La Nación, la Provincia y los municipios siguen cargando las boletas de luz, agua y gas con tributos (impuestos, tasas y contribuciones) que encarecen notablemente el costo de todos los servicios.
El costo de los servicios públicos representa cada vez más en las economías de las familias. La inflación de los últimos meses pegó muy duro en todos los gastos domésticos a nivel general (alimentos, transporte, ropa), pero mucho más en el precio que se debe pagar por la energía eléctrica, el gas natural y el agua potable. En algunos casos, por el retiro –parcial o completo– de los subsidios nacionales; en otros, por los ajustes que llevaron adelante las empresas concesionarias trasladando sus variaciones de costos.
Según el índice de precios al consumidor de Córdoba (IPC) que releva la Dirección de Estadística y Censos de la Provincia, el ítem “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” aumentó en los últimos 12 meses un 257,9%, un 36% más de lo que subió el nivel general. Incluso notablemente por encima de los alimentos, que aumentaron entre octubre del 2023 y el mes pasado un 168%.
Sabiendo todo esto, la Nación volvió a avanzar la semana pasada con la idea de “limpiar” las boletas de los servicios públicos del “ruido” que hacen estos adicionales que no son parte del servicio propiamente dicho.
Fue a través de la Secretaría de Industria y Comercio nacional, que imputó a un centenar de empresas de todo el país por incluir en sus boletas tasas o cargos no vinculados con su prestación. Entre ellas, 17 firmas y cooperativas que operan en la provincia de Córdoba.
Los “dardos” nacionales, en rigor, apuntan muy especialmente a los municipios del conurbano bonaerense que no están bajo el control de aliados del color político del Gobierno de Javier Milei. Por la “motosierra”, algunos de los “barones” inyectaron una variedad de tasas municipales a los servicios para compensar la caída en sus recaudaciones.
Indirectamente, las imputaciones pegaron en empresas de Córdoba, donde en la mayoría de los casos ya no tienen tasas o contribuciones no relacionadas con el servicio (Ecogas las terminó de limpiar el mes pasado). Entre otras cuestiones jurisdiccionales, eso es lo que responderán administrativamente al organismo nacional.
Igual, las boletas siguen “infladas”
Pero el importe final de las boletas llama la atención: aunque no ya tienen los “ítems prohibidos” (cementerio, telefonía, impuesto al fuego), todas, sin excepción, se ven recargadas por impuestos, fondos y tasas (nacionales, provinciales y municipales) que en algunos casos implican diferencias por encima del 40%.
Por caso, una boleta de Aguas Cordobesas que podría costar $ 12.726, se eleva a $ 18.097 (42% más) por IVA, Ingresos Brutos, una tasa para sostener el Ersep y la contribución municipal que la Ciudad de Córdoba recauda para un fondo.
Explicado al revés, una factura mensual de agua podría costar un 30% menos, las dos terceras partes de lo que hoy totaliza, si el usuario no se viera obligado a pagar todos esos adicionales para que no le corten el agua.
¿Quién se lleva esa plata? Un poco cada jurisdicción. La Nación cobra el IVA, el máximo que puede (21%). En la boleta de Aguas Cordobesas del ejemplo, más de $ 2.600. La Provincia también recauda con Ingresos Brutos. Es un 4% sobre el neto del servicio que hasta el año pasado no existía. Comenzó a cobrarse desde que llegó la actual administración de Martín Llaryora, confirmaron desde la empresa.
Además, la Provincia se beneficia indirectamente del cobro del IVA, ya que una parte es distribuida por la Nación por coparticipación. A su vez, el Centro Cívico lo reparte entre los municipios y comunas. Todos ganan con el IVA.
Para sostener el Ersep, a la boleta de agua se le adiciona también un 1,2%, y la Municipalidad de Córdoba recibe un jugoso 16% por el CFIS, el fondo creado en 2022 por la Ley provincial N°10678. Es un aporte obligatorio para el financiamiento de infraestructura sanitaria.
Está destinado a la financiación y ejecución de obras –nuevas y preexistentes– de infraestructura e inversiones vinculadas –directa e indirectamente– a la prestación del servicio de agua potable. También abarca, dice la norma que lo creó, “obras hídricas que permitan garantizar el suministro del servicio en el ámbito de la ciudad de Córdoba”.
En relación con la intimación de la Secretaría de Comercio, la firma ya la recibió y los asesores legales la están analizando para ver cómo deben seguir facturando, si es que debieran hacer cambios.
