La Provincia no tiene normas de regulación portuaria, y Weretilneck elevó un proyecto legislativo.
El gobierno de Río Negro pretende intervenir, regular y cobrar aranceles en los puertos existentes y los que se crearán en la Provincia. Así se propone en un proyecto que integra el paquete elevado por el Poder Ejecutivo a la Legislatura, que tendrá tratamiento en la sesión extraordinaria del martes 17.
La iniciativa se orienta a la intervención provincial en los asentamientos pensados en el marco de las inversiones energéticas, en Punta Colorada por el proyecto petrolero de Vaca Muerta Sur o aquel vinculado con el GNL. También se requerirá otro para el buque licuefactor que se instalará al sur del San Antonio.
Actualmente, no existe norma portuaria provincial vinculada con esas estaciones. El puerto de San Antonio Este se rige por una ley específica y su concesión vencerá en enero del 2028.
La norma pretendida –cuyo debate se abrirá el martes 10 en el Plenario de Comisiones- contiene lineamientos adelantados por el gobernador Alberto Weretilneck. Ya en julio pasado, en el marco del megaproyecto de GNL, habló del “modelos portuarios privados”, sin “consorcios, tampoco municipios o gremios en la administración”.
Su actuación se prevé con la “autorización previa” para construcción y funcionamiento por parte de la Autoridad de Aplicación”, que se le asigna a la secretaría de Energía y Ambiente. Comprende “al Puerto San Antonio Este y los restantes puertos existentes o a crearse, cualquiera fuera su uso o destino”.
Puntualmente, la buscada ley prevé “la regulación y control de la autorización, construcción, habilitación, administración, explotación, operación y a toda otra actividad” en los “puertos existentes” y futuros. Precisa que alcanza a estaciones marítimas, fluviales y lacustres.
Luego, el artículo 15 permite fijar un “canon por uso, aprovechamiento y ocupación del dominio público portuario” que deberán abonar los titulares de los puertos particulares y/o terminales portuarias. Los montos serán establecidos por la Autoridad de Aplicación en cada caso.
La iniciativa establece que la Provincia ejercerá el poder de policía sobre los bienes afectados a la actividad portuaria, el desarrollo de la infraestructura y la prestación de servicios conexos, en coordinación con las autoridades nacionales competentes.
La regulación se fija para el puerto de San Antonio Este y los otros “existentes o a crearse”. La cartera de Energía y Ambiente será la Autoridad de Aplicación.
Además, se planea la creación de un “Registro Provincial de Puertos”, que incluirá a todos situados en Río Negro, y se propone Agencias Portuarias para administrar y operar a “puertos cuyo dominio y/o explotación correspondan al Estado Provincial, por sí o a través de terceros”.
Las mismas serán “entes autárquicos, gozando de personalidad jurídica y patrimonio propio con plena capacidad para celebrar todos aquellos actos jurídicos necesarios para el cumplimiento de su objeto y de los fines previstos en sus estatutos, de conformidad con las pautas y principios establecidos en la presente ley”.
El proyecto indica que “las instalaciones ubicadas en zonas costeras o en tierras de dominio público provincial construidas, mantenidas y operadas a costo exclusivo del titular de una terminal portuaria serán objeto de un contrato de concesión de uso por el período de amortización de la obra, no superior a 50 años, con una posible prórroga de cinco años”.
En los fundamentos, el proyecto alude al reconocimiento constitucional del dominio provincial sobre los recursos naturales”, que “fortalece el federalismo argentino y establece un mecanismo de protección frente a la intromisión del poder central en las autonomías provinciales”.
Se introduce en la Constitución Provincial y, en especial, en el régimen de las aguas públicas en la jurisdicción provincial, con una ley regula el uso, administración y manejo integral de este recurso, y establece un marco para la cooperación interjurisdiccional en el uso de cuencas hídricas comunes.
Estos principios deben reflejarse adecuadamente en el ámbito de la actividad portuaria y, por eso, propone una ley de Puertos para “regular integralmente la construcción, habilitación, administración y explotación de puertos en la provincia”