La posibilidad de que Livent venda sus derechos sin la participación de la Provincia quedó establecida en la ampliación del contrato de 2017. Previamente, esta posibilidad no estaba.
El diputado provincial y presidente de la UCR, Alfredo Marchioli, ya había expuesto esta situación cuando El Ancasti planteó la duda sobre la participación de la Provincia en la venta, más teniendo en cuenta que Catamarca tiene acciones clase A, dos directores y un síndico en la compañía Minera del Altiplano. “En el contrato original de principios del ‘90 había un acuerdo tripartito: Fabricaciones Militares le cedía a Catamarca, Catamarca le cedía el usufructo a FMC, pero en ningún momento da la autorización de la venta”, dijo el diputado y expresidente del Colegio de Geólogos.
El diputado Mamerto Acuña también planteó que la modificación de 2017 fue perjudicial para Catamarca. En este sentido, Acuña afirmó que la Unión Cívica Radical alertó en su momento sobre los riesgos de modificar el acuerdo original, lo que dio lugar a una situación que permite a la empresa «vender libremente el patrimonio de todos los catamarqueños».
No obstante, el ministro Murúa afirmó que en realidad fue el contrato firmado en 1994 bajo el gobierno del Arnoldo Castillo, donde la Provincia, representada por el vicegobernador de entonces, aceptó la transferencia de los derechos mineros del Proyecto Fénix a Minera del Altiplano S.A. sin costo alguno. Según señaló el ministro, en ese mismo contrato se estableció que las regalías serían la única forma de participación provincial durante la etapa comercial del proyecto, algo que fue aprobado por la Ley Provincial Nº 4780. “Es importante señalar que las condiciones del contrato de 1994, acordadas por el gobierno del Frente Cívico y Social, definieron las limitaciones actuales sobre la participación de la Provincia”, subrayó Murúa