El Gobierno de Santa Fe abrió ayer los sobres con las ofertas de una licitación que contempla una inversión “superior a los 69 millones de dólares” para la adquisición de 4.400 cámaras de videovigilancia y 15 domos de largo alcance destinadas a Rosario y la zona, con el propósito de que sea “la ciudad más monitoreada del país”, lo cual no necesariamente es un récord que deba producir orgullo. Con una baja incidencia en la prevención de los delitos, las grabaciones de esas herramientas tecnológicas son instrumentos más eficaces en las investigaciones judiciales posteriores a la ocurrencia de hechos penalmente perseguibles. Y, también, son utilizadas para nutrir la difusión por vía de los noticieros televisivos y medios de comunicación digitales de esas imágenes, que completan la construcción social de “lo seguro” y “lo delictivo”.

Del acto de apertura de sobres, que se realizó por la mañana en la sede local de Gobernación, participaron el secretario de Tecnología para la Gestión del Ministerio de Gobierno, Ignacio Tabarez; el secretario de Análisis y Gestión de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad, Esteban Santantino; y la secretaria de Administración Técnica y Financiera de la misma cartera, Georgina Orciani.

“El objetivo de la iniciativa del gobierno de Maximiliano Pullaro es mejorar la seguridad ciudadana mediante nuevas infraestructuras tecnológicas, y contar con inteligencia artificial para análisis de video y vigilancia proactiva, y así bajar significativamente el tiempo de resolución de delitos, aportando la evidencia a la investigación en el menor tiempo posible”, informó la Casa Gris en un comunicado oficial.

Con ese propósito, el Gobierno destinará más de 69 millones de dólares a la compra equipamiento con “inteligencia artificial”, que destinará a las ciudades de Rosario, San Lorenzo y Villa Gobernador Gálvez, que serán como un Gran Hermano securitario, atento que se suman al ya existente por lo “habrá al final del proceso 6.780 cámaras instaladas”.

Durante la presentación, el secretario Santantino afirmó que “la especificidad técnica en la mejora y la modernización de este tipo de herramientas son fundamentales en el marco de un plan de seguridad que, si bien viene dando muy buenos resultados, sabemos que falta y falta muchísimo”.

En esa línea, afirmo que el plan de llenar de cámaras los espacios públicos las ciudades, restringiendo libertades en pos de dotar a la ciudadanía de una presunta eficacia en materia de seguridad, “es ambicioso porque sabemos la cantidad de fracasos que hubo antes con esa intención, la cantidad de veces que se intentó avanzar en este sentido, y hoy nos encontramos en un contexto totalmente diferente”.

“No sólo porque la provincia de Santa Fe tiene los recursos -siguió Santantino- sino porque hay seriedad en el trabajo, hay capacidad técnica y hay planificación en materia de políticas públicas”.

Por eso, diferenció el secretario, “una cosa es poner plata y comprar tecnología para hacer de cuenta que se está trabajando, y en la provincia lo hemos visto no hace mucho tiempo atrás, cuando se compraron herramientas tecnológicas y no sabíamos para qué usarlas o cómo implementarlas”. Eso no volverá a suceder, dijo el funcionario, porque hoy existe “un plan”.

Un estudio de la doctora en Ciencias Sociales y magíster en Comunicación Pública y Política, Vanesa Lio, titulado “Cámaras de seguridad y prevención del delito”, señala que en las últimas décadas “las políticas de seguridad se han centrado en una intensificación de los mecanismos de control social dirigidos a la prevención del delito y una mayor intervención del Estado en los espacios públicos, que se sumaron al incremento y endurecimiento de las penas”.

La especialista, en cuyos estudios trabaja la relación entre los temas de seguridad y la construcción de sentido social mediante los discursos políticos y mediáticos, sostiene que “el fenómeno de la inseguridad se transformó en un elemento privilegiado en la comunicación política de los gobernantes, interviniendo en la lucha simbólica por definir los parámetros de lo ‘inseguro’ e instalando en la sociedad las causas del miedo”.

Así, “el control de los espacios públicos aparece fuertemente relacionado a la gestión de esta relación entre seguridad y libertad”, como quedó expuesto en el caso de Santa Fe con la reforma legislativa que habilitó la “averiguación de antecedentes”, y que en los hechos consiste en dotar a las fuerzas de seguridad de una facultad muchas veces arbitraria, como demorar a personas en situación de calles varias veces en una misma semana.

“Al tiempo que el Estado despliega sus mecanismos de protección de los ciudadanos, la sociedad toda es sometida a una mirada vigilante en forma permanente”, dice Lio en el trabajo citado.

Y agrega que “las ciudades se han transformado, así, en enormes panópticos y esa ‘mirada sin ojos’ genera un impacto en la naturaleza misma del espacio público. La cuestión no es el control del crimen sino el control en un sentido más amplio: la vigilancia se convirtió en un mecanismo para garantizar la visibilidad y, junto con ella, la exclusión de los ‘temidos extraños’”.

En ese sentido, el secretario Tabarez dijo durante la rueda de prensa de ayer, al abrir los sobres de la licitación a la que se presentaron las empresas Telecom y Nec, que “Rosario será la ciudad más vigilada del país, aproximadamente con un total de 50 cámaras por kilómetro cuadrado”.