Luces y sombras
La boleta de Epec se encarece más allá del servicio por varios motivos. Primero, por el IVA. Como el agua, la luz también tiene el recargo del 21% que se lleva la Nación, la misma jurisdicción que les reclama a los otros estamentos del Estado que no distorsionen con adicionales el valor real de los servicios.
En paralelo, sigue vigente el Fondo para el Desarrollo Energético Provincial (Fodep), del que Epec es agente de percepción de la Provincia y supone un 10% más (en las demandas de media tensión, utilizada en compras mayoristas, es del 6,5%). En las áreas atendidas por Epec, el fondo fue creado en 2019, pero en el interior servido por las cooperativas, debutó en 2024 y generó quejas. Originalmente era del 5% para todos, pero en 2021, por la Ley Nº 10.789 (modificaciones el código tributario), se estableció que el Poder Ejecutivo estaba facultado a elevarlo hasta el 10%. Y así lo hizo.
No es un ingreso menor, para diciembre, el Gobierno espera haber recaudado por el Fodep $ 74 mil millones, un 50% más de lo que lleva ingresado hasta octubre el fisco provincial por el Impuesto a los Automotores.
En la boleta de Epec también se incluye un 0,4% para el funcionamiento del Ersep y otro 0,1% como Tasa de Seguridad Eléctrica, instituido por ley con el propósito de capacitar a los instaladores y electricistas matriculados.
También impacta la ordenanza impositiva municipal (OIM), que en el caso de Córdoba capital le agrega a la boleta un 10%. Se utiliza para pagar el alumbrado y la iluminación de los edificios públicos. El 10% es el máximo para urbes de más de 50 mil habitantes. Las más chicas pueden cobrar hasta el 15%.
Por ejemplo, una boleta mensual de $ 76.769 por impacto de las tasas, fondos e impuestos nacionales, provinciales y municipales, podría ser de $ 53.253 si sólo se pagara por el servicio de luz, un 30% menos.
La boleta del gas tiene hasta el “impuesto al cheque”
Las boletas del gas natural son más complejas en cuanto a agregados de impuestos, tasas y fondos. Este servicio, que en Córdoba presta Distribuidora de Gas del Centro (Ecogas), no está controlado por el Ersep provincial sino por el Enargas, organismo que depende de la Nación.
En volumen, la boleta de Ecogas es la menos carga impositiva tiene. El 65,8% del total corresponde al servicio propiamente dicho y el resto a distintos tributos. En el caso del agua, el servicio implica el 57,8% del total y, en la luz, el 58,5%.
El cargo más relevante es el IVA (21%) que recauda la Nación. También es agente de percepción de Ingresos Brutos provincial. Sin embargo, el importe final se ve encarecido por varios otros ítems, algunos muy particulares.
Uno es el Impuesto a los Débitos y Créditos, el tristemente célebre “impuesto al cheque” instituido en 2001 como parte del paquete económico de ajuste del exministro de Economía Domingo Cavallo, durante el gobierno de Fernando de la Rúa. Iba a durar un año, pero nunca se quitó. Lo deberían pagar las concesionarias, pero en 2002, por una resolución del Enargas, el Gobierno de Eduardo Duhalde autorizó a las empresas a trasladarlo a los usuarios por “el mayor costo derivado”.
Otro de los ítems en la boleta del gas es el traslado de la contribución Comercio e Industria, una tasa municipal que la concesionaria está autorizada a trasladar a la tarifa. La pagan los usuarios desde el 2023.
Hay otro cargo nacional, el llamado “Fondo fiduciario para subsidios de gas” (artículo 75, Ley Nº 25.565), que financia los aportes estatales a los consumos residenciales de gas por redes y a la compra de garrafas para uso domiciliario. Los beneficiarios eran originalmente los usuarios de las provincias patagónicas, del sur de Mendoza y la región del noroeste argentino considerado como la Puna. Durante la presidencia de Alberto Fernández, se sumó parte de la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, y casi la totalidad de San Luis. En el caso de Ecogas, le agrega un 5,64% más a las boletas.
Lo paradójico en este caso es que los usuarios de gas de los departamentos del centro y sur de Córdoba, uno de los grupos beneficiados con la rebaja por “zona fría”, al mismo tiempo, pagan el subsidio que luego se usa para compensar a las empresas para que estas apliquen los descuentos.
Una boleta de gas mensual que un usuario pagó por $ 15.238, sin los recargos de todas las jurisdicciones, podría haber sido de $ 11.374, un 25% más barata