Si bien desde el Ejecutivo se mostraron optimistas para salir de la discusión de “suma cero”, es decir que si unos ganan eso indica que otros pierden, lo cierto es que la dificultad en el debate sobre la coparticipación con los municipios, radica en encontrar la fórmula capaz de satisfacer necesidades y realidades diversas, pero también, expectativas de proyecciones personales.
La realidad de la frazada corta y la inflexibilidad del déficit fiscal, es una certeza que decretó el “No hay plata” de Javier Milei y a partir de ahí, los artilugios para no perder recursos; o en todo caso, enfrentar mejor la crisis. Y si bien las modificaciones introducidas en el reparto ya generaron malestar, al extremo de la judicialización, la intención del Gobierno es avanzar con nuevos consensos para evitar mayores planteos.
Toda queja es política
Sin embargo, la apuesta parece haber resultado escasa, por ser no vinculante, tanto en resultados como asistencia: 12 de 18 departamentos. Un llamado de atención del que por ahora no hay mayores respuestas que las del ministro de Gobierno, Natalio Mema, al hablar de los “que hacen de la queja una política pública”.
Es que más allá de lo que se presentó como un debate técnico, con diversidad de criterios sobre cómo y cuánto asignar a cada jurisdicción, en realidad se trata de una discusión meramente política en la que cada cual trata de imponer los argumentos que más le favorecen, o las consideraciones que resultan más afines a sus virtudes.
Cantidad de habitantes, extensión territorial, servicios que se prestan, recaudación y gasto, nómina de personal y otros tantas razones -todas válidas-; no son más que el despliegue de una estrategia sobre las fortalezas propias que en otros son debilidades, para con eso, lograr ventajas en la asignación y favorecer sus gestiones.
Y si bien desde el Ejecutivo se mostraron optimistas para salir de la discusión de “suma cero”, es decir que si unos ganan eso indica que otros pierden, lo cierto es que la dificultad radica en encontrar la fórmula capaz de satisfacer necesidades y realidades diversas, pero también, expectativas de proyecciones personales.
Tal vez el ejemplo sea Ulpiano Suárez (Capital), que concentrado en su tarea de construcción de la sucesión en el oficialismo, alentó -con un proyecto propio- el intercambio federal pero introdujo sus propias variables en línea con los planteos de la responsabilidad fiscal que pregona Cornejo. Entre ellas, la disminución del impacto poblacional para premiar la eficiencia en la prestación de servicios, incluso, a habitantes de otras comunas “que triplican la población” (como es su caso); pero también, estímulos a “la generación de recursos propios”, “servicios de calidad” y promoción “de inversiones” para crecer. Todo bajo un esquema de garantía de pisos e incentivos que busca encolumnar a propios y extraños.
Como contrapartida, los caciques de los departamentos más alejados y con mayor superficie, sostienen que ellos tienen un costo extra para llevar servicios a parajes pequeños y que la escasa población implica también menores ingresos. A veces, la ineficiencia es sólo la dificultad de atención, justifican.
Enojados, ausentes y colaborativos
Los faltazos de Esteban Allasino (Luján) y Ricardo Mansur (Rivadavia) eran esperables, ya que ambos tienen interpuesta una demanda ante la Suprema Corte por verse perjudicados en el actual reparto ($ 1.800 millones de pesos por año reclama Luján, -Maipú 800 millones-, mientras que Rivadavia extraña las regalías petroleras). A ello se suma la afirmación de que esa detracción fue para favorecer a bastiones radicales como Godoy Cruz, Guaymallén y Las Heras. Un portazo que también fue la ocasión de diferenciarse de la jugada oficial que busca encauzar las críticas.
No fue el caso del peronismo que en la Legislatura planteó una solución para que los municipios ganen, pero que la Provincia pierda: al elevar la masa coparticipable del 18,8% actual al 21%. Un contraataque expansionista cuando la lógica del Ejecutivo va en la dirección opuesta: que con la misma coparticipación (aunque con variantes en su distribución) sean más eficientes, optimicen servicios, recauden mejor y disminuyan la mora de sus vecinos. Esfuerzo antes que la apertura del grifo para repartir más.
Aún así, dos peronistas también se ausentaron, aunque con justificación: Flor Destéfanis (Santa Rosa) y Omar Félix (San Rafael), de viaje. Sin embargo, las suspicacias estuvieron a la orden del día, aunque otros jefes comunales del PJ hayan acompañado, sin que ya sorprenda la diversidad de criterios entre los compañeros.
Destéfanis busca proyección provincial cuando termine este segundo mandato que transita; Félix es el principal soporte político de su hermano Emir, próximo a asumir la presidencia partidaria con fuertes cuestionamientos al cornejismo y una no descartada posibilidad de competir por la Gobernación.
Sin embargo, ese no fue el camino elegido por el maipucino Matías Stevanato, que pese a su contrariedad, estuvo en el cónclave, tal vez también pensando en su propio crecimiento de cara a 2027. Como Suárez, privilegió las propuestas a la crítica frontal. Ellos también están dando el estirón y entienden que para diferenciarse, todavía hay tiempo.
Claro está, la nota la dieron los dos radicales que se sumaron al lote disconforme: Mario Abed (Junín) y Raúl Rufeil (San Martín). Recientes enconos, como la salida de la Lucha Antigranizo, pueden explicar un desplante que hizo mucho ruido en Casa de Gobierno, aunque en el Este le hayan bajado el tono.
La declamada “eficiencia” parece ser un punto de encuentro posible hacia un nuevo régimen, siempre que la torta se agrande y aparezcan excedentes, a fin de no afectar presupuestos y adecuar las estructuras para no seguir financiando la ineficiencia de algunos (o las aspiraciones de otros). Habrá que ver si eso puede cumplirse o será una promesa más de las tantas incumplidas en los pactos fiscales. La frazada corta es así…
* El autor es periodista y profesor universitario