que no tienen acceso a la telefonía móvil. “Solo con la mitad de ese fondo inmovilizado se podría conectar a estas localidades. El fondo no es un invento de un partido político, de hecho, trascendió gobiernos de diferentes signos partidarios, sino una política implementada en todo el mundo, incluido Estados Unidos, con un fondo que lleva el mismo nombre en inglés”, revelaron.
El FSU se financiaba con el 1% de los ingresos netos de las empresas de telecomunicaciones. “Aunque el porcentaje pueda parecer bajo, para las grandes multinacionales del sector no lo es. Es curioso que el vocero presidencial anunció en agosto de 2024 que iban detrás de una deuda de 3.000 millones de pesos de dos multinacionales al FSU y hoy se anuncia la disolución de ese fondo. Por tal motivo, no sería extraña la presencia del lobby de un sector de multinacionales que ya se ha manifestado a favor de esta medida, a pesar de que en otros países la promueven y utilizan sin objeciones”, denunciaron.
Fibra óptica.
Recordaron que con aportes de ese fondo (el 30% de la inversión total), desde Empatel se hizo el tendido de la fibra óptica en 22 localidades que hoy utilizan 23 empresas y cooperativas de La Pampa, conectando a más de 7.400 hogares en localidades donde la inversión privada nunca llegaría por su baja escala, pero donde hay demanda de servicios públicos como acceso a la salud y la educación.
“Podemos dar como ejemplo a Cuchillo Có, un pueblo ubicado a más de 100 km de distancia de cualquier otra localidad, que ahora tiene acceso a internet con velocidades de 100 Mbps de descarga. También en Carro Quemado, donde un cableoperador y una pyme pueden utilizar la red neutra de la Provincia para dar internet de alta velocidad a 120 hogares. Además, se realizaron estudios de opinión en localidades donde más del 95% de los encuestados reconoce una mejora del servicio”, dijeron.
Sin avances.
“Las empresas provinciales de La Pampa accedieron a dos programas de aportes no reembolsables y tienen, desde hace varios meses, rendiciones presentadas y aprobadas por Enacom, y a la fecha no hubo ningún avance administrativo por parte del organismo para continuar desembolsando los fondos comprometidos. La demora es tal que, para evitar la paralización de las obras, se ha decidido proseguir con las mismas pese a la inacción del organismo nacional”, añadieron.
Finalmente, lamentaron que las políticas de telecomunicaciones impulsadas por el actual gobierno nacional solo incluyan a las multinacionales y a los grandes actores del negocio, sin considerar ni hacer parte a los gobiernos provinciales. “Eliminar el Fondo de Servicio Universal es una política que va a hacer un daño tremendo a nuestro país, su gente y promoverá el desarraigo con todas las consecuencias económicas y sociales que eso conlleva”, concluyeron