Consiguió el apoyo de los opositores “dialoguistas”. A principio de año, varias veces tuvo que desempatar la vicegobernadora. No contó con flujos de fondos de la Nación y cambió la estrategia en su relación con Milei.
Obras. Luego de algunos cruces con la Casa Rosada, el gobernador Martín Llaryora se concentró en la gestión provincial, sin confrontar con el poder central.
En los meses iniciales de este primer año de gestión, el gobernador Martín Llaryora tuvo que afrontar dos dificultades: una debilidad de origen, no tener mayoría propia en la Legislatura y minoría en el Tribunal de Cuentas, y el shock para las finanzas provinciales que significó el áspero ajuste que implementó el presidente Javier Milei, que sólo dejó en pie los ingresos por coparticipación federal.
El ajustado triunfo sobre el opositor Luis Juez en las elecciones provinciales produjo que el PJ tuviera que gobernar en una realidad inédita: sin mayoría en la Legislatura, y con minoría en el Tribunal de Cuentas.
Luego de un semestre complicado, con las dificultades políticas por una oposición unida en la Legislatura, los reclamos por el ajuste a los estatales y jubilados, y las secuelas del primer choque con Milei, tras caerse la denominada Ley Ómnibus, el gobernador llega a fin de año con un escenario “más amigable”, como él lo define en privado, sin ocultar su optimismo por lo que viene.
En lo político, en el arranque de la gestión llaryorista, el oficialismo tuvo que hacer malabares para sacar leyes o impedir proyecto que impulsó la oposición. En varias ocasiones debió desempatar la vicegobernadora Myrian Prunotto.
El gobernador consiguió aprobar todas las leyes que necesitó, incluso las más polémicas, como el aumento de los aportes personales a los empleados públicos, suba de los descuentos para la obra social provincial (Apross) y el diferimiento del cobro de los aumentos por parte de los jubilados provinciales.
A la mayoría legislativa (36 legisladores) que no pudo sacar en las urnas, el oficialismo la obtuvo con acuerdos políticos con sectores que se presentaron como opositores en las elecciones provinciales.
Partido cordobés
Para atenuar la debilidad política que gestó el triunfo ajustado, con una oposición fortalecida, Llaryora enarboló la bandera del “partido cordobés”. Sumó a su gabinete dirigentes radicales, del PRO y vecinalistas.
El primer alivio político en la Legislatura fue sumar a la exmacrista Karina Bruno, como parte de un acuerdo más amplio, que le permitió al jefe político de la legisladora villamariense, Darío Capitani, sentarse en el sillón principal de la Agencia Córdoba Turismo.
Con 34 votos asegurados, los operadores peronistas en el parlamento cordobés encontraron aliados como el libertario Agustín Spacessi y tres radicales (Dante Rossi, Sebastián Peralta y Graciela Bisotto) que se escindieron del bloque de la UCR. No son oficialistas, pero aportan votos en proyectos discutidos. En síntesis, Llaryora ya no sufre tanto en la Legislatura.
Prueba de esto es que en la última sesión del año, el viernes 27 de diciembre, se aprobará por amplia mayoría ficha limpia y el pliego de la radical Jessica Valentini para cubrir la vacante en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
En este último caso, designar a un miembro del TSJ no será con el consenso que esperaba Llaryora. Es que los 18 legisladores del radicalismo rechazarían el nombre propuesto por Llaryora, sumando a los siete juecistas y otros cuatro opositores.
Cambiante relación
Casi desde el inicio de la gestión, Llaryora también tuvo que amoldarse –no sin tropiezos– al ajuste que impulsa el presidente Milei.
El gobernador planificó un modelo de relación parecido al que Juan Schiaretti mantuvo con el kirchnerismo: críticas al poder central, aunque recibiendo fondos nacionales para obras, asistencia social, salud y educación que los K no cortaron a Córdoba, pese a que Schiaretti era el gobernador peronista más crítico.
Milei hizo otra cosa. Fue un candidato presidencial disruptivo y ahora es un Presidente diferente. Hachó (utilizando un término de Schiaretti) todos los recursos discrecionales a las provincias, y también los que estaban garantizados por ley. Por ahora, el Poder Judicial, no hizo nada para la motosierra libertaria del ajuste se amolde a las normas.
Llaryora no lo buscó, pero el 7 de febrero pasado tuvo un inesperado primer round con el Presidente. Desde Israel donde estaba en un viaje oficial, Milei acusó al gobernador cordobés de ser un “gastador serial”.
Lo apuntó –junto al santafesino Maximiliano Pullaro– de ser los supuestos responsables de que se cayera el ambicioso y nada institucional proyecto de Ley Ómnibus.
Fueron varios días de cruces verbales, en los cuales el impulsivo Milei sacó ventaja política, según indicaron las encuestas que contrata el propio Centro Cívico.
La imagen del gobernador cayó 10 puntos en Córdoba, mientras subió la del Presidente.
Siempre atento a las encuestas, Llaryora modificó su estrategia. Dejó de difundir su ambición de dirigente con proyección nacional, priorizó su gestión y buscó otra relación con la Casa Rosada: ahora se muestra dialoguista, aunque marcando diferencias conceptuales e ideológicas, pero sin confrontar con el Presidente.
El cambio de postura de Llaryora, respecto al poder central, también fue por obligación: la Provincia necesitaba el aval de la Nación para tomar deuda en peso para pagar este año vencimientos por más de 400 millones de dólares, con dos compromisos fuertes (más de 150 millones de dólares), en julio y este mes.
El gobernador mantuvo un par de reuniones con Milei, la primera el 25 de mayo pasado, en Córdoba. Aunque el mejor vínculo lo construyó con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y sobre todo, con el ministro de Economía, Luis Caputo.
Este último es el que menos trasciende, pero Caputo colaboró para resolver el problema de los vencimientos en dólares, como lo hizo con la mayoría de los gobernadores, salvo los cristinistas más duros.
Un ministro llayoristas se mostró irónico cuando se le señala que el gobernador le saca rédito a esta postura dialoguista con la Rosada. “Terminaremos el año con 7.000 millones de pesos de la Nación para obras. Migajas con respecto a lo que la Provincia recibió en años anteriores. El aval para tomar deuda para afrontar los compromisos en dólares, fue con casi todos los gobernadores”, argumentan en el Panal.
Lo que viene
Con la aprobación del Presupuesto 2025, Llaryora cree que no tendrá inconvenientes financieros el año que viene, que será electoral.
Deberá enfrentar a la lista libertaria en las elecciones legislativas, para lo cual el gobernador ya tiene una estrategia clara: diferenciarse, sin pelearse con el Presidente.
En lo que va del año, el gobernador dice haber invertido 750 millones de dólares en obras. Está convencido que el año que viene tendrá margen para ejecutar más proyectos.
En los últimos días, el gobernador cortó las cintas de dos obras con las cuales pronostica –optimista– que seguirá trepando en las encuestas: las autovías 38 (Punilla) y Calamuchita.
Fueron proyectos que heredó de la gestión de Schiaretti, con un avance del 50%, Llaryora debió aportar fondos de su gestión para terminarlas. Se sacó la foto, pero invitó también a exfuncionarios schiarettistas.