En el Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete varios funcionarios tienen participaciones en empresas de los sectores que ellos mismos deben regular.
Escrito por Noelia Barral Grigera
En un gabinete concentrado y cambiante como el de Javier Milei, dos áreas han ganado poder de decisión por sobre el resto en los últimos meses: el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, y la Jefatura de Gabinete, en manos de Guillermo Francos. Paradójicamente esas son, a la vez, las áreas más expuestas a los conflictos de intereses del actual gabinete nacional, según el último informe del Observatorio de las Elites que Cenital adelantó en exclusiva y que fue publicado este martes. En ambas dependencias, el entrecruzamiento de intereses más explícito se da en las áreas de energía, minería, economía del conocimiento, producción agropecuaria y consultoría. Los funcionarios que deben regular estos mercados desde la gestión tienen, a la vez, intereses particulares en empresas vinculadas a esos negocios.
Economía
Según el relevamiento, circunscripto a la foto del gabinete al mes de mayo, “el Ministerio de Economía tiene la mayor cantidad de funcionarios que registran participación en sociedades comerciales en todo el gabinete (23 de 55) de los cuales más de la mitad son o fueron recientemente directivos de empresas del sector de actividad de incumbencia de la función pública que ejercen”. El informe, coordinado por la exsecretaria de Gestión y Empleo Público Ana Castellani, resalta el hecho de que el propio ministro Caputo aparezca en los registros de la Inspección General de Justicia (IGJ) con participaciones en la dirección de firmas de servicios financieros a las que debe regular o con las que debe contratar servicios desde su gestión.
Ante el dinamismo de muchas de estas participaciones y nombramientos, el informe contiene una salvedad importante: “Aunque todos los datos registrados en la base de la Inspección General de Justicia estuvieran desactualizados y efectivamente los funcionarios hubieran renunciado a sus participaciones en empresas privadas antes de asumir la función pública, igualmente los riesgos de conflictos de intereses están dados por el hecho de que los funcionarios vienen de desempeñar recientemente puestos de dirección en el sector privado, son casos concretos de puerta giratoria de entrada”. Por ello, el estudio también resalta la misma particularidad que le cabe a Caputo para funcionarios de la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía. Tanto el secretario, José García Hamilton, como el subsecretario Legal, Alejandro Speroni, tienen participación en la dirección de empresas que encierran potenciales conflictos de intereses. García Hamilton, según la IGJ, es parte de cuatro empresas del rubro tecnológico y de servicios inmobiliarios y financieros. Dos de ellas están radicadas en el exterior y el funcionario figura como representante. Mientras que Speroni tiene participaciones en dos firmas del sector financiero.
El informe, titulado “Funcionarios públicos, intereses privados. Análisis de la participación en sociedades comerciales y asociaciones empresariales del gabinete nacional”, señala con especial énfasis que el Ministerio de Economía, en el actual diseño del gabinete nacional, tiene “la capacidad de influir en prácticamente todos los aspectos de la vida pública y económica del país, desde la macroeconomía hasta la administración diaria de políticas públicas”. Y es que la gestión libertaria no solo le asignó a Caputo responsabilidades en la formulación y ejecución de políticas económicas, la gestión de las finanzas públicas y la regulación del sistema financiero; sino que también le dio incumbencias sobre transporte, infraestructura, obras públicas y actividades productivas como agro, industria, comercio, servicios y telecomunicaciones. Es por eso que el estudio publicado por el Observatorio del CITRA (UMET — CONICET) advierte que, en el caso de la cartera que conduce Caputo, “el entrecruzamiento de intereses más explícito se da en cuatro áreas del Ministerio que están a cargo de funcionarios directamente vinculados a empresas privadas del sector: energía, minería, economía del conocimiento y producción agropecuaria”.
Energía
En el área de energía, por ejemplo, tres subsecretarios tienen participación en empresas del sector: el de Energía Eléctrica, Damián Sanfilippo, como autoridad en cinco sociedades anónimas del sector; el de Combustibles Líquidos, Luis De Ridder, como autoridad en dos empresas ligadas al transporte de hidrocarburos; y la de Transición y Planeamiento Estratégico, Mariela Beljansky, como autoridad de una sociedad anónima de bioenergía y como propietaria de Desarrollos Eco-Energeticos SRL. Mientras que en la Secretaría de Minería, tanto su titular, Luis Lucero, como el subsecretario de Política Minera, Carlos Cuburu, tienen participaciones como autoridades en empresas del sector. El caso de Lucero ya fue destacado por Cenital. Cuburu, en tanto, tiene participaciones en Minera Calcatreu S.A.U. Mientras que en el área de economía del conocimiento, aparecen con potenciales conflictos de intereses los subsecretarios Pablo Gutiérrez Oyhanarte (por su participación en Sandbox INC) y Santiago Pordelanne (Equifax Argentina S.A. y Accenture) y en el área de producción, los secretarios Juan Pazo y Sergio Iraeta y el subsecretario de gestión productiva Javier Cardini, con participación en empresas diversas, especialmente agropecuarias y tecnológicas. Pazo, por caso, estuvo la semana pasada en China buscando inversiones en litio y en infraestructura, como contó Esteban Rafele. Dos sectores en los que sus compañeros de gabinete tienen participación desde el sector privado.
El Observatorio se pregunta, a raíz de estos hallazgos, si el Ministerio de Economía se convirtió “en un coto de caza privilegiado para ciertos intereses económicos privados”. Remarca en ese contexto la existencia de tensiones entre las obligaciones públicas y los intereses privados de los funcionarios, lo que –siguiendo la definición de la OCDE– se convierte en un conflicto “cuando estos intereses pueden tener la capacidad para influir impropiamente en el desempeño de sus actividades como servidor público”. El informe destaca que “el hecho de que (los funcionarios) hayan formado parte de esas empresas y ahora desempeñen cargos de gabinete plantea un gran riesgo de captura de la decisión pública, porque tienen acceso a información privilegiada y en muchos casos tienen que regular el funcionamiento del sector en el que tienen o tuvieron, muy recientemente, intereses privados”.
Jefatura de Gabinete
El estudio analiza también los conflictos de intereses que cruzan a la Jefatura de Gabinete que, no solo lleva adelante la coordinación de las políticas públicas y la relación con el Poder Legislativo, sino que, además, al absorber las funciones del ex Ministerio del Interior, maneja las relaciones con las provincias y el control de organismos muy relevantes como el Registro Nacional de las Personas y Migraciones; mientras tiene a su cargo la administración de bienes del Estado y algunas empresas públicas. Para esta dependencia, el análisis revela que “los sectores de tecnología y servicios consultoría son los más predominantes entre los funcionarios, seguidos por energía e hidrocarburos y comercialización”.
Tecnología
Las vinculaciones de funcionarios con el sector tecnológico han ido incrementándose en los últimos meses. Este martes, por caso, uno de los empresarios más visibles de ese área, Alejando Oxenford, fue designado por Milei como embajador argentino en Estados Unidos. Creador de OLX y DeRemate.com, el ahora diplomático venía colaborando como asesor económico del presidente, bajo la conducción de Demian Reidel. Milei anota así un funcionario más con intereses muy fuertes en el sector privado que incorpora un casillero más a los conflictos de intereses que cruzan a su equipo de gobierno.
Noelia Barral Grigera