La Casa Rosada planea centrar la estructura impositiva sobre el IVA y Ganancias junto a otros dos tributos. Además, apunta a eliminar el impuesto al cheque después de la confirmación de la finalización del PAIS en 2025.
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En la actualidad, más del 90% de la recaudación se concentra entre el IVA, Ganancias, Ingresos Brutos -que es de las provincias-, la tasa municipal por Inspección, Seguridad e Higiene (TISH), aportes sociales y derechos de importación y exportación según el último informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).
Es parte de la reestructuración de la recaudación que quiere impulsar el Ejecutivo y de la rediscusión de la coparticipación que busca plantear en el mediano plazo. La mesa técnica de Balcarce 50 trabaja en conjunto con el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, que ofrece caramelos con una etiqueta de “no hay plata” a los funcionarios que lo visitan.
El Gobierno incluyó estos puntos en el Pacto de Mayo que firmó con los gobernadores aliados. Propuso una “reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio” junto a “la rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo actual que padecen las provincias”.
Es por eso que el Ejecutivo disolvió la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y creó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Javier Milei confirmó también la decisión de eliminar las bases de datos de las personas que ingresaron al blanqueo de capitales tras la sanción de la Ley Bases.
La reforma jubilatoria que prepara el Gobierno
La Casa Rosada trabaja también sobre una reforma del sistema previsional. Incluye cambios en regímenes especiales, como el de los diplomáticos y los jueces, y la unificación de la edad jubilatoria de los hombres y las mujeres en 75 años. El régimen general tiene 7.085.877 beneficiarios, que perciben $298.051, y los especiales aplican a 249.892 personas, con un haber promedio de $1.037.372.
La mesa chica de Balcarce 50 sostiene que “el sistema está quebrado” y que “lo que se está evitando ahora es que no colapse”. Argumentan que no es sostenible y apuntan a reducir el número de jubilados. Buscan impulsar antes una nueva reforma laboral para ampliar la formalidad, de forma que haya más aportantes. Quieren además establecer la posibilidad de optar por un sistema jubilatorio privado, como las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP)