Según informaron desde la Intendencia de Jáchal, era inconstitucional la ordenanza que sancionó el Concejo Deliberante. Los ediles prometen ahora un episodio judicial.
La argumentación de la norma municipal se sustentaba en el artículo 41 de la Constitución, que establece “el derecho a un ambiente sano, apto para el desarrollo humano y para las actividades productivas sin comprometer a las generaciones futuras”. También recurrió a un pasaje de la Ley Nacional 25688, que en el artículo 8 ampara “la declaración de zona crítica y la protección especial a acuíferos, áreas de importancia hídrica, cuencas o masas de agua por su interés ambiental”. Por último, citaron a la Convención de Derechos Humanos y a los Derechos del Niño, entre otros tratados y normas jurídicas.
El cuerpo pleno de concejales, integrado por Héctor Sánchez, Mariela Mesías, Walter Berón, Sonia Araya, Gema Casas y Felipe Táñez, elevó el proyecto de ordenanza, que terminó siendo aprobado el 2 de septiembre. Detrás de la iniciativa, hubo una solicitud de la Asamblea Jáchal No Se Toca para que generaran mecanismos de protección a la cuenca hídrica de Pampa del Chañar. Ahora los concejales analizan judicializar la decisión del Ejecutivo Municipal.