Mientras se espera el fallo de la Corte Suprema por la reelección indefinida de Gildo Insfrán, que se daría a conocer esta semana y podría declarar su inconstitucionalidad, un ránking de transparencia complica más a la provincia. Formosa quedó como la jurisdicción menos transparentes y con altos índices de corrupción.

No se tienen demasiados registros de esta gestión peronista, pero desde el año pasado que comenzó a ponerse bajo la lupa de la Justicia. Hay cuatro acciones legales contra la gobernación indefinida de Insfrán, las cuales lo pusieron contra las cuerdas hace unos días luego de que el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, dictaminara en su contra.

El motivo por el cual aún puede perpetuarse en el poder de forma indefinida es por el Artículo 132 de la Constitución provincial, que el mandatario sumó en la última reforma de la carta magna local (la cual él mismo llevó adelante en 2003). Es así como ocupa un puesto en el Poder Ejecutivo hace casi 40 años. Y, de hecho, para intentar mantenerse al menos dos mandatos más, tiene en mente el próximo año llevar adelante una nueva reforma.

Formosa: última en el ránking de transparencia

El reciente Índice Nacional de Transparencia (Intra) reveló que Formosa se posicionó como la provincia con el menor índice de transparencia del país, rozando el 12,8%. El primer lugar, muy por el contrario, se lo llevó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el 85,02%.

Dentro de las distintas categorías, la jurisdicción formoseña cuenta con números rojos en lo que es: ética pública, registros de gestión de intereses, declaraciones juradas, nepotismo, acceso al empleo público, corrupción, boletín oficial, portal de transparencia, acceso a la información, relación con la prensa, pauta publicitaria, presupuesto, regulación de ética pública, rendiciones y gestión de presupuestos y compras.

La gestión del gobernador Insfrán quedó al final del todo. Es seguida por Santiago del Estero (20,8%), Salta (37,9%) y San Juan (38,6%), todas de transparencia insuficiente; luego están las de transparencia moderada, como lo es, por ejemplo, Misiones (41,6%).

Entre los datos más destacados, el índice da cuenta de que no se puede acceder en Formosa a un Boletín Oficial. En general, no cuenta con una nómina completa del personal estatal o incluso de datos actualizados sobre compras, contrataciones y licitaciones del Estado.

Son varios los políticos que han denunciado ser perseguidos por opinar distinto al jefe de la provincia. Entre ellos, está el diputado radical Fernando Carbajal, quien el año pasado denunció que camionetas oficiales lo espiaron durante la campaña electoral, mientras era candidato a gobernador. Además, fue uno de los primeros en denunciar a Insfrán por perpetrarse en el poder.

Dicho relevamiento fue realizado por Ruido y Poder Ciudadano, con la cooperación de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad y también de la Fundación Federalismo y Libertad. Si bien CABA y Mendoza suelen muestra cifras muy alentadoras en estos aspectos, el promedio nacional se ubicó en 54,3%, lo que refleja una opacidad generalizada en el país y que cobra fuerza en la provincia gobernada por Insfrán.

En base a unos documentos a los que pudo acceder La Nación, se revelaron miles de millones de pesos en ordenes de pago y liquidaciones que se realizaron en la jurisdicción a lo largo de tan sólo este año. El pasado siete de octubre, por ejemplo, hay una orden de pago de la Tesorería General de la provincia por “sueldos beneficiario genérico” por parte del Ministerio de Economía y la Secretaría General del Partido Justicialista. Ese día, se solicitó al Banco de Formosa que transfiera de rentas generales unos $5.944.000 a un CUIT del Partido Justicialista de Formosa; sin embargo, el CBU de la cuenta es de la provincia de Buenos Aires.

El fallo que perjudicaría a Insfrán

Las oposiciones locales celebraron el dictamen del procurador Eduardo Casal, y tienen esperanzas de que la Corte no le permita a Gildo perpetuarse en el poder inclusive si lograse la nueva reforma constitucional. Los argumentos que avalan esto dicen que la Constitución de Formosa viola los artículos 1, 5 y 123 de la Constitución Nacional, y el máximo tribunal está habilitado a intervenir y hacerlos cumplir.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y también Juan Carlos Maqueda, por unanimidad, fallarían en contra del mandatario peronista, cuyo documento podría salir el próximo jueves. No sólo se trata del último acuerdo del año, sino uno de los últimos fallos de la Corte con todos los votos en coincidencia, justo antes de la salida de Maqueda.

Hay antecedentes en otras provincias que anticipaban esta medida: se limitaron las reelecciones de los gobernadores en San Juan, Santiago del Estero, Tucumán, Río Negro e incluso La Rioja.

En rigor, el dictamen de Casal también da cuenta de ello y explica: «El sistema republicano consagrado en la Constitución Nacional y que las provincias se han obligado a respetar implica la limitación del poder. Las múltiples reelecciones sucesivas -potencialmente indefinidas- conspiran contra la finalidad propia del Estado de Derecho que tuvieron en mira nuestros constituyentes, pues dado el modo de funcionamiento de nuestras instituciones, la perpetuación en el poder erosiona el principio de separación de poderes